¿Pedro Sánchez quiere subir los impuestos para salvar el lío de Cataluña?

Pedro Sánchez aún no ha revelado qué propondrá a los presidentes autonómicos, ése es un gran secreto, el presidente del Gobierno explicó la semana pasada, en el arranque del curso político en el Instituto Cervantes, que citará uno por uno a los líderes territoriales para hablar de un nuevo sistema de financiación. Después, y en Cantabria, habrá una Conferencia de Presidentes. ¿En qué consistirá esta solución al lío desatado por la investidura de Salvador Illa en Cataluña? Por sus declaraciones ante el comité federal del PSOE, el del pasado sábado, se puede deducir que lo que el presidente plantea es aumentar la tarta común de la que se nutren las comunidades autónomas, y esto sólo puede conseguirse con nuevos ingresos, bien porque aumenten los impuestos, lo que supondría mayor carga fiscal para los ciudadanos, bien porque el Gobierno central ahorre en algunos de sus gastos para ceder más dinero a las autonomías.

Si Cataluña sale del sistema común de financiación, habrá menos dinero para el resto, ya que este territorio aporta casi el 19% del PIB. El bocado es bien grande, aunque la Generalitat pague un cupo de solidaridad. Sea con Salvador Illa o con posteriores presidentes de la Generalitat, el objetivo confeso de los independentistas es reducir el supuesto "déficit fiscal catalán", por lo tanto, contribuir menos al común. Pero también puede aumentar el tamaño de la tarta común para aliviar la parte que se quedará Cataluña, por lo que no sería un juego de suma cero donde unos perderían lo que se llevase otro. Por utilizar el simil de la manta, no consistiría en mover el tejido para cubrir a los, tradicionalmente, destapados, sino en contar con una manta más grande.

Pedro Sánchez y su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han ido dando algunas pistas. Ese mismo día, el del arranque del curso políticos, ambos anunciaron que podría doblarse el Fondo de Compensación Interterritorial, aunque ésa es una partida mínima en comparación con el grueso de los ingresos de la Junta de Andalucía, que es el mayor receptor. Son 160 millones de euros en un presupuesto anual de 40.000 millones de euros, de los cuales casi un tercio proceden del sistema de financiación autonómica.

Cuando pensamos en comunidades autónomas, muy a menudo pensamos en gobiernos y en administraciones públicas, pero las comunidades son mucho más, son las instituciones que prestan los grandes servicios sociales del país; es decir, la sanidad y la educación. No son administraciones paralelas, aunque en ocasiones incurran en ese error, sino las prestatarias dle Estado del bienestar, y la presión fiscal en España aún no llega a la media de las grandes democracias europeas. Es decir que el Gobierno central podría estar tentado de aumentar los impuestos para acabar con la infrafinanciación de la sanidad y, en menor medida, de la educación.

Esto es difícil que sea aceptado por los contribuyentes, aunque podría ahondar en una polarización entre partidarios de más impuestos y defensores de todo lo contrario. A Pedro Sánchez le gusta jugar a estas tensiones, los impuestos son combustible para la confrontación. ¿A eso se refería el presidente cuando aseguró en el comité federal que el debate de la financiación no es entre territorios sino entre modelos? Puede ser.

Hay otro modo de aumentar los ingresos autonómicos sin tocar impuestos. Consistiría en que el Gobierno central ahorrase en sus propios gastos, tales como la deuda o los de su administración, para travasar ese ahorro a las comunidades, pero no parece que Sánchez estén pensando en esa solución.

Es posible que sí esté tentado de dar mayor capacidad a las comunidades para que aumenten o sus propios ingresos o los que comparte con el Gobierno central, tales como el IRPF, el IVA o los especiales. Si el Estado cediese no el 50% de lo recaudado por IRPF a cada comunidad, como ocurre ahora, sino el 75%, cada punto que la autonomía añadiese de más a su tramo de la declaración, se traduciría en mayor capacidad recaudatoria que en la actualidad. Para comunidades como la andaluza, que están obligadas a competir con impuestos y salarios más bajos, eso sería como darse un tiro en un pie. Madrid sí lo podría hacer, pero con eso sólo ganarían Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez en su particular guerra ideológica.