La Junta considera inviable hacerse con el suelo del hotel del Algarrobico

El derecho de retracto que la Junta de Andalucía tiene reconocido por los tribunales sobre el hotel que se levanta en la playa del Algarrobico en Carboneras es “inejecutable”. Así lo trasladaron a este periódico fuentes de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. El Ejecutivo autonómico también reconoce que no ha acudido a la vía de la jurisdicción civil como así lo reconocía el tribunal de lo contencioso al que recurrió para hacer valer su derecho de retracto. Por su parte, José Ignacio Domínguez el abogado que interpuso la primera denuncia contra la edificación del inmueble, aseguró que “todo son disculpas. La Junta no quiere derribar el hotel porque no quieren pagar una indemnización a Azata por los permisos que le dieron”.

El 12 de septiembre de 2014 un notario de Almería esperaba a los representantes de la Junta de Andalucía y de la promotora Azata del Sol para que éstos últimos entregaran las escrituras de los suelos donde se asienta el hotel. Nunca se presentaron. Había esperándoles 2.313.896,61 euros en la cuenta de depósitos de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía en Almería por un pago que nunca se ha realizado. Se trataba de cumplir una sentencia del Supremo (de 10 febrero 2016) que consideró conforme a derecho el ejercicio del derecho de retracto por parte de la Junta sobre dichos terrenos. Azata había recurrido un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el mismo sentido. Perdió la promotora , por lo que todo se encaminaba a que la Junta se hiciera cargo de los terrenos.

Para hacerlo, presentó un requerimiento ante un tribunal de lo contencioso. El fallo de éste, que engorda los más de medio centenar que se han dictado en los últimos veinte años, señalaba por un lado que la Junta debía haber recurrido a la jurisdicción civil para reclamar las escrituras y tomar posesión del terreno. Nunca lo ha hecho. O no ha querido hacerlo. La Junta ha reconocido a este periódico que “se han planteado problemas de todo tipo cuando se ha pretendido ejecutar la resolución que acordó el retracto, confirmada judicialmente”.

Desde la Consejería responsable de hacerla efectiva, confirman que “se intentó la ejecución del retracto, pero al acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa no se consiguió que avalara dicha ejecución”. Al intentar la inscripción en el Registro de la Propiedad, el responsable del mismo “entendió que no podía inscribirse por la falta de acuerdo con Azata y que sólo podía solventarse acudiendo la Administración a los tribunales del orden jurisdiccional civil”. Según los juristas consultados por este periódico, es esta jurisdicción la que daría la razón a la Junta “en cuestión de meses” y que no sería otra salvo “el requerimiento de entrega de las escrituras de propiedad”.

Desde la Consejería se añade que “otra de las causas es que en las resoluciones judiciales recaídas cuando se intentó la ejecución del acto administrativo, ya se ponía de manifiesto que no existía identidad entre las fincas sobre las que recayó el retracto y las fincas registrales actualmente existentes. Esto es así porque con posterioridad al retracto, como consecuencia de la ejecución urbanística y de la reparcelación y posterior aprobación e inscripción registral del proyecto de compensación habían surgido nuevas fincas registrales que no coincidían. A esta circunstancia se refirió también el registrador para denegar la inscripción”. No obstante, en la resolución del derecho de retracto que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 21 de agosto de 2014 se dice textualmente: “se recuerda la imposibilidad de ejecutar cualquier acto que suponga la transformación de las fincas citadas, sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse en protección de los intereses de Andalucía”.

Para el letrado José Ignacio Domínguez, “si se han hecho segregaciones o agregaciones es muy sencillo resolverlo.Tan solo es necesario acudir al Registro de la Propiedad y hacer un seguimiento de la modificación de las fincas”.

La Junta señala también que “la última razón es que el retracto era sobre el suelo, pero no sobre el vuelo que era la edificación. Las resoluciones judiciales que no avalaron la ejecución forzosa de la resolución que acordaba el retracto se refirieron también a esta circunstancia, lo que constituye un obstáculo adicional para el ejercicio del retracto”.

De nuevo Domínguez aclara que “es evidente que el hotel no está incluido, puesto que el ejercicio del derecho de retracto es sobre la venta de las fincas y el hotel no existía entonces”. El letrado recuerda que en el derecho civil “existe un principio que es el de accesión y todo aquel que construye en terreno ajeno sabe que no es de su propiedad. Si construye con mala fe –que no es el caso puesto cuando se construyó el hotel, los terrenos no eran de la Junta– todo lo edificado pasa a ser propiedad del dueño del terreno. Si se construye de buena fe –como es el caso– el propietario del terreno tiene derecho a acceder a la propiedad de todo lo que se construya en su terreno, pagando la indemnización correspondiente”.

Como conclusión la Junta reconoce que “dispone de un acto administrativo cuya conformidad a Derecho se ha confirmado judicialmente, pero es inejecutable”. Para el abogado que colabora con colectivos ecologistas, “todo son disculpas. El Tribunal Supremo les dijo que tenían que ir a un pleito civil para obligar a Azata que les entregase las fincas. No quieren derribar el Hotel porque no quieren pagar indemnización a la promotora por los permisos que le dieron y por la manipulación de la planimetría”.

Quedan abiertas dos vías para la demolición del hotel. La primera es confiar en que el Ayuntamiento de Carboneras anule la licencia. Esta parece casi cerrada por la cerrazón del equipo de Gobierno en ponerse a la tarea. Tres años después de que se lo ordenara el TSJA, aún no ha empezado. La segunda es la de la expropiación de los terrenos iniciada por el Gobierno central y que esta semana ha entrado en la declaración de utilidad pública. Su camino es incierto, ya que se corre el riesgo de volver a judicializar todo el proceso y extender más los 20 años que lleva abierto.