La Junta envía al TSJA el expediente de autorización ambiental de la mina de Aznalcóllar

Sevilla/ La Secretaría General Técnica de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ordenó el pasado 3 de febrero remitir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la documentación solicitada respecto a la autorización ambiental unificada (AAU) del proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a manos de la alianza empresarial promovida por Grupo México y Minorbis (Magtel) en el marco del recurso contencioso administrativo de Ecologistas en Acción contra dicha autorización. Este envío se ha producido ya, según confirman desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

En una diligencia de ordenación emitida el pasado 17 de enero y recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA aborda un recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra toda una serie de actos de la Junta con relación a la autorización ambiental unificada concedida a la empresa Minera Los Frailes, sociedad instrumental de Grupo Méxito y Minorbis, respecto a la explotación de la corta minera de Aznalcóllar

Entre los actos recurridos figura la resolución de 19 de septiembre de 2024 de la Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente que desestima el recurso de los ecologistas tras la resolución autonómica de 11 de julio de 2024 sobre la citada autorización ambiental unificada para la reapertura de la mina, cerrada desde 2002 tras la catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

En ese marco, la citada diligencia de ordenación de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA expone que con relación al recurso de los ecologistas contra tales actos, "habiendo transcurrido mas de 20 días desde la fecha de la comunicación de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente participando haber tenido entrada el oficio reclamando el expediente administrativo, sin que éste se haya recibido, reclámese el mismo de nuevo mediante oficio que se enviará por fax a la Administración demandada, que deberá remitirlo en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la entrada de esta comunicación en el registro general".

La diligencia de ordenación contiene la advertencia expresa a la Consejería de que "si no lo envía en el plazo indicado, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento notificado personalmente para formulación de alegaciones, el tribunal impondrá una multa coercitiva de 300 a 1.200 doscientos euros a la autoridad o funcionario responsable del incumplimiento", "multa" que "será reiterada cada 20 días hasta el cumplimiento de lo ordenado".

Ante ello, la Consejería solicitaba al TSJA una ampliación del plazo habilitado para remitir la documentación, dada "la gran envergadura del expediente, que cuenta con más de 3.000 archivos que deben ser indexados correctamente antes de su remisión".

"Actualmente, los servicios técnicos de la Consejería están trabajando en la indexación de la documentación para garantizar su envío al tribunal con todas las garantías. Para la Consejería, dar respuesta a este requerimiento judicial es una prioridad", destacaba la Administración.

La Consejería reiteraba así su "compromiso con la transparencia y el cumplimiento estricto de la normativa ambiental en el marco del proyecto de reapertura de la mina Los Frailes", asegurando que la tramitación de este expediente "se ha llevado a cabo con el máximo rigor técnico y jurídico, garantizando la evaluación de los posibles impactos ambientales y la aplicación de medidas preventivas necesarias para la protección del medio ambiente y la biodiversidad".

El proyecto cuenta con la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta; pesando de otro lado las insistentes advertencias de las organizaciones ecologistas sobre su impacto en el medio ambiente y en especial sobre los recursos hídricos.

Según avisan, el proyecto implica "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.