Un juzgado de Sevilla investiga las ayudas de la Junta de Andalucía a José Manuel Soto: "Jamás me he quedado con un duro de nadie"

El Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla ha abierto diligencias a raíz de la denuncia por las ayudas otorgadas desde la Junta al proyecto 'Senderos del Rocío' del cantante José Manuel Soto, y ha pedido a la administración autonómica que le informe sobre el cumplimiento y el desarrollo del contrato.

En un auto fechado este pasado viernes, del que han informado este miércoles a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha adelantado la Ser, el juzgado instructor pide a la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior que le remita informe sobre si se ha procedido a la revisión de oficio del contrato y, en tal caso, remita la resolución adoptada.

El juzgado sevillano también reclama información sobre si se ha cumplido con lo estipulado, qué cuantías fueron abonadas, el destinatario de las mismas y cuál fue la partida presupuestaria habilitante.

La investigación judicial tiene su origen en la denuncia, formalizada la semana pasada por representantes de Por Andalucía y Podemos y a la que entonces tuvo acceso Efe, en la que se apuntaba como posibles responsables a los órganos de contratación de la Junta y a responsables políticos del Gobierno andaluz.

Tal denuncia se produjo después de que la Oficina Andaluza Antifraude instara a la Consejería implicada a revisar de oficio el contrato menor por valor de 15.000 euros -IVA incluido- con el cantante José Manuel Soto para la creación de la fundación 'Senderos del Rocío', en el que apreciaba indicios de "nulidad".

Posible relevancia penal

La denuncia del grupo parlamentario Por Andalucía añadía que habría que fijar la eventual responsabilidad penal y civil en la que pudieran incurrir el empresario, la empresa, la entidad y sus representantes legales beneficiarios de las actuaciones denunciadas.

Los hechos descritos en la denuncia, según Por Andalucía, presentan "evidentes indicios de conducta criminal" tipificados en el Código Penal, por posible prevaricación y malversación, por un contrato "manifiestamente ilegal y arbitrario" ante la "evidente carencia de solvencia técnica".

También concurren, a juicio de la parte denunciante, indicios de comisión de un delito de aprovechamiento de funciones, ya que la adjudicación del contrato se habría hecho "en un contexto de influencia indebida y favorecimiento personal".

Respuesta de José Manuel Soto

A través de sus redes sociales, el cantante ha publicado un comunicado titulado 'El chiringuito del Soto' en el que ha acusado a los que denomina "voceros de la izquierda" de "esparcir bulos" sobre él con la intención de difamarlo y manchar su nombre por un supuesto trato de favor con enriquecimiento ilícito.

"Gente mal informada y malintencionada que ven en mí una oportunidad para desgastar al Gobierno del presidente (Juanma) Moreno, cuyo apoyo ha sido básico para este incipiente proyecto", indica el artista.

"Dicen que soy un peligroso fascista y que tengo que recurrir a este tipo de argucias porque soy un artista fracasado", indica Soto, quien enumera a lo largo de once puntos sus explicaciones y aclara que, después de más de 40 años de profesión, "jamás" se ha quedado "con un duro de nadie".

"No necesito recurrir a favores políticos para vivir ni para ganar un protagonismo social que nunca me interesó", señala el artista, que considera que haberse posicionado públicamente en contra del 'sanchismo' le ha traído "problemas en forma de vetos, cancelaciones e inspecciones múltiples" de los que no se queja y asume "como parte del juego".

Soto recalca que no ha montado "ningún chiringuito" y que creó una fundación para desarrollar un proyecto que él mismo inventó, una entidad sin ánimo de lucro y con un claro fin social, sobre la que no se ha detectado "irregularidad alguna".

Aclara que lo que encontró la Agencia Antifraude fue "un defecto de forma en un contrato menor" que se le concedió en 2021, antes de crear la fundación, para un estudio previo del proyecto que fue presentado y aprobado por los técnicos de la Consejería de Presidencia.

"Dicho trabajo se facturó a través de una sociedad que no tenía en su objeto social la realización de ese tipo de trabajos, lo cual no constituye ningún fraude sino más bien un fallo burocrático del que nadie se percató en su momento", indica.