Lo que paga Pedro Sánchez por ser presidente

LOS últimos días, Pedro Sánchez ha acordado con Bildu derogar la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, condición que ponía el partido vasco para mantener su apoyo parlamentario al presidente del Gobierno.

Apenas unas horas antes del anuncio que hizo en el Congreso la portavoz del grupo vasco Mertxe Aizpurúa, se conocía la excarcelación de varios presos etarras condenados por su participación en los asesinatos del ex vicelehendakari Fernando Buesa, socialista; del concejal del PP en Málaga Martín Carpena y del fiscal destinado en esta misma ciudad Luis Portero.

El Gobierno de Sánchez, en 2021, había cedido las competencias penitenciarias al Ejecutivo vasco, a pesar del llamamiento a la responsabilidad de instituciones y personas físicas relacionadas con la Justicia y la aplicación de la ley en materia penitenciaria. Siempre se consideró esa cesión como una exigencia del PNV para mantener su apoyo a Pedro Sánchez, pero hace poco más de un año, el propio presidente del PNV, Andoni Ortúzar, afirmó que había sido Bildu el que puso ese asunto en la mesa negociadora de sus interlocutores socialistas. La confesión de Ortúzar, que es quien manda en el partido, no el lehendakari, fue especialmente significativa porque en aquel momento, y ahora, la principal preocupación del PNV es la subida espectacular del voto a Bildu, que podría acabar con las décadas en las que el PNV era el incuestionable ganador de las elecciones vascas.

El pasado jueves, The Economist, uno de los medios de comunicación más influyentes del mundo, no sólo por sus análisis e informaciones económicas sino también por los artículos relacionados con la política internacional, daba cuenta de algunas de las polémicas que se vivían en España por decisiones de Pedro Sánchez muy cuestionadas incluso por personas destacadas de su propio partido, y ponía en duda el respeto a la democracia ante las decisiones que tomaba el presidente para mantenerse en el poder.

Déficit democrático

Probablemente el punto de inflexión que ha provocado que no solo los medios de comunicación españoles –excepto los afines al Gobierno– sino también los extranjeros te expresen su preocupación con la deriva de las cesiones de Sánchez a las exigencias de sus socios, hay que buscarlo en la declaración que hizo Sánchez en la última reunión del Comité Federal –hoy limpio de críticos, sólo se mantienen los cargos electos regionales–, cuando dijo que llegaría hasta el final de su mandato presidencial con o sin el legislativo. Una declaración de demostraba abiertamente que al jefe de Gobierno español efectivamente le importan poco las normas que rigen en democracia.

Tampoco le importó hacerse con el control de las instituciones del Estado, rompiendo con la norma no escrita de pactar las direcciones con el principal partido de la oposición, ni le importó colocar al frente de alguna de ellas a personas con carné del PSOE o que habían ocupado cargos relevantes en los Gobiernos del PSOE. El último nombramiento ha sido el del ex ministro José Luis Escrivá al frente del Banco de España. Una decisión tan controvertida que el PP se negó a “blanquear” la designación y renunció a nombrar al vicepresidente de la máxima autoridad bancaria española.

Se comprende la inquietud generalizada que provocan decisiones de un jefe de Gobierno que traspasan todos los límites aceptables, un jefe de Gobierno que incluso se ha saltado las líneas rojas que se había marcado él mismo. Se recuerda estos días la respuesta que Pedro Sánchez, antes de ser presidente, dio a un periodista que le preguntaba si estaría dispuesto a negociar el apoyo de Bildu en el caso de que en un futuro necesitara sus votos. Ya había dicho que jamás negociaría con Bildu y en un tono de enfado reiteró “y si quiere se lo repito cinco y veinte veces”. Pues no sólo ha negociado sino que ha cedido. Hasta ahora, la política penitenciaria y, el jueves, la llamada Ley Mordaza. Según sindicatos y portavoces de Policía y Guardia Civil, les deja indefensos no sólo para actuar con firmeza antes quienes provocan inseguridad, sino que rebaja el castigo a quienes faltan al respeto a las fuerzas del orden o desobedecen a la autoridad.

Importa la prohibición de las bolas de goma contra manifestantes multitudinarias con alto nivel de agresividad, pero importa también que esos manifestantes agresivos no sufran apenas castigo si consiguen alcanzar a la Policía que intenta neutralizarlos o cortarles el paso.

Lo peor, la humillación

La lista de cesiones a partidos que “ayudan” a la gobernabilidad es larga, y destacan especialmente, además de las mencionadas para lograr el apoyo de Bildu, las concedidas a los independentistas catalanes. Además de las que exigían los peneuvistas, habituados por otra parte a negociar con todos los Gobiernos anteriores, pero que no han ido tan lejos como Bildu, el partido que acoge a quienes apoyaron a ETA e incluso a quienes han sido condenados por pertenencia a ETA.

El jueves, cuando se conoció que Bildu había conseguido la promesa de derogación la Ley de Seguridad Ciudadana, una de las quejas que se escuchaban en portavoces sindicales de Policía y Guardia Civil era que a partir de la derogación en el País Vasco recibirán órdenes de personas que habían jaleado o incluso participado en atentados que segaron la vida a compañeros.

En esa larga lista de cesiones a los independentistas, destacan especialmente los indultos a los implicados en los actos secesionistas, además de rebajar la pena del delito de malversación y derogar el delito de sedición. No conformes los independentistas, sobre todo Puigdemont que, desde su fuga vivía en Waterloo con gastos sufragados con dinero privado pero también público español, exigía la amnistía para los implicados. Se aprobó la amnistía. Ad hoc, hasta el punto de que Junts negoció la redacción de la ley para que afectara a personas muy concretas. Lo que hizo que se modificaran algunas aspectos del texto inicial antes de llevarla al Congreso, aunque ese texto inicial había sido elaborado por expertos cercanos al PSOE para que no incurriera en inconstitucionalidad. En medios socialistas se asegura que entre los asesores se encontraría el propio Conde Pumpido; aunque de ser cierto, el texto definitivo no es el que él habría aconsejado.

También cedió el Gobierno ante los independentistas para que se llevara a las instituciones europeas el uso del catalán, pero no va a salir adelante aunque el ministro Albares “trabaja” todo lo que puede en ese sentido. El asunto llegará al Tribunal de Justicia de la UE, y ahí es más que probable que se eche atrás la iniciativa, porque todas las lenguas regionales europeas exigirían el mismo trato.

No satisfechos con los muchos logros, los independentistas –en unos casos Junts, en otros ERC, hoy absolutamente enfrentados porque ERC ha apoyado la investidura de Salvador Illa e impedido así que Puigdemont pudiera ser presidente de la Generalitat– aprovecharon la excelente disposición de un Sánchez agobiado por lograr los apoyos que le garantizan su permanencia en la presidencia y presentaron su eterna reivindicación: un cupo igual al de los vascos. Siempre se negaron los sucesivos Gobiernos, por lo que supone de desigualdad entre españoles, incluso podría ser inconstitucional. No lo son los conciertos vasco y navarro, recogidos en la Constitución.

Sánchez dio vía libre, y sus negociadores han intentado, sin éxito, presentar el acuerdo con Cataluña como “singular”, sin mencionar la palabra cupo ni concierto económico. Queda pendiente la aprobación parlamentaria, pero los independentistas han puesto una nueva cruz en la lista de exigencias, con una que “colaron” a última: la expulsión automática de los inmigrantes que entran ilegalmente en España. Importante cesión, que el propio Marlaska siempre negó asumir. Pero se ha hecho, como otras tantas cosas, sin que un solo ministro moviera un dedo para mantener posiciones que defendían con uñas y dientes… y que han aceptado sin pestañear.

Es esto último lo que más duele. Negociaciones del Gobierno con un fugado de la Justicia que estaban obligados a detener, humillarse al aceptar negociar fuera con personas que serían detenidas, asumir la humillación de cambiar de posición en cuestiones de Estado aceptando también fecha, lugar y condiciones de negociación.

Lo último, de esta misma semana, promesa de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero habrá un suma y sigue.