COAG exige la "suspension inmediata" del acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos
Rechaza aplicar el periodo de gracia de 12 meses previsto en la sentencia del TSJE y lamenta que el Gobierno español y la UE se plieguen al "chantaje" del rey marroquí, basado en "el terrorismo, la inmigración y la droga"
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La Coordinadora de Organización Agrarias y Ganaderas (COAG) ha exigido este lunes en el Congreso de los Diputados la suspensión inmediata del acuerdo comercial agrícola entre la UE y Marruecos. En este sentido, la organización agraria ha mostrado su rechazo frontal a la posibilidad de aplicar el periodo de gracia de 12 meses previsto en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJE), por la que se decreta la anulación de los acuerdos comerciales en materia agrícola y pesquera con el reino alauita por carecer del consentimiento del pueblo saharaui.
Durante su intervención en la conferencia sobre el Sáhara Occidental organizada en la Cámara Baja por el Frente Polisario y varios grupos parlamentarios para dar a conocer los términos de la sentencia, el responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, se ha mostrado tajante en contra de prolongar la vigencia del acuerdo por un periodo de doce meses a partir de la publicación del fallo judicial, el 4 de octubre de 2024, decisión que el fallo judicial justifica en “las graves consecuencias negativas para la acción exterior de la Unión que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica”.
Góngora ha manifestado que “los agricultores europeos no hemos tenido ese periodo de gracia y sufrimos día a día la competencia desleal de las importaciones bajo las condiciones perniciosas del Acuerdo”, al tiempo que ha añadido que “si la sentencia ha dictaminado que el acuerdo no es legal, la UE no puede cerrar los ojos y mantener 12 meses más en vigor un acuerdo ilegal, sólo para favorecer a eterminadas empresas transnacionales, mientras los productores continuamos perdiendo rentabilidad y desapareciendo”.
COAG reclama en este sentido el apoyo decidido del Gobierno español al que el Gobierno español se posicione a favor de los productores agrarios y presione en la UE para que se anule de inmediato el Acuerdo. “Comprobamos con asombro e indignación cómo la UE y el Gobierno español están rendidos a las demandas de una contraparte, Marruecos, que utiliza un perfil negociador basado en el chantaje, en el que se utiliza el terrorismo, la inmigración y la droga como argumentos para obtener contrapartidas, que ponen en riesgo el futuro de los agricultores de la UE”, ha explicado el responsable agrario, quien ha aludido también a los efectos colaterales sobre los ingresos aduaneros y los consumidores de la UE, así como sobre los derechos de la población del Sáhara Occidental.
La "megalópolis del tomate" y sus efectos
Según denuncia el estudio ‘Derechos humanos y empresas transnacionales en el Sáhara Occidental; el caso del tomate’, presentado hoy por la ONG Mundubat y COAG, el acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos, junto a la falta de controles fronterizos efectivos, ha permitido que el rey marroquí construya en el Sáhara Occidental la "megalópolis del tomate”, uno de los mayores centros de producción de este cultivo a nivel mundial que explotan cinco grandes grupos empresariales, algunos participados por Mohamed VI y el ex ministro de Agricultura de Marruecos, en tierra fértil de los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
Y mientras que el Plan Generation Green marroquí pretende contar en 2030 con 5.000 hectáreas de producción hortícola en el Sáhara Occidental, “el epicentro de la producción nacional de esta hortaliza, Almería, ha perdido 2.200 hectáreas del cultivo en apenas 5 años ante la creciente presión de las importaciones (+170%)”, ha detallado Góngora.
El informe también documenta la vulneración de derechos fundamentales laborales de los saharauis y la usurpación de sus recursos naturales con fines agrícolas, así como el fraude a los consumidores europeos en el etiquetado de tomates y melones, que se etiquetan como si tuvieran origen marroquí cuando se producen en el Sáhara Occidental, según avala la sentencia del TJUE.
"Este fraude está perjudicando a los consumidores europeos y creando competencia desleal para los agricultores locales", denuncia Góngora, quien reclama una actuación inmediata de la UE para corregir la información errónea en los etiquetados y garantizar que los productos marroquíes respeten las normas de transparencia.
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