Bruselas priorizará la industria europea en la concesión de 150.000 millones para defensa

Bruselas/La Comisión Europea dará prioridad a compañías con sede en Europa y en Ucrania en el proceso para conceder los 150.000 millones de euros que prevé desplegar en forma de créditos para multiplicar el gasto en seguridad y defensa, al tiempo que exigirá que, al menos, el 65% de los componentes tengan origen europeo.

El Ejecutivo comunitario ha presentado este miércoles la propuesta legal del instrumento SAFE, a través del cual acudirá a los mercados de deuda para obtener recursos que luego repartirá entre los Estados miembros que presenten proyectos para la compra conjunta de productos y equipos en este ámbito.

El texto de Bruselas estipula que "la infraestructura, plantas, activos y recursos" de las empresas que se vayan a beneficiar de una compra conjunta dentro de este instrumento "deben estar ubicadas en el territorio de un Estado miembro, un estado de la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, en sus siglas en inglés EFTA) o en Ucrania".

Además, al menos el 65 % de los componentes de un producto final tiene que tener su origen en los mismos territorios.

Por ello, subraya que no se utilizarán aquellos que provengan de "terceros países que contravienen los intereses de seguridad y defensa de la Unión y sus Estados miembros".

En el caso de los sistemas complejos, como las baterías antiaéreas, que puedan estar sujetas a restricciones de terceros países, se aplicará la misma norma y se exigirá a las empresas que puedan sustituir dichos componentes por otros de origen europeo sin tales restricciones.

Planes nacionales de defensa

Los Estados miembros que deseen acceder a los créditos del instrumento SAFE tendrán que presentar planes de inversión en defensa a la Comisión Europea en los que enumeren las actividades, gastos y medidas que financiarán con estos recursos, los productos que comprarán y, si fuese el caso, la participación de Ucrania en dichos planes.

Bruselas los analizará y determinará la cuantía del préstamo y del anticipo de hasta el 15 % de la cantidad total, que se transferirá a los Estados miembros para cubrir las necesidades más urgentes. Se podrán realizar desembolsos hasta el 31 de diciembre de 2030.

Como norma general, los países desarrollarán estos planes a través de compras conjuntas en las que participen al menos dos Estados miembros (o uno de ellos junto con Ucrania) para adquirir sistemas de artillería, defensa aérea y balística, misiles y munición, drones y antidrones, tecnología espacial, movilidad militar, ciberseguridad e inteligencia artificial, entre otras categorías.

Sin embargo, también podrán unirse terceros países con los que la UE tiene firmados acuerdos de asociación en seguridad y defensa (Noruega, Moldavia, Japón, Corea del Sur, Macedonia del Norte y Albania), así como otros que están negociando pactos similares o que negocian su potencial entrada al bloque.

Ciberseguridad y fronteras

La Comisión Europea también ha presentado un documento en el que detalla cómo prevé la activación "coordinada" de las cláusulas nacionales de escape de las reglas fiscales para que los gobiernos puedan aumentar su gasto en seguridad y defensa sin miedo a la apertura de un expediente por déficit excesivo.

España ha pedido, dentro de esta línea de actuación, una definición amplia del gasto en seguridad y defensa, que incluya inversiones en ciberseguridad y protección de fronteras.

Fuentes comunitarias han precisado que el gasto en ciberseguridad forma parte de las inversiones en productos de uso dual y podrá ser considerada como inversión en defensa siempre que esta dimensión sea su principal objetivo.

En relación a la protección de fronteras, la definición elegida por Bruselas no la incluye, pero las mismas fuentes señalan que corresponde a las autoridades nacionales y a la oficina europea de estadística Eurostat trabajar conjuntamente para determinar aquellas inversiones dentro de este ámbito que potencialmente podrían ser consideradas como gasto en defensa.

Como norma general, Bruselas ha optado por utilizar como definición de gasto en defensa la clasificación COFOG, que incluye inversiones y gasto corriente en cuestiones como infraestructuras y equipos militares, bienes y servicio de uso dual cuando son utilizados por fuerzas armadas, gasto en personal del ejército y su formación y toda ayuda militar a Ucrania.

Además, como ya avanzó la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, esta flexibilidad estará limitada a cuatro años para facilitar a los Estados miembros que eleven su gasto en defensa, aunque después de este plazo tendrán que "acomodar" este tipo de inversiones dentro de los limites de déficit y deuda normales.