La Junta de Andalucía da de baja casi 100 pisos turísticos en Huelva

La Junta de Andalucía ya ha dado de baja un total de 2.010 viviendas turísticas, 87 de ellas en Huelva.

La medida ha alcanzado a todas las provincias andaluzas salvo a Málaga, y se lleva a cabo porque estos pisos no cumplen con los requisitos establecidos en el Registro Oficial de Viviendas Turísticas vigente que se aprobó en febrero de 2024 y que está en vigor.

La Junta ha dado de baja 721 viviendas turísticas en Sevilla, otras 617 de las ciudad de Cádiz, 316 en Granada, 140 en Almería, 87 en Huelva, 79 en Jaén y 50 en Córdoba siguiendo las demandas que los ayuntamientos le habían presentado porque consideraban que estos pisos no cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento que el Gobierno andaluz aprobó el pasado mes de febrero y que está en vigor.

Eso significa que estos pisos no podrán anunciarse en las plataformas de reserva online habituales ya que pasan a ser ilegales. Asimismo, está previsto un plan de inspección por parte de la administración autonómica para verificar que estas viviendas no mantienen este tipo de uso.

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado que la Consejería de Fomento está manteniendo reuniones periódicas con los municipios para poner en marcha este plan de inspección y verificar que quienes están explotando viviendas turísticas tras una declaración responsable, cumplen con todos los requisitos legales.

Viviendas turísticas en Huelva

Según los últimos datos, la provincia de Huelva contaba con hasta 3.101 viviendas que han sido registradas como alojamientos con fines turísticos, alcanzando así las 16.638 plazas turísticas, según la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.

La capital onubense solo contabilizaba 137 viviendas con fines turísticos registradas. Esta cifra contrasta con las 208 que se registran, por ejemplo, en un municipio costero como Punta Umbría, donde las plazas se sitúan en 1.248.

En el cómputo autonómico, Andalucía contaba en mayo de 2024 con 125.735 establecimientos, por lo que la provincia de Huelva supone el 2,46% del total autonómico.

Cartaya cuenta con 321 establecimientos y 1.890 plazas; Lepe contabiliza 326 establecimientos y 1.784 plazas; Isla Cristina tiene 499 establecimientos y 2.737 plazas; y Almonte dispone de 212 establecimientos y 1.282 plazas. Resulta llamativo el caso de otra localidad costera como Ayamonte, donde se contabilizan 1.232 y 6.117 plazas, siendo destacable la alta cifra dada su situación estratégica como municipio costero, fronterizo con Portugal y con un potente patrimonio.

Reacciones de los ayuntamientos

El Ayuntamiento de Sevilla había pedido a la Junta de Andalucía que borre del Registro oficial un total de 715 Viviendas de Uso Turístico (VUT) que fueron inscritas con posterioridad a la modificación puntual 44 del PGOU, que entró en vigor el pasado 7 de junio de 2022.

Según este cambio, este tipo de vivienda pasan a considerarse como de uso terciario (es decir, económico), y como tal, estarán sometidas a las limitaciones que para su implantación establece el artículo 6.2.4 de la normativa urbanística.

En el mismo sentido había actuado el alcalde de Cádiz, Bruno García, quien había reclamado a la Junta que diera de baja los inmuebles que no cumplían los requisitos legales.

García ha anunciado, además, que ha decidido frenar el uso turístico de viviendas en el casco histórico de la ciudad y que va a poner en marcha una campaña de control de VFT ilegales que se va a realizar conjuntamente con la Junta de Andalucía.

De hecho, ha reconocido el alcalde que aún están estudiando qué sanciones imponer a esas viviendas que se localicen que están siendo usadas con fines turísticos sin estar registradas para ello.

Y en tercer lugar, ha avanzado el alcalde la decisión de abrir "un canal de denuncias de los ciudadanos" en relación a estas viviendas de uso turístico.

Para dar de alta un vivienda turística en Andalucía, los propietarios deben darse de alta en el registro autonómico firmando una declaración responsable al efecto.

A partir de ahí pueden comenzar a operar en las plataformas de alquiler de estas viviendas hasta que el ayuntamiento localiza el incumplimiento y solicita a la Junta la baja de esos pisos turísticos.