La Junta de Andalucía tiene todo el suelo donde se asienta el hotel del Algarrobico

El anuncio de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que refrendó al día siguiente la titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, acerca de que el Gobierno iniciará un expediente de expropiación de los terrenos en los que se asienta el hotel del Algarrobico en la localidad almeriense de Carboneras, se puede haber encontrado con una imposibilidad material de llevarlo a cabo. Tal y como ha podido confirmar este periódico de fuentes conocedoras del caso del polémico inmueble, la totalidad del suelo en el que se asienta es propiedad de la Junta de Andalucía.

En concreto, es así desde que la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictara una sentencia en 2016 en la que se rechazaba el recurso de la empresa promotora del hotel, Azata del Sol, contra una resolución de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta “por la que se acordaba la adquisición de los terrenos sobre los que se asiente el hotel del Algarrobico a la mercantil propietaria mediante el ejercicio del derecho de retracto”. La sentencia es firme desde entonces y el Gobierno autonómico entonces presidido por Manuel Chaves y con José Fiscal como responsable de la Consejería, consignó la cantidad de 2.313.896,61 euros como precio por dichos terrenos. Por lo tanto, la única posibilidad que tiene el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) es expropiar a administración autonómica, o bien replantearse su estrategia en este proyecto.

La sentencia añade que “acuerda designar al delegado provincial de la Consejería en Almería, para que en nombre de la misma formalice las escrituras de compraventa o, en su defecto, actas de pago y ocupación y demás documentación necesaria hasta la total inscripción de las cinco fincas que componen los sectores ST1 y ST2 en los registros mercantiles”.

La sentencia añade también que “sobre la intención varias veces manifestada por los representantes de la administración de restaurar dichos terrenos a su estado primitivo, es una cuestión que se suscitará con posterioridad y a resultas de dicho derecho de retracto”.

Las mismas fuentes confirmaron que lo único que podría reclamar la empresa constructora es un pago por las instalaciones del hotel, las únicas que son de su propiedad, toda vez que el suelo en el que se asienta es, por completo de la Junta. A ésta, lo queda reclamar la ejecución del mismo, algo que pasa por un pleito de naturaleza civil que se resolvería, “en cuestión de meses, ya que el dinero sigue depositado en una entidad bancaria dispuesto para hacerse efectivo, tan pronto como se decida la posesión de esos terrenos”. Dicho de otra manera, la Junta tiene la propiedad completa de los suelos donde se asienta el hotel, pero no su posesión.

La pregunta que queda por contestar es determinar la razón por la que la administración autonómica no ha hecho efectivo este derecho de retracto desde hace justamente ocho años, algo que desde la Junta no han podido contestar.

Fuentes del Miteco, recordaron a este periódico que “el edificio está fuera del dominio público marítimo terrestre estatal y ocupa parcialmente la servidumbre de protección que en este tramo se fijó en 100 metros, todo ello de acuerdo con la resolución de 2005 de aprobación del deslinde de esa zona, firme desde 2012, año en el que esa resolución fue confirmada por sentencia del Supremo. Cabe recordar que la Ley de Costas 2/1988 de 28 de julio establece desde su redacción original en el año 1988, que la servidumbre de protección recaerá con carácter general sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. Esta zona podría haberse reducido a 20 metros en virtud de la clasificación del suelo vigente a la entrada en vigor de la Ley de Costas o ampliado a 200 metros por acuerdo de las administraciones estatal, autonómica y local. En este caso, el deslinde de 2005 estableció la servidumbre de la anchura general a 100 metros. En la servidumbre de protección está prohibida la construcción de edificaciones destinadas a la residencia o a habitación según la Ley de Costas (artículo 25)”.

En cualquier caso, se sigue manteniendo que estamos ante “una propiedad privada” (supuestamente de la promotora Azata”, toda vez que “la Junta de Andalucía no ejerció el derecho de retracto”. De esta manera, el Miteco se añade que otra parte del terreno “se sitúa fuera de la servidumbre de protección”, por lo que quisieron hacer un “llamamiento a la Junta y que se ocupe de la parte del edificio que ocupa el Parque Natural”. Es decir, se mantiene lo sostenido por Montero el pasado lunes, es decir que el Gobierno es propietario del 40% de los terrenos, mientras que la Junta tiene el otro 60%, algo que, desde la confirmación del derecho de retracto, ha variado de manera ostensible.

Fuentes de la empresa promotora, Azata, consultadas por este periódico, confirmaron que “sobre este asunto no tenemos nada que comentar”, algo que puede abundar en que ya no es propietaria de los terrenos en los que se asienta el hotel en la costa almeriense.

“Revisar la licencia puede llevar 6 meses o 3 años”

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Ciudadanos) confirmó a este periódico a lo largo del día de ayer que “desde el Ayuntamiento somos lo más diligentes que podemos con nuestras limitaciones de personal, para dar cumplimiento a todas las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”. Hacía referencia a la providencia dictada por el alto tribunal andaluz en la que se le solicitaba que procediera a la revisión de la licencia de obras concedida en el año 2003 a Azata para las obras del hotel en el paraje del Algarrobico perteneciente a su término municipal. El regidor recordó que “tanto las plazas de arquitecto como de secretario del Ayuntamiento no están cubiertas” y ambas se comparten con los municipios de Garrucha y Níjar respectivamente. La primera de ellas “se recuperará el próximo mes de marzo y su participación es necesaria para poder revisar la licencia tal y como nos ordena el TSJA”.

Hernández añadió que “se trata de un procedimiento complejo en el que hay que abrir un periodo de alegaciones y dar a las partes la oportunidad de manifestar lo que consideren oportuno al resultar afectadas por la revisión, por lo que no se sabe cuánto tiempo puede tardar en estar finalizado”. “Pueden ser seis meses o tres años”, añadió el primer edil. El alcalde también recordó como “nadie se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento desde que la ministra de Hacienda llegó frente al hotel e hiciera ese brindis al sol. Dentro de cinco meses, el hotel seguirá ahí”.