El PSOE presiona al Gobierno andaluz para que pida competencias al Estado

La asunción de nuevas competencias por la Junta de Andalucía se ha producido hasta ahora por los tirones territoriales de Cataluña; dicho de otro modo, ambas comunidades han liderado los diferentes procesos de transferencias de competencias del Estado a las autonomías en un sistema de contrapesos. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía del año 2007 se hizo como respuesta a la correspondiente del Estatut catalán, llevando al texto legal andaluz al tope previsto en la Constitución igual que el catalán salvo en dos o tres cuestiones menores. El PSOE andaluz entiende que ahora estamos en un momento claro de debate territorial, una vez pasado el grave pulso al Estado del procés, por lo que es el momento de activar los resortes políticos para que Andalucía no se quede atrás.

Desde el Gobierno andaluz lo ven de otra manera. Según defienden sus portavoces, las propuestas del PSOE de Andalucía sirven para “blanquear” las cesiones de Pedro Sánchez a los partidos independentistas de Junts y ERC, en los sendos pactos por la Moncloa y la investidura de Salvador Illa en Cataluña, por lo que han frenado cualquier tipo de demanda de nuevas transferencias.

Pero, ¿qué competencias puede reclamar Andalucía? Mario Jiménez, diputado del PSOE y presidente de la Comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento autonómico, explica que su partido no tiene decidido qué transferencias habría que pedir ahora, pero sí que debería convocarse una ponencia en el Parlamento para iniciar el diálogo político entre todos los partidos “estamos en un momento de debate territorial clarísimo y la comunidad autónoma de Andalucía debería estar preparada. La pregunta es ¿hay alguien en el Gobierno andaluz que esté en esa prospectiva?”.

Los trenes

La polémica política va por un lado y la gestión de los servicios públicos por otra. El 17 de octubre de 2024, el Parlamento andaluz aprobó una proposición no de ley, con votos de todos los partidos de la Cámara, para pedir a Adif que pusiera a punto la red ferroviaria que discurre por la comunidad autónoma antes de ceder su gestión a la Junta junto con la transferencia de las infraestructuras, del material móvil y del personal; financiación estatal para el mantenimiento y para el déficit de explotación, y aportación adicional del estado para la construcción de nuevas infraestructuras para ampliación de la red y construcción en las provincias que no cuentan con el servicio.

El artículo 64 del Estatuto de Autonomía recoge que Andalucía podrá pedir al Estado las competencias en transporte terrestre de personas y mercancías por carretera, ferrocarril, cable o cualquier medio, una competencia que puede extenderse por todo el territorio andaluz. La anterior consejera de Fomento, Marifrán Carazo, había realizado el estudio técnico para ahondar en estas competencias estableciendo un sistema para unir todas las capitales andaluzas con trenes de media distancia. Pero esta iniciativa se ha frenado. Al menos por el momento.

El PSOE andaluz entiende que el traspaso de los Rodalíes a Cataluña no sólo va a suponer una inyección millonaria antes de ceder la gestión, “es que todos los años, en los Presupuestos Generales del Estado habrá que consignar una partida para su mantenimiento. Porque esto no va a parar, podemos negar que el sol sale todos los días pero lo cierto es que sale. Y ha sido siempre así. El Gobierno del PP nos dió a todas las comunidades la gestión de los Puertos de Interés General del Estado porque Aznar pactó con Convergencia i Unió; y lo mismo sucedió con los parques nacionales que gestiona la Junta desde 2006”.

El transporte no es lo único que puede reclamar la Junta. El artículo 65.2 desarrolla las competencias de la Policía Autonómica, que el Gobierno andaluz rechaza abiertamente, como la gestión de los centros penitenciarios, que Andalucía puede pedir en virtud del artículo 67.3. Una potestad que Cataluña ya tiene y que desde el Sur se ha rechazado siempre. Y que ahora ningún partido político reclama.

La Fiscalidad

La siguiente polémica política afectará directamente a la fiscalidad. El PSOE ha pactado con los independentistas catalanes la creación de una agencia tributaria autonómica que se encargue, y ahí está el centro de la cuestión, de la gestión y la recaudación de los impuestos que se devengan en Cataluña. Andalucía tiene la misma potestad, según recoge el artículo 63.3: “En materia de Seguridad Social, corresponden a la Comunidad Autónoma las competencias ejecutivas que se determinen en aplicación de la legislación estatal, incluida la gestión de su régimen económico, con pleno respeto al principio de unidad de caja”.

Por el momento, las comunidades autónomas han acordado establecer un modelo único para calcular el nivel de ingresos tributarios que tiene cada una y así poder establecer una comparativa real de las diferencias entre las autonomías. Un modelo que hasta ahora no existía y que se acordó en la reunión técnica celebrada el pasado 12 de febrero en Madrid, previo al Consejo de Política Fiscal y Financiera.