La Fiscalía reclamaba hasta diez años de prisión para los acusados

La sentencia del caso Umax ha impuesto penas inferiores a las solicitadas por la Fiscalía. En febrero pasado, la Fiscalía de Sevilla solicitó una condena de diez años de prisión, 32 años de inhabilitación y una multa de 13.500 euros para cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex directores de Trabajo y Seguridad Social. La fiscal Susana Hernando elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que reclamó también que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con 2.556.036,2 euros por las cantidades “indebidamente percibidas desde el año 2003 al año 2010”, así como que se declare la nulidad de los contratos realizados por Umax con la dirección general de Trabajo desde 2007 a 2010.

El Ministerio Público atribuyó a los seis acusados -también acusa al dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, al que solicita una condena de ocho años y medio de cárcel y el pago de una multa de 7.500 euros- delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad. Los otros dos ex altos cargos procesados son los ex secretarios generales técnicos Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.

Por su parte, la acusación particular de la Junta de Andalucía, que no acusa a Daniel Alberto Rivera ni a los secretarios generales técnicos Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina, pidió una condena de 11 años de prisión para Javier Guerrero, de siete años para su sucesor Juan Márquez y de diez años para el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, al que atribuye delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, aunque le ha retirado otro delito de fraude de subvenciones. En cuanto a las indemnizaciones, la Junta ha pedido que Guerrero y Ulpiano abonen solidariamente 467.106 euros; otros 434.393 euros entre Márquez y Ulpiano; y Ulpiano además otros 390.257 euros, con responsabilidad subsidiaria de Umax Informática y Consultoría.

La Fiscalía sostuvo que todos los acusados "se pusieron de acuerdo con el fin de facilitar la contratación de la entidad Umax, a sabiendas de que dicha entidad no cumplía con los requisitos que la legislación administrativa requería para la realización de dicha contratación, creando a partir del año 2003 una estructura administrativa de personal al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente en la dirección general de Trabajo y en las delegaciones provinciales mediante la contratación de personas que no cumplían los requisitos para ello".

Además, los pagos derivados de este tipo de contratación se realizaron “bien acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o bien en expedientes de contratación menor en la que se giraban una serie de facturas por parte de la entidad Umax que correspondían a servicios inexistentes, facilitando el pago inmediato de la retribución convenida entre todos los acusados”.

En su escrito, el fiscal recogía que se ha podido comprobar que el personal contratado por Umax "prestó servicios para la antigua Consejería de Empleo, ejerciendo funciones en las sedes de varios órganos directivos y administrativos de la misma y realizando en algunos casos tareas que deberían haber sido efectuadas por personas integradas en la función pública de la Junta de Andalucía, por ser de la naturaleza que sustenta la propia existencia de dicha función durante el tiempo que va del año 2003 hasta el 2010”, y l tipo de funciones debió desempeñarse en régimen similar asimilable de los funcionarios en cuanto a horario de trabajo, presencia en el puesto, dependencia jerárquica y supervisión superior.

Además, se había pactado que la retribución se obtenía del resultado del coste de los suelos de los trabajadores "más un porcentaje que nunca era inferior al 20%". El fiscal precisa que en el año 2007 el coste salarial de los trabajadores adscritos a los servicios contratados ascendió a 338.040,02 euros; en 2008 fue de 322.203,42 euros; 221.936,65 en 2009 y 141.408,06 en 2010; con lo que el importe total asciende a 1.550.114,67 euros.

El Ministerio Público destacó que la adjudicación del contrato se había producido “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, previo acuerdo entre todos los acusados” y añade que “no existe ningún contrato que tenga como objeto la puesta a disposición del personal de la entidad Umax para el ejercicio de las actividades que en cada momento fueran requeridas por la antigua Consejería de Empleo”.

Javier Guerrero: "No favorecí a nadie, tenía dos hijas y tres sobrinos en paro"

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerreroaseguró en su declaración en el juicio que no favoreció "a nadie", en relación con la contratación a través de la empresa Umax de 44 trabajadores de su “círculo de amigos y familiares", como sostiene la Fiscalía. "Nunca recomendé a ninguna persona en concreto. Tenía dos hijas y tres sobrinos en paro, por lo que podría haber tenido la habilidad de haberlos encajado, pero no favorecí a nadie", insistió.

Guerrero se refirió a la "contratación verbal" del personal que se acordó con el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, que también negó en la vista oral que los trabajadores fuesen enchufados. Ulpiano Cuadrado declaró, por su parte, que él "no cogía a nadie porque fuera amigo de nadie, sino porque trabajaban bien y hoy siguen en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)", dado que tras ser despedidos pasaron a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y de ahí se integraron en el SAE.