El Gobierno inicia la consulta pública de la Ley de Agricultura Familiar, llamada a garantizar el relevo generacional

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el trámite de consulta pública previa del proyecto de Ley de Agricultura Familiar, proceso que permanecerá abierto hasta el 3 de abril a fin de recabar la opinión de cualquier persona, entidad u organización antes de redactar el texto normativo.

La futura norma, un compromiso de legislatura adquirido en su investidura por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de una de las prioridades del Ministerio, persigue definir e impulsar la agricultura familiar a través de un conjunto de medidas que podrían, por ejemplo, priorizar este modelo en las diferentes líneas de ayudas, facilitar el acceso a la titularidad de la explotación, a la financiación o a las nuevas tecnologías, además de fomentar el relevo generacional y visibilizar el trabajo de las mujeres en la actividad agraria.

Para lograr un desarrollo completo de estas medidas, el Ministerio contempla modificar otras normas relacionadas con el sector, como las relativas a la titularidad compartida o el sistema de arrendamientos rústicos, entre otros.

La elaboración de esta nueva norma obedece a la necesidad de actualizar la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, que transcurridos 30 años desde su promulgación, requiere de una adaptación a la realidad social, económica y normativa, que además haga frente al solapamiento entre categorías jurídicas y a la dispersión normativa en este campo.

Según el ministro de Agricultura, Luis Planas, se trata de una norma fundamental para el futuro del sector agroalimentario y para determinar las prioridades de las políticas agrarias y el tipo de explotaciones al que preferentemente deben ir dirigidas las ayudas nacionales y de la Política Agraria Común (PAC). Por elló, explica, "es importante el proceso de escucha y diálogo que se abre para recabar las máximas aportaciones posibles y discutirlas con el conjunto del sector".

"El Gobierno es consciente de la función estratégica de la agricultura y ganadería familiares, ya que, por su asentamiento en el territorio, su capacidad para ofrecer alternativas de empleo a jóvenes y mujeres, y su positiva repercusión ambiental, es un elemento clave en la lucha contra el despoblamiento del medio rural y garantiza la cohesión social y territorial de las zonas donde se asienta", indica Planas.

Grandes desafíos del sector

Tanto la Unión Europea (UE) como la Organización de Naciones Unidas se han mostrado a favor del modelo de agricultura familiar por su condición de facilitador de la sostenibilidad social y económica del entorno. La ley hará frente a uno de los principales retos que tiene ante si el sector agrario, el relevo generacional. Según los datos del último censo agrario (2020), el 41% de los jefes de explotación son mayores de 65 años. Para superar este escollo son necesarias medidas de impulso a este modelo de agricultura y ganadería.

El censo agrario indica también que en la última década se ha reducido el número de explotaciones agrarias un 7,6%, hasta situarse en 914.871. La disminución ha afectado especialmente a las explotaciones de menor dimensión.

El sector agrario está inmerso en una profunda transformación hacia unos sistemas de producción más sostenibles, tanto económica como ambiental y socialmente. Ello implica que no sólo debe cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por la UE y sus objetivos ambientales, sino también lograr una actividad rentable y hacer frente a desafíos como la adaptación al cambio climático, la competencia de otros países y las necesidades de los consumidores.

En este sentido, la innovación, la digitalización y los nuevos conocimientos y técnicas disponibles, permiten lograr unas producciones más eficientes, rentables y sostenibles. Sin embargo, las explotaciones familiares, en ocasiones por su menor tamaño y capacidad financiera, pueden tener más dificultades para acometer las inversiones necesarias o beneficiarse de las ventajas que ofrecen las economías de escala. Por ello, es necesario apoyar de forma diferencial a las explotaciones familiares para que puedan mejorar y aportar beneficios a la sociedad y el medio ambiente.