El Supremo llama como testigo a Miguel Ángel Rodríguez en la causa contra el fiscal general

El Tribunal Supremo ha citado a las 10:00 del 8 de enero como testigo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como a ocho periodistas, que comparecerán entre ese día y el siguiente, en el marco de la causa donde investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos contra el novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, ha accedido así a lo solicitado por el propio García Ortiz y la jefa de la Fiscalía provincial de Madrid, Pilar Rodríguez -también imputada-, que en sendos escritos de la Abogacía del Estado interesaron estas diligencias al entender que contribuirán a arrojar luz sobre la filtración a la prensa de los correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, Julián Salto.

Sobre estas diligencias, el juez Hurtado expone en su auto que en la medida en que García Ortiz y Rodríguez las instaron en ejercicio de su derecho a la defensa no considera pertinente, "por el momento, poner límite a que se practiquen", si bien subraya que "será en los términos y bajo control" del alto tribunal.

En concreto, los Servicios Jurídicos del Estado aseguraron que "existen indicios de que Miguel Ángel Rodríguez accedió cuando menos a una parte del contenido de aquellos correos", que se empezaron a conocer la noche del 13 de marzo y acabó detallando la Fiscalía en una nota de prensa difundida al día siguiente.

Se basaron, para ello, en una información publicada por eldiario.es el 17 de octubre donde se afirma que 'La primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez: correos a varios medios antes del desmentido de la Fiscalía'; y en dos mensajes publicados por el jefe de gabinete en la red social X.

El primero lo publicó a las 22:41 del 13 de marzo: "Resumen de la locura de hoy: La Fiscalía ofrece por 'email' un acuerdo al señor González; antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes 'de arriba' para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio".

En el segundo, del 17 de octubre, Rodríguez indicaba: "Aclaremos: si doy información con copia de un 'email' oficial de la Fiscalía en el que se propone un acuerdo con González Amador ¿dónde está el bulo? Si se demuestra que el fiscal general paró la operación y se negó al acuerdo ¿dónde está el bulo? Republica bananera con B de Begoña".

La Abogacía asegura que los conoció "antes" que la Fiscalía

Para la Abogacía, "los documentos reseñados revelan, al margen de la veracidad o coincidencia con la realidad de la información, que Miguel Ángel Rodríguez propagó información manifiestamente falsa a propósito de la actuación desarrollada por la Fiscalía, que aquel tuvo acceso a los correos electrónicos que constituyen objeto de análisis en el presente procedimiento o, al menos, a alguno de ellos antes" que los propios investigados.

 Por ello, interesó su testifical "a fin de esclarecer: a qué correos electrónicos tuvo acceso; quién le facilitó el acceso a los correos electrónicos o le informó de su contenido; si difundió información relacionada con el contenido de los correos electrónicos y, en tal caso, a quién y en qué consistió; y si conoce qué personas conocían el contenido de aquellos correos electrónicos antes de las 21:54 horas del 13 de marzo de 2024".

 La Abogacía del Estado alegó que "se trata de una diligencia a todas luces pertinente y útil a fin de determinar el círculo de personas que razonablemente pudieron difundir el contenido de los correos electrónicos que constituyen objeto de este procedimiento".

 Y en este sentido recordó que, conforme a la jurisprudencia del propio TS, "cuando se revela un secreto y, más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado ya de serlo".

 "De ahí que en el presente caso resulta útil y pertinente conocer si a Miguel Ángel Rodríguez le consta, a la vista de que tuvo acceso al menos parcial a dichos correos, qué personas y, en especial, qué profesionales de la información pudieron haber tenido conocimiento de los mismos", incidió la defensa de los fiscales.

Pide información a La Sexta

El magistrado instructor también accede a la petición de García Ortiz y Rodríguez de citar a ocho periodistas que la noche del 13 de marzo informaron sobre el contenido de los citados emails.

La Abogacía del Estado solicitó esta tanda de testificales para determinar "quién fue el primero en difundir el contenido de ese correo electrónico y a qué hora tuvo lugar dicha difusión" porque ambas cuestiones "constituyen sendas incógnitas que en el presente momento procesal difícilmente podrán despejarse".

Cabe recordar que fue a las 21:29 del 13 de marzo cuando 'El Mundo' informó de que Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Entonces, según el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, desde la Fiscalía General del Estado se puso en marcha la maquinaria para conseguir la cadena completa de 'emails' entre la defensa y Salto. Éste se la remitió a Rodríguez y, ella a su vez a Fortuny, a las 21:59.

A las 22:10, La Sexta ya informó de que era González Amador quien había ofrecido un pacto a la Fiscalía. Posteriormente, otros medios fueron informando en el mismo sentido hasta que, a la mañana siguiente, a las 10:20, la Fiscalía de Madrid difundió una nota de prensa con la secuencia cronológica y el detalle del contenido de esos 'emails'.

Atendiendo a este relato, los Servicios Jurídicos del Estado pidieron al Supremo que requiriera a La Sexta la noticia publicada a las 22:10, argumentando que "resulta ilusorio" que desde las 21:59, cuando García Ortiz y Rodríguez ya tienen en su poder esos 'emails' y en ese lapso de apenas diez minutos, diera tiempo que éstos filtraran el contenido y el medio preparara la noticia y la lanzara.

Hurtado también acepta dicha diligencia, instando tanto a La Sexta como a El Mundo a que remitan las noticias "originalmente" publicadas a las 22:10 y a las 21:29, respectivamente.

No había cámaras pero sí un testigo

Por otro lado, el instructor resuelve peticiones pendientes de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), la cual alertó al juez de que el fiscal Salvador Viada había visto cómo el día que la Guardia Civil registró el despacho de García Ortiz, el 30 de octubre, el fiscal general y su 'número dos', María Ángeles Sánchez Conde, revisaron su teléfono móvil, por lo que pidió que se conservaran las imágenes de las cámaras de seguridad y, además, se citara a Viada.

En un principio, Hurtado pidió conservar esas grabaciones pero ahora explica que "no existe ninguna cámara de seguridad instalada en ese patio central, lo que conlleva la inviabilidad de la diligencia". En consecuencia, cita a Viada como testigo para las 10.30 horas del 10 de diciembre. Y ello porque cree que "la reunión de la que habla" la APIF, "cualquiera que fuera el momento, puede aparentar una muestra de una afinidad y proximidad con el investigado, que es conveniente aclarar ante las quejas formuladas por algunas de las acusaciones por tales muestras".

En ese sentido, la APIF solicitó citar también a la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, al sospechar que Fiscalía podía estar actuando en interés de García Ortiz y no "en defensa de la legalidad", así como para que indicara si ha abierto alguna investigación interna al respecto. "Por el momento", el TS descarta citarla pero sí la exige que informe de si "ha abierto algún tipo de expediente" por estos hechos y, en su caso, con qué resultado.