Junta de Andalucía y Gobierno se citan para desbloquear el derribo del hotel del Algarrobico

Las dos administraciones mantienen un encuentro telemático para "analizar la situación tras la declaración de utilidad pública de los terrenos"

La Junta se reunió la semana pasada con el alcalde de Carboneras para trasladarle las novedades sobre la situación del inmueble

La Junta de Andalucía tiene todo el suelo donde se asienta el hotel del Algarrobico

El Imagen del polémico hotel en la playa de Carboneras.
El Imagen del polémico hotel en la playa de Carboneras. / Carlos Barba / EFE
Óscar Lezameta

04 de marzo 2025 - 07:00

Hasta hace unas semanas, una reunión de la comisión mixta de seguimiento del estado en el que se encuentra el hotel del Algarrobico, no pasaba de ser un asunto meramente formal. Desde que la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, anunciara su intención de declarar de utilidad pública los terrenos en los que se asienta y de anunciar que en cinco meses se podría iniciar la demolición del inmueble, la situación adquiere una trascendencia real. Tanto como para que el Consejo de Gobierno celebrado el pasado día 18 de febrero, anunciara la celebración de una reunión que tendrá lugar en la mañana de hoy.

Según pudo conocer este periódico, el encuentro será mediante una videoconferencia en la que tomarán parte el viceconsejera de Sostenibilidad,SergioArjona; el viceconsejero de Fomento, Marío Muñoz-Atanet; la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís; la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez Parrado; el responsable de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Sostenibilidad, Guillermo Alameda, los letrados de la Junta y por parte del Gobierno central, la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro.

Las mismas fuentes aseguraron de que en el encuentro se analizará “la situación tras la declaración de utilidad pública de los terrenos del hotel del Algarrobico por parte del Consejo de Ministros el 11 de febrero”. También se actualizará la “composición de la comisión”, aunque se descarta por el momento la incorporación a la misma del Ayuntamiento de Carboneras, tal y como apuntó la portavoz de la Junta, Carolina España al término del Consejo de Gobierno del 18 de febrero.

De hecho, este periódico pudo confirmar que la intención de la Junta es incluir al Consistorio almeriense en las decisiones que se alcancen en este organismo. De hecho, representantes del Ejecutivo andaluz, mantuvieron un encuentro con el alcalde de la localidad, Salvador Hernández, en las que se le expusieron todas las novedades sobre la situación del polémico hotel.

Por parte del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) la intención a la que ha tenido acceso este periódico, apunta a que “se agilicen los plazos lo máximo posible para que se proceda a la demolición del hotel en el periodo más rápido posible”, con lo que siguen en pie las pretensiones tanto de María Jesús Montero como de la ministra Sara Aagesen que se dieron 5 meses para llevarla a cabo.

Hay que recordar que la comisión mixta se creó después de que en 2011 ambas administraciones se comprometieron a un seguimiento anual del estado del hotel. Su presidencia se alterna anualmente y hasta esta misma semana corresponde a la Junta de Andalucía.

La principal novedad sobre un asunto que se eterniza en distintos órganos judiciales, reside en la intención anunciada por el Gobierno central de expropiar unos terrenos sobre los que pesa un derecho de retracto a la espera de que, mediante un pleito de naturaleza civil, pueda acceder a una propiedad que tiene reconocida de facto desde el año 2016 al rechazar el recurso de la promotora del hotel,Azata del Sol, sobre dicho retracto.

Mientras que la intención del Miteco es la de acelerar lo máximo que permitan los procedimientos legales la demolición del hotel, la Junta sigue depositando todas sus esperanzas en el Ayuntamiento de Carboneras, ya que considera que la única forma de proceder a su derribo, es la nulidad de la licencia de obras. No obstante, la posición municipal se ve mediatizada por la amenaza de una indemnización por parte de la promotora, algo que le endeudaría durante años.

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