Puigdemont pone en jaque a los Mossos

La nueva huida del ex presidente Carles Puigdemont, tras una efímera aparición en Barcelona, ha puesto a los Mossos d'Esquadra en jaque, con una lluvia de críticas por su actuación, en una crisis como la que ya afrontaron por su papel en el referéndum del 1-O de 2017, por las sospechas de politización.

La enésima crisis en los Mossos culmina una nueva legislatura convulsa para la Policía catalana, que desde que Joan Ignasi Elena (ERC) asumió la cartera de Interior en mayo de 2021 han sido objeto de constantes denuncias de injerencias políticas a raíz de los sucesivos cambios en la cúpula del cuerpo, liderado sucesivamente en este periodo por Josep Lluís Trapero, Josep Maria Estela y Eduard Sallent.

Y eso cuando los Mossos estaban recuperándose del mazazo que supuso para el cuerpo la imputación de su cúpula, entre ellos el mayor Trapero, por la supuesta connivencia de la policía catalana con el gobierno de Puigdemont para facilitar el 1-O, un proceso que se saldó con absoluciones.

Una desconfianza que amenaza con avivarse

No obstante, el papel de la Policía catalana ante el referéndum agrió sus relaciones con la judicatura y con otros cuerpos policiales, una desconfianza que se ha logrado disipar en los últimos años pero que ahora amenaza con reavivarse a raíz de la nueva fuga de Puigdemont.

Tras casi siete años fugado de la Justicia española, Puigdemont ha reaparecido este jueves en Barcelona, como había anunciado en los últimos días pese a que tiene vigente una orden nacional de detención, y ha ofrecido un breve discurso ante unos 3.500 independentistas en el paseo de Lluis Companys de Barcelona, a pocos metros de un amplio dispositivo policial, desplegado para la investidura del socialista Salvador Illa.

Tras el acto, Puigdemont se ha dado a la fuga, utilizando un vehículo blanco propiedad de un agente de los Mossos d'Esquadra, que ya ha sido detenido en el marco de una investigación de la Comisaría General de Información, que también busca al secretario general de Junts, Jordi Turull, para citarle a declarar por su papel en la huida de Puigdemont.

Desde Junts, la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha pedido explicaciones al presidente catalán, Pere Aragonès, y a Elena por el amplio despliegue para detener a Puigdemont, que ha comparado con el de un nivel de "alerta terrorista", ya que los Mossos han activado el dispositivo Gabia (Jaula), con controles policiales en toda Cataluña, tras constatar que el expresident les había burlado y se había fugado, como en 2017, también ayudado al menos por un agente de la policía catalana.

También ha sido crítica la expresidenta del Parlament Laura Borràs, que ha arremetido contra la detención de "uno de los mossos leales a la presidencia de la Generalitat en el exilio", mientras que desde sectores del independentismo se ha recriminado que la policía catalana usara gas pimienta para dispersar a un grupo de manifestantes que habían intentado acceder por la fuerza al parque de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlament.

Desde el polo opuesto, el sindicato de la Policía Nacional Jupol ha tachado de "escándalo" la actuación de los Mossos y ha considerado que los agentes han "permitido" su huida a pesar de tener una orden de detención en vigor, lo que considera una "dejación de funciones inadmisible", que han comparado a la del 1-O.

Los Mossos han salido al paso de las críticas en un comunicado en el que niegan cualquier acuerdo ni conversación previa con el entorno de Puigdemont y aseguran que el dispositivo que habían diseñado preveía que la detención se hiciese "de forma proporcional" y en el "momento más oportuno" para no generar desórdenes públicos.

Sin embargo, este escenario ha saltado por los aires cuando los Mossos han comprobado que Puigdemont se había escabullido sin que ningún agente lo pudiera evitar.

Un escenario incierto

El nuevo escenario que se abre para los Mossos tras esta crisis es incierto, porque a las consecuencias legales que pueda haber para los mossos implicados en la fuga de Puigdemont,se añade la inminente llegada del nuevo Govern de Illa, el primero sin ningún partido independentista desde 2010.

Illa ya anunció en campaña que situaría a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlón, como consellera de Interior, y al mayor Josep Lluís Trapero, que fue juzgado y absuelto por el papel de los Mossos en el 1-O, y posteriormente restituido y destituido al frente del cuerpo, como director político de la policía catalana.

Y todo ello cuando el proceso para nombrar a Sallent como mayor -el máximo rango en la policía catalana, de carácter vitalicio, que hasta ahora solo ostentaba Trapero-, ha sido paralizado cautelarmente por un juez. Su futuro, tras el episodio de hoy, queda todavía más en el aire.