La Junta carga contra el ‘impuestazo’ energético del Gobierno porque pone en riesgo “inversiones estratégicas” en Andalucía

Huelva/ Mientras crece el interés de empresas nacionales y extranjeras por instalarse en Andalucía, y especialmente en Huelva, para desarrollar proyectos de gran calado relacionados con el hidrógeno verde y las energías renovables, de fondo se mantiene la preocupación en las empresas y también en las instituciones locales y regionales por la intención del Gobierno central de mantener el llamado ‘impuestazo’ energético.

La primera en mover ficha fue Moeve (la anterior Cepsa), que hace menos de dos semanas puso en jaque al Ejecutivo central y en alerta a todo el sector industrial, a los ayuntamientos y al gobierno autonómico al anunciar que congelaba los 3.000 millones de euros que tiene previsto invertir en Andalucía para desarrollar su proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno, que tiene a Huelva como su principal exponente.

Pese a que hace solo una semana se filtraba que el impuesto podría retirarse tras las posibles negativas de los socios del Gobierno, lo cierto es que la preocupación crece tanto en el sector como en la Junta de Andalucía, ya que el gravamen sigue vivo en forma de enmiendas presentadas por BNG, Bildu y Sumar.

La presentación de Moeve, la nueva imagen de la antigua Cepsa, hace una semana parecía haber relajado los ánimos, pero fuentes de la compañía consultadas por este periódico confirman que el temor a que el Gobierno saque adelante el ‘impuestazo’ sigue en todo lo alto.

Una preocupación que la Junta traduce en números que hacen tambalear las expectativas del gobierno de Juanma Moreno de convertir a Andalucía en el mayor hub energético del Sur de Europa. Como ha defendido este miércoles en el Pleno del Parlamento Andaluz el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en Andalucía “están en juego más de 8.000 millones de inversión y más de 20.000 puestos de trabajo” por una medida que considera “arbitraria, abusiva e incongruente con las políticas de apoyo a la transición energética”.

Las cifras se vuelven especialmente importantes en Huelva, una provincia con 35.000 parados y con escasez de inversiones públicas. La fuga de proyectos en el sector energético destrozaría la economía onubense y las esperanzas de que Huelva aproveche su gran oportunidad de convertirse en la locomotora de la transición energética en el sur de Europa. Quedarían en la cuerda floja, y cogidos con pinzas, 4.000 millones de inversión y 12.000 puestos de trabajo. Casi nada.

El consejero de Industria, que precisamente ha visitado Huelva este miércoles para recibir, junto a la alcaldesa Pilar Miranda, a una delegación empresarial alemana que pretende establecer alianzas estratégicas con la provincia relacionadas con el hidrógeno verde y las energías renovables, ha insistido en que, de prosperar la implantación permanente del impuesto a las compañías energéticas, como promueve el Gobierno central, el perjuicio para Andalucía puede ser muy grave, ya que teme que suponga “una parálisis en inversiones estratégicas”.

Cabe recordar que el ‘impuestazo’ a las energéticas fue instaurado en la generalidad de los países de la Unión Europea como medida temporal a raíz del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, que provocó una subida desmesurada del precio de la energía. La mayoría de países ya ha retirado este impuesto, que además las compañías consideran injusto, ya que se grava sobre los ingresos y no sobre los beneficios. Esto supone una doble imposición ya que, posteriormente, las compañías deben pagar el Impuesto de Sociedades, que grava un 25% sobre los beneficios. Un ejemplo claro: el pasado ejercicio, Cepsa (ahora Moeve) tuvo pérdidas de 233 millones tras pagar 323 al fisco.

En este sentido, Paradela ha defendido que el impuestazo “contraviene por completo la seguridad jurídica, frena las inmensas posibilidades de desarrollo para nuestra tierra y ralentiza el trabajo del Gobierno de Andalucía en estos últimos años para aprovechar la ventana de oportunidad que nos abren las energías renovables, y el hidrógeno verde en particular, para que se transformen en una realidad industrial de futuro para la región”.

El consejero ha incidido en que “todo lo que suponga limitar el crecimiento industrial por la vía impositiva va a suponer una hipoteca difícil de superar por lo que, desde Andalucía, pensamos hacer frente con todos los instrumentos a nuestro alcance para evitar que se lleve a cabo”.