Rogelio Velasco
Dos siglos de financiación autonómica
Madrid/El crecimiento ininterrumpido del precio de la luz en los últimos cuatro meses, agudizado en los primeros días de septiembre, ha vuelto a reabrir el debate sobre la mejora de los mecanismos de formación y de determinación de la factura eléctrica.
En agosto el recibo de la luz encadenó su cuarta subida consecutiva anual y alcanzó su precio más alto en todo el año, al encarecerse casi un 11% respecto al mismo mes de 2017, lo que supuso pagar 6,15 euros más en la factura que un año antes.
No parece que septiembre vaya a ser mejor, pues, según datos obtenidos del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los primeros siete días de este mes el coste del recibo es un 21,3% más caro que un año antes.
En agosto, el recibo de la luz para un consumidor tipo acogido al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) o tarifa regulada por el Gobierno –con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.000 kilovatios hora (250 KWh al mes)– alcanzó los 62,51 euros, frente a los 56,36 euros de hace un año y los 60,94 euros a los que llegó en julio pasado.
A pesar de que al comenzar 2018 las circunstancias meteorológicas fueron más favorables para la producción de energía hidráulica y eólica (las fuentes de generación más baratas) que en 2017, marcado por la escasez de lluvia y viento, tan sólo en los primeros meses de este año la factura eléctrica bajó, para luego empezar en mayo a encadenar subidas.
La actual subida, según expertos del sector, se debe al encarecimiento de los derechos de emisiones de carbono, cuyo precio se triplicó entre mayo y agosto frente a 2017, y de los precios del gas y el carbón, que se emplean para producir electricidad en centrales de ciclo combinado y térmicas.
Hasta agosto, el precio del mercado eléctrico español se incrementó en 2,8 euros el megavatio hora (MWh), debido a esos factores, lo que supone un aumento de 0,7 euros al mes para los once millones de clientes acogidos a la tarifa PVPC.
En agosto el precio medio en el mercado mayorista fue de 64,33 euros, el más alto en un mes este año, y en septiembre se ha situado varios días por encima de los 70, alcanzando un máximo diario de 74,58 euros el día 5, el precio diario más elevado.
Las subidas del CO2 y del gas han elevado en 21 euros/MWh el coste del ciclo combinado y en 12 euros/MWh el del carbón, unas subidas que se han unido en los últimos meses a la menor producción hidráulica y eólica en verano, que obliga a usar más la centrales de gas y carbón.
El incremento de los precios en el mercado mayorista, en el que se fija el valor del megavatio hora para cada hora del día siguiente, repercute en el recibo de la luz que pagan los consumidores acogidos al PVPC, al suponer un 35% del total de su factura, de la que el resto son peajes fijados por el Gobierno e impuestos.
En España hay once millones de clientes que tienen esta tarifa, que es para una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (KW) y a la que deben estar acogidos los beneficiarios del bono social eléctrico (el descuento sobre la factura de la luz para colectivos definidos como vulnerables), mientras que más de 16 millones (cerca del 60% del total de los consumidores eléctricos) tienen contratos en el mercado libre.
Estos, a diferencia de los acogidos a la PVPC, tienen garantizado el precio de la electricidad durante al menos un año y, por tanto, en ese tiempo están libres de las variaciones de su valor en el mercado mayorista.
Generadores y comercializadores fijan en este mercado el precio de toda la energía que se va a consumir al día siguiente y funciona bajo un criterio económico marginalista, por el que todas las tecnologías de generación cobran en cada hora lo que marca la más cara que entra.
Las compañías eléctricas afirman que no se están beneficiando de estas últimas subidas y han recordado que la mayor parte de la factura regulada no lo constituye el coste de la electricidad, sino los peajes y los impuestos.
El grupo de expertos que hizo el informe de cara a la elaboración de la de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya planteó trasladar los costes actuales de la factura eléctrica a los Presupuestos del Estado, financiándolos con nuevos impuestos medioambientales.
Según sus cálculos, con esas medidas la luz bajaría un 6,8% pero subirían el gasóleo (un 28,6%), la gasolina (un 1,8%) y el gas natural (5,8%).
El recibo de la luz soporta ahora un 21% de IVA y el impuesto especial de electricidad, del 5 %, a lo que hay que sumar los peajes, que el gobierno del PP mantuvo congelados durante cuatro años, aunque no consideró conveniente tocar los impuestos.
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