Alertas financieras para Andalucía

En el campo de las finanzas públicas se ciernen sobre Andalucía dos sombras conminatorias que deben provocar una reacción como si de la tercera ley de Newton se tratase. La primera y más importante proviene de las sacudidas en torno a la financiación autonómica. La segunda deriva de los cambios proyectados para los marcos presupuestarios de la Unión Europea (UE). Ambas, aunque de contenido económico, no son sino consecuencia de repentinos giros políticos de gran calado tanto en el ámbito español como en el comunitario . En nuestra nación el movimiento es territorialmente centrífugo hasta amenazar con desembocar en una estructura confederal. En el plano continental por contra los vientos son centrípetos hacia una mayor soberanía de la UE, en la creencia de que así se atenderían mejor unas nuevas prioridades políticas. El hecho es que las dos tendencias encierran claros riesgos de pérdidas financieras para nuestra región. La conclusión es obvia: hay que diagnosticar y gestionar adecuadamente esos riesgos.

Por lo que respecta a la financiación autonómica, hasta no hace mucho existía un sentimiento generalizado de que ya se iba a acometer una reforma que los sucesivos gobiernos de uno y otro color anunciaban pero no abordaban. Más hete aquí que cuando esperábamos a ese Godot quién aparece en escena es él sorpresivo pacto fiscal entre el PSC y ERC. Pacto que no se aviene con el diseño autonómico de la Constitución , ni siquiera con sus principios generales (art. 137 y 138) ni con los de reparto geográfico de los propios fondos estatales (art. 158).

Mucho se ha escrito ya, y más que se va a escribir, sobre este acuerdo. Pero quiero resaltar aquí dos puntos cruciales que se suelen presentar de forma torcida y edulcorada. El primero se refiere a la solidaridad y en concreto a la afirmación de que está asegurada por el firme compromiso de los firmantes del convenio. Pues bien, no es a la buena voluntad de nadie ni de ninguna Comunidad Autónoma a quien corresponde esa garantía, sino que la misma se encomienda específica y concluyentemente al Estado como reza el art. 138 de la Constitución. En otra vertiente, y como segundo punto, se esgrime que el pacto es bueno con carácter general porque abriría la posibilidad de que todas las CCAA recibieran más recursos. Al margen de que ello no evitaría, parafraseando a Orwell, que “unos animales fueran más iguales que otros” , se trata de un pseudoargumento que invita a confundir los ingresos percibidos por una Comunidad Autónoma como institución con el total de los fondos públicos destinados a los habitantes y territorio de la misma. Es la suma de los recursos estatales y autonómicos lo que importa. Y si en la ecuación de cada región se reducen los primeros para poder aumentar los segundos a unos la cuenta les saldrá positiva, y hasta muy positiva, y a otros (como Andalucía) negativa.

¿Cómo se presentaría el posible desarrollo del pacto? De los elementos con que contamos podríamos conjeturar los siguientes pasos. Uno, en palabras del presidente de la Generalitat el acuerdo está cerrado y asumido y no “sujeto a debate, sino que lo que resta es su aplicación”. Dos, de ser así se han anunciado ya un torrente de recursos ante el Constitucional. Tres, sería muy sorprendente que este diera por buenos aquellos aspectos que suponen el otorgamiento de una soberanía fiscal efectiva como la concertada. Cuarto, sea cual fuere el modelo resultante tras el fallo jurisdiccional cualquier Comunidad (v. gr. Madrid) podría acogerse al mismo ya que abierta esa senda no existe ningún argumento jurídico o político para taponarla a los demás. De hecho desde medios gubernamentales se ha animado a que los que quieran se suban también a ese carro. Quinto, si ese modelo nos lleva a un sistema hacendístico confederal (como el del pacto) o federal (por definir) saltarían las costuras de la organización territorial contemplada en la Constitución, lo que exigiría su reforma.

Con independencia de lo kafkiano de la situación, lo que está claro es que cualquier escenario dimanante de la puesta en vigor del pacto catalán no es bueno para Andalucía. Por ello, y para empezar, serían deseables dos cosas. Una, un esfuerzo de la clase política andaluza para lograr un acuerdo de bases sobre la financiación autonómica. Dos, que como mínimo y más allá de legítimas posiciones de rechazo y evanescentes proclamas programáticas, se pase de las musas al teatro y unos y otros definan clara y concretamente qué reforma defienden. ¿Deseo quimérico? Posiblemente, pero los andaluces lo agradecerían.

Sobre este panorama nacional vienen a superponerse los cambios, unos ya anunciados y otros vislumbrados, que se avecinan en la hacienda europea. El presupuesto de la UE ha mantenido casi desde la creación de la CEE una reducida y estable proporción en torno al 1% del PIB comunitario. En su gran parte ha estado centrado en sufragar los gastos de la política agrícola (la única política sectorial recogida en el Tratado de Roma), las políticas de cohesión y desarrollo regional y los programas sociales, orientación que ha sido favorable para regiones como Andalucía. Este escenario está girando hacia un presupuesto más elevado y con una distribución sectorial y territorial diferente. En esa doble dirección de una mayor tarta presupuestaria y de modificación en los criterios de su reparto están empujando diversos motivos, no siendo el menor el impulso de algunos países con escaso margen fiscal y/o altamente endeudados en la búsqueda rogativa de oxígeno mediante financiaciones mutualizadas, pero que a la postre tendremos que pagar todos los europeos de la Unión.

En el momento actual el enfoque económico de los nuevos desafíos continentales se proyecta en un doble horizonte temporal. A corto plazo, y dado que el próximo marco financiero plurianual no entrará en vigor hasta 2028, se adoptarían medidas “extraordinarias” de choque que incluirían desvíos a nuevos destinos de recursos consignados pero aún no aplicados del programa NGUE, de los fondos de cohesión y sociales y posiblemente de la PAC. Más allá de esa visión coyuntural todo señala un marcado cambio estructural en las prioridades del presupuesto de la UE., que situaría a la defensa, la competitividad, la transición energética o la innovación tecnológica como grandes objetivos añadidos y aun antepuestos a la agricultura, el desarrollo regional o algunas líneas del Estado del Bienestar (véanse por ejemplo el Informe Draghi, la Brújula sobre Competitividad emitida por la Comisión en enero o las recientes propuestas para financiar el ardor bélico que nos anega: ¿tan imposible es imaginar, al menos para convivir en paz, una “Europa desde el Atlántico a los Urales” como un día soñó De Gaulle?). De este trasvase de fondos entre las haciendas nacionales y la europea y de las alteraciones en el gasto de esta quedan por ver los resultados, pero hay riesgos palpables de que Andalucía no salga beneficiada de este trueque de cromos. Cierto es también que junto a amenazas los grandes cambios suelen presentar oportunidades que habría que saber aprovechar y orientar a una estructura económica más productiva. En esa línea el paradigma neocolbertista que se presume para Europa facilitará unas renovadas arquitecturas de colaboración público/privadas más exigentes para ambas partes. Aquí se trata ya de jugar bien nuestras cartas.