Llegar a final de mes con la política

 Los melones de los sueldos de los políticos se suelen abrir en vacaciones. A finales de julio el siempre ocurrente presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, dijo una de esas frases suyas que saltan Despeñaperros arriba: “Hay parlamentarios andaluces que no llegan a final de mes”. En la comunidad el salario medio bruto supera por poco los 24.000 euros y un parlamentario autonómico andaluz tiene de salario base 46.800 euros (3.443 euros brutos al mes), si bien el salario medio de un cargo directivo de la empresa privada está en 54.000 euros.

Pero a lo que se refería Aguirre no era a los sueldos, sino a las dietas de los parlamentarios, congeladas desde 2017. Las dietas por desplazamiento y alojamiento se mueven entre 200 y 500 euros semanales, dependiendo del lugar del que vengan los políticos electos. Uno de Almería cobra el máximo y uno de Sevilla el mínimo. Estas dietas se abonan incluso en periodos inhábiles, sin actividad parlamentaria. Para 2024, sin aplicarse la subida propuesta por Aguirre, el Parlamento gastará más de dos millones de euros en este concepto, lo que supone una media de 18.800 euros por cada uno de ellos. Y esto es dinero limpio, no hay que responder por él.

Esta propuesta de subida fue acogida con tibieza por los socialistas, Vox y Por Andalucía, sabedores de lo impopular que es todo lo que se relacione con los dineros de los políticos, y con abierta hostilidad por el siempre combativo parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García. García, heredero de aquella irrupción de Teresa Rodríguez al frente de Podemos en 2015, cogió el testigo de la ex política gaditana que hizo de lo que consideraba derroches en sueldos políticos una de sus banderas. En cuanto a las dietas, García defiende que la política no le cueste dinero al representante público, pero ni un euro más. Que se pague por lo que uno gasta en su tarea, de manera convenientemente justificada. Sobre el sueldo, él, profesor de instituto, sólo se lleva para su casa el mismo dinero que cobraba en su puesto como docente, unos 2.000 euros mensuales, y el resto lo dona. Aboga por que todos hagan lo mismo. Es decir, que cada uno gane lo que ganaba en su actividad profesional porque entiende la política como un servicio público temporal, sin especificar qué pasaría con alguien que tuviera antes un sueldo superior al que cobra un parlamentario.

Esto tiene un problema. Muchos de los parlamentarios andaluces carecen de una actividad profesional ajena a la política. De hecho, esto ocurre con los dos políticos de mayor rango en la Junta de Andalucía, el presidente, Juanma Moreno, que sólo se sabe que llegó a trabajar en una pizzería de estudiante, y el consejero de Presidencia Antonio Sanz, al que no se le conoce ningún trabajo que no sea la política. De alguna manera, siempre han sido asalariados de una empresa llamada PP. Ambos vienen de las bases del partido, de Nuevas Generaciones. Su dedicación a la política desde adolescentes fue tan intensa que ninguno pudo terminar las carreras que iniciaron (Psicología y Magisterio, Moreno; y Derecho, Sanz) en su etapa juvenil. Posteriormente, sacaron adelante su currículum académico. Moreno se graduó en Protocolo e incluso hizo un máster y Sanz, ya muchos años después, logró terminar Derecho a través de una universidad online.

En definitiva, son ejemplos de políticos profesionales como lo había sido la anterior presidenta de la Junta, Susana Díaz, que al dejar el cargo pasó a formar parte de un consejo consultivo por el que se cobran sólo dietas, aunque el PP es partidario de reformar la ley de este órgano y que los ex presidentes tengan un sueldo hasta los 75 años de 70.000 euros anuales. Si Díaz no hubiera sido designada senadora por la vía del Parlamento, la ex presidenta viviría de sus intervenciones televisivas porque nunca tuvo actividad profesional que no fuera la política. En cualquier caso, como miembro del Senado, esa cámara de segunda lectura que nunca fue esa cámara de los territorios proyectada y que nadie sabe muy bien para lo que sirve, se asegura 3.284 euros al mes brutos en catorce pagas sin contar dietas y suplementos.

La dificultad de 'fichar'

Y aquí se da la otra paradoja. Juanma Moreno ha lamentado ante sus más cercanos la dificultades para conformar equipos con profesionales de prestigio ajenos a la política. Buena parte del gobierno autonómico está compuesto precisamente por personas con trayectorias como la suya, gente que desde muy joven fue subiendo en el escalafón de las canteras de los partidos, jovencitos que acceden a una concejalía y así hasta alcanzar puestos de mayor relevancia.

Pero acudir al ‘mercado’ de fichajes fuera de la política suele resultar un fracaso. Ni interesa económicamente porque lo sueldos que se ofrecen no son competitivos para profesionales de alto nivel, ni renta desde el prestigio profesional. En España, el 72% de la población no confía en las personas que participan en política. La exhibición pública es arriesgada y, posteriormente, el regreso a la actividad privada puede ser censurada calificándose de puerta giratoria, como sucedió con el ex viceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán, que venía del ámbito profesional y sobre el que recayeron sospechas de que había favorecido a una aseguradora privada desde su cargo para luego obtener un puesto mucho mejor del que venía en esa misma aseguradora.

Para profesionales muy asentados y reconocidos la llamada de la política es una oportunidad envenenada. Aún así, algunos se atreven, como es el caso del consejero de Industria, Jorge Paradela, con un currículo impresionante forjado en universidades extranjeras y que viene de la multinacional Heineken. Aceptó un cargo por el que percibe algo más de 85.000 euros anuales, muy por debajo de su caché como alto ejecutivo.

La democracia es cara

Y sí, la democracia es cara. Si nos fijamos sólo en los políticos de primera línea, en Andalucía hay cerca de 1.100 políticos electos si contamos sólo los grandes municipios. No todos cobran, ni son 1.100 personas, ya que algunos de ellos ostentan varios puestos. En este grupo principal, donde no se incluyen ni consejeros, ni viceconsejeros, ni directores generales, ni delegados territoriales, ni asesores, que son muchos y ahí sí que cobran todos, hay que contar los 109 parlamentarios andaluces, los 41 senadores, los 65 diputados nacionales, los 248 diputados provinciales y los 621 concejales contando sólo los de los 23 municipios con más de 50.000 habitantes, que es donde vive más del 50% de la población de la comunidad.

Pues bien, vámonos al municipio más pequeño de estos 23, Roquetas de Mar, con 50.096 habitantes. Allí, el alcalde, Gabriel Amat, del PP, que ya formaba parte de la Corporación antes de las primeras elecciones democráticas, tiene un sueldo de 79.500 euros brutos al año. Su primer teniente de alcalde cobra 63.000. A continuación, el resto de los concejales del grupo municipal que gobierna, un total de doce, perciben 56.000 euros mensuales, que es lo mismo que gana el portavoz de la oposición. De los 27 miembros de la Corporación, quince tienen un sueldo superior al sueldo base de un parlamentario andaluz. Amat, con casi 80 años, es uno de los alcaldes españoles mejor pagados, sino el que más, en relación a su población y durante años ha sido el mandamás del PP almeriense con una aclamación casi a la griega. Algunos le llegaron a calificar del último ‘cacique’. Pero en su pueblo le siguen votando. Ya lleva seis legislaturas seguidas. Sus vecinos lo considerarán bien gastado.

En cuanto a las capitales, los salarios se dispararon en la anterior legislatura, pero contando que en algunos casos, como en Sevilla, el sueldo del alcalde llevaba congelado desde 1991. Hay tres alcaldes que superan el sueldo del presidente de la Junta. Son los de Málaga, Sevilla y Almería, todos en el entorno de los 90.000 euros. A este 'club' se suma, sin ser capital, la alcaldesa de Marbella, si bien cobra una parte vía Senado. A continuación vienen las regidoras de Huelva y Granada y el de Jaén, que se mueven alrededor de los 70.000 euros. Los que menos ganan son el de Córdoba y el de Cádiz, Bruno García, que nada más llegar al cargo en junio de 2023 pasó por el trago de casi doblarse el sueldo, ya que sucedía a José María González ‘Kichi’, que cobraba su salario de profesor y, además, lo hacía a través de Diputación, pese a que su tarea en esta institución no pasaba de ir a los plenos mensuales, a cinco minutos andando de la alcaldía. Pero en los ayuntamientos no son los alcaldes los que más dinero ganan, sino los gerentes de empresas municipales, que no necesariamente son funcionarios. El alcalde de Sevilla lo justificó “porque si acudes al mercado de profesionales que conozcan el funcionamiento del sector lo tienes que pagar”.

Para otros municipios menores hay unos topes. De este modo, un alcalde de un pueblo de menos de 5.000 habitantes no puede cobrar más de 46.000 euros brutos al año. Y en Andalucía no son pocos. Hay 485 pueblos de menos de 5.000 habitantes. No todos estos alcaldes cobran 46.000 euros anuales. De hecho, la mayoría no cobra nada o casi nada. Pero también hay otros muchos que se acercan. Peal de Becerro, en plena sierra de Cazorla, en Jaén, con una población ligeramente superior a esos 5.000 habitantes, 5.325 habitantes, es uno de los pocos municipios de esa dimensión en el que funciona el Portal de Transparencia. Así, gracias a él, sabemos que este pequeño municipio retribuye a su alcalde, el socialista David Rodríguez, con 36.141 euros brutos anuales, lo que supone que cada ciudadano aporta siete euros al año al sueldo de su alcalde. En las últimas elecciones sacó casi un 20% más de votos que en las anteriores. Una vez más, los vecinos parecieron dar esos siete euros por bien empleados.

En España no se reguló la retribución para alcaldes y concejales hasta 1985, cuando se puede decir que se profesionalizó la gestión y se abrió el camino para pagar a aquellos ediles con dedicación exclusiva. Fue a partir de esa década cuando se empezaron a transformar las ciudades, a las que se dotó de mayor capacidad económica y autonomía, lo que también supuso, con posterioridad, la caída en la tentación. Una avalancha de casos de corrupción urbanística. 45 municipios andaluces se vieron salpicados judicialmente en causas de cierto relieve desde que se destapara la madre de todos los casos, el de Marbella, en la Operación Malaya. Tras aquella marea, que dejó muchas penas de cárcel e inhabilitación, más de un político local honrado prefirió alejarse de su vocación. El sueldo no merecía la dedicación ni la sospecha.

Pagar al servidor público por su trabajo puede, sin embargo, que sea el modo de evitar lo que sucedió en las elecciones de 2020 en el land alemán de Baviera, donde las pequeñas alcaldías no están remuneradas. Mil de aquellos alcaldes, la mitad de todos los municipios, renunciaron a presentarse a la reelección. Hubo localidades, como Schwanfeld, de unos 2.000 habitantes, en la que la comunidad tuvo que conseguir un alcalde a través de una oferta de empleo.

Elegidos a dedo

Junto a estos sueldos de políticos electos hay otros muchos sueldos para los cargos llamados de libre designación y que también suelen ser políticos, pero no electos. Pongamos un caso, el de la Diputación de Cádiz, que es sólo un ejemplo porque sucede, en mayor medida, en todas las instituciones. Aquí son quince esos puestos. El partido principal, el PP, se reservó diez y cedió los demás a su socio, un partido local de La Línea, con sólo dos diputados provinciales, que tiene un alcalde muy popular entre sus vecinos, Juan Franco. De hecho, es el alcalde más votado de España con más de un 75% de los votos. Franco, funcionario municipal de profesión, defiende una localidad marcada por el estigma del paro, el narcotráfico y el fracaso escolar y no tiene empacho en reconocer que su tarea en la Diputación es drenar sus recursos para favorecer a su pueblo. “Si quieren criticar, que lo hagan. Vale, esto es política”. En la anterior legislatura Juan Franco, gracias a los dos diputados que le daban la llave de la gobernabilidad, cobraba de Diputación unos 63.000 euros al año. En esta legislatura el pleno municipal, de mayoría aplastante del partido local, aprobó una retribución de 69.900 euros al año para el alcalde y 50.000 para siete concejalías con dedicación exclusiva. Juan Franco no tiene ideología, puede pactar con unos u otros. Lo que hace Juan Franco no es muy diferente a lo que han hecho los nacionalistas con los gobiernos centrales cuando la artimética se lo ha permitido. Como él dice, es política y sus vecinos se lo retribuyen y le votan.

Pero volvamos a los cargos de libre designación. Entre los cargos designados por el PP en la Diputación se incluían ex alcaldes del partido, candidatos que no habían obtenido alcaldías de pequeños pueblos o simples militantes. La retribución anual para cada uno de ellos se mueve entre los 43.000 y 66.000 euros brutos al año. Esto no tiene nada de nuevo. En la anterior legislatura la Diputación era gobernada por el PSOE y contaba con cinco cargos de libre designación más, en total veinte. Se trataba de dirigentes de los pueblos con los que el provincial se garantizaba su adhesión frente a otras corrientes del partido. La mayoría de esos 20 cargos, con remuneraciones superiores a los 50.000 euros anuales, no pisaba ni un solo día la institución. El ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco pasó más de tres años en prisión por eso mismo. Como delegado de Urbanismo contrató a dos personas de su partido que no iban a trabajar. Se consideró aquello como malversación y tuvo que pagar con su patrimonio los sueldos abonados a los contratados y, aún así, nadie le libró de la trena.

El debate, en cualquier caso, es delicado. Puede conducir a la idea de que la política es un mundo endogámico en el que se cobra mucho por hacer poco. Esa desafección, en plena crisis económica de la burbuja, encendió la mecha del 15-M, un levantamiento en toda regla contra la clase política. De aquello salió una generación de regeneradores políticos de ideología de izquierda, centro y derecha que acabaron por integrarse sin muchos complejos en la 'vieja política' -incluidas sus prebendas y sus asesores-. Esto podría volver a pasar si, como está sucediendo, los administrados no son capaces de acceder a una vivienda sin dedicar a ello más de la mitad de su sueldo y los políticos no lo solucionan. Porque a los políticos se les paga para eso, para solucionar problemas. Si solucionan problemas es dinero bien empleado; si no lo hacen, es tirar el dinero.

Es imposible saber cuántas personas viven de la política. Son miles y la mayoría cuentan con sueldos muy superiores al salario medio de un andaluz. El CSIF se ha atrevido a dar una cifra a nivel nacional: 92.000 entre cargos públicos y asesores. ¿Son muchos? Como en toda actividad, hay políticos que trabajan mucho, otros que trabajan poco y otros que no trabajan absolutamente nada. No todos los políticos son iguales y unos cobran menos de lo que merecen y otros muchos cobran lo que no merecen. Lo cierto es que la política es necesaria y los políticos también lo son en una sociedad plural. Pero no seamos ingenuos. La función de cualquier partido es obtener la mayor parcela de poder posible y mantenerla en el tiempo. Si esto no sucede, el partido desaparece porque un partido sólo se sostiene si funciona, de un modo u otro, como una agencia de empleo.