"Los menores migrantes son moneda de cambio para el Gobierno de Pedro Sánchez"

El Gobierno andaluz ha iniciado un requerimiento a la Administración General del Estado para que financie los más de 16,8 millones de euros que ha soportado al asumir la atención integral e inmediata de las 567 menores migrantes trasladados a Andalucía como adultos por el Gobierno de España. Estos 567 menores migrantes no acompañados han ingresado en centros de protección de Andalucía y continuarán su atención en los programas de preparación para la vida independente. Este requerimiento es el paso previo a la denuncia por la vía contencioso-administrativa que la consejera de Igualdad, Loles López, ha anunciado como "inevitable; ya nos han dicho que no lo van a pagar".

La Junta denuncia que estos menores tienen una estancia media de 203 días en los recursos públicos de la Junta. "Claro que los hemos atendido porque los niños son niños independientemente de donde hayan nacido o del color de su piel", ha explicado Loles López quien ha denunciado la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, "usa a los migrantes como moneda de cambio porque ahora se está debatiendo el reparto de 4.400 menores y parece ser que Cataluña y el País Vasco no van a acoger a ninguno"

"Los menores migrantes son también moneda de cambio para Sánchez", ha insistido Loles López quien ha censurado la falta de información del Ejecutivo central. Según ha explicado, está previsto el reparto entre las comunidades autónomas de 4.000 menores procedentes de Canarias y de otros 400 que están en Ceuta, si bien todavía no hay ningún acuerdo al respecto. Lo que sí se conoce es que el País Vasco va a pedir su reconocimiento como Frontera Norte, una singularidad que no se reconoce a Andalucía que lleva años demandando ser calificada como Frontera Sur de Europa. A esto se suma la pretensión de Cataluña de reclamar todas las competencias en inmigración, "y las quiere para expulsar a los inmigrantes", según la consejera andaluza.

Lo que pide la Junta

La Consejería de Igualdad solicita al Gobierno que “planifique y coordine” con la comunidad autónoma las políticas migratorias y lamenta la falta de acción y respuesta por parte del Ejecutivo central ante esta complicada coyuntura social. Así, reclaman que las llegadas de los flujos migratorios a los distintos territorios de la Península se hagan de manera ordenada y respetando los procedimientos establecidos.

La Junta reclama que el Gobierno central asuma sus competencias y que cuando haya dudas sobre la edad de las personas migrantes, como ha sucedido con los 567 menores que han llegado a Andalucía, las pruebas se realicen en el lugar de llegada antes de decidir su destino. Asimismo, entiende que debe informarse de manera oficial de los traslados de las personas migrantes a las distintas comunidades autónomas, y no hacerlo sin ningún tipo de información como, según denuncia la Junta, se hace actualmente.