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El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió ayer a los sindicatos que no puede haber un "cambio sustancial" en el proyecto de reforma laboral porque "no sería bueno para España" y les recordó que ya conoce sus posiciones. En rueda de prensa en Downing Street junto al primer ministro británico, David Cameron, Rajoy reconoció que todavía no ha recibido la carta que le enviaron ayer los líderes de UGT y CCOO, en la que le piden una reunión para negociar la reforma laboral tras las manifestaciones de protesta del domingo. Rajoy dejó claro que ya conoce tanto sus propuestas como las de la patronal CEOE y ha dicho que como no quiere "engañar a nadie", les ha avisado ya de que no habrá cambios profundos en la norma porque "el Gobierno tiene obligación de gobernar". En este contexto, ha vuelto a calificar la reforma de "justa" y "equilibrada" y ha considerado que cuando comience el crecimiento económico servirá para crear empleo.
Un crecimiento que aún está muy lejos, según se desprende de las declaraciones de ayer del gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, que subrayó que el ajuste de precios y salarios y el incremento de la productividad son el único camino a corto plazo para impulsar y recuperar la competitividad de la economía española. "La crisis sólo se superará con una revisión "profunda" de las políticas económicas nacionales, que permita adaptarlas al funcionamiento de una unión monetaria, dijo Fernández Ordóñez.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito, volvió ayer a la carga, al declarar que, "probablemente", en el 80% de los casos los parados rechazan trabajos porque implican trasladarse de un barrio a otro. Feito se refirió así a la propuesta que hizo el lunes de que se retire el subsidio por desempleo a los parados que rechacen una oferta de trabajo, aunque sea "en Laponia".
Sin embargo, el Gobierno no sólo es poco propicio a introducir cambios en la reforma laboral, sino que tampoco está dispuesto a modificar la prestación de desempleo. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, insistió en el que el Ejecutivo no va a tocar las prestaciones por desempleo porque son un derecho adquirido por los trabajadores con su trabajo de "cada día". "De eso no hay ninguna duda", ha señalado tras asegurar, sin embargo, que sí luchará para evitar el fraude. "Una cosa es garantizar el derecho de los trabajadores y otra cosa es que los trabajadores en desempleo no acepten ofertas de empleo adecuadas en un país en crisis y con la situación actual que tenemos", indicó Báñez.
Además del rechazo de las centrales sindicales, las palabras de Feito también generaron adhesiones, como la del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, que incidió ayer "a título personal" en que el problema de la prestación por desempleo no es tanto su cuantía como que los parados la perciben como una renta y ello provoca un "escaso" incentivo a la búsqueda activa de empleo.
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