Cuando el litoral onubense se ahoga

Huelva/Hace poco más de un año, a finales de febrero de 2018 y en el inicio de marzo, un temporal dejó heridas de muerte a las playas de Huelva. La fuerza de las olas se llevó por delante el paseo marítimo de la Playa Central de Isla Cristina o el de Matalascañas, arrasó chiringuitos y pasarelas de acceso, dejó al aire colectores y tuberías en El Portil, La Antilla, Islantilla o Mazagón y arrancó de cuajo el faro del espigón de Punta Umbría.

Las administraciones se comprometieron a dejarlo todo a punto para la Semana Santa, pero muchas de las ayudas no llegaron a tiempo. A mediados de julio, ya en plena temporada estival, en playas como las de La Antilla, Nuevo Portil o Mazagón todavía eran visibles los efectos de los temporales, lo que llevó a los vecinos a movilizarse para presionar a la Subdelegación del Gobierno. Y no solo para paliar los daños recientes, sino para exigir una solución definitiva a la problemática.

Las dragas convivieron durante todo el verano con los turistas en nuestro litoral, con aportes de cientos de miles de metros cúbicos de arena e inversiones millonarias, pero insuficientes para empresarios y locales, que pusieron el énfasis en que las ayudas llegaron fuera de plazo y les echó a perder la temporada.

Las reivindicaciones de la movilización de pasado mañana pone por ello el foco en la necesidad de mejorar la infraestructuras de la costa, con un plan continuado de mantenimiento y regeneración de las playas que no se limite a actuaciones puntuales cuando las olas devoren el litoral, y con un plan de playas que promueva de una vez por todas infraestructuras de servicio como las conexiones de la A-49 con las localidades marítimas.

El sector turístico considera, de hecho, "inadmisible" que los planes que autorizan el desarrollo de actividades turísticas en la playa "no se realicen hasta bien entrado el mes de julio", según denuncia el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, Rafael Barba, quien remarca que la playa es el principal activo para el empresariado y "debe estar operativa y dotada con los servicios necesarios el mayor tiempo posible", como mínimo, desde Semana Santa.

El círculo la considera que es imprescindible la puesta en marcha inmediata de una solución definitiva a la regresión de la costa. Hay que tener en cuenta que más del 85% de la oferta de Huelva está ligada al turismo de sol y playa.

Pero también se exige desde la patronal un plan de conectividad que permita una "mayor permeabilidad entre los distintos destinos turísticos de la provincia", tanto por el desarrollo de las infraestructuras civiles necesarias, como por la implantación de un servicio de transporte público eficaz y suficiente.

Desplazarse desde El Rompido a Isla Cristina puede llevar a cualquier hijo de vecino a dejarse más de 40 minutos en la carretera. Pero, además, tampoco existe una conexión directa entre áreas limítrofes como Isla Cristina o Punta del Moral (es obligatorio pasar por Ayamonte) o El Rompido y El Terrón, lo que provoca serias dificultades a locales y visitantes en la movilidad interprovincial.

El acceso a la autovía de Portugal (A-49) y a los núcleos turísticos del litoral también son muy deficientes porque las comunicaciones entre las playas no son óptimas, toda vez que se tarda "una hora en hacer recorridos de cinco minutos".

Poco se habla de estas infraestructuras en este momento, por lo que la ciudadanía alzará la voz este 15-M para reclamar lo que es de justicia para una provincia como la onubense.

No hay que viajar mucho en el tiempo, basta con echar una ojeada a la hemeroteca del mes de noviembre, para encontrar a la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, supervisando las obras de emergencia que llevaba a cabo el Estado para reparar los daños causados por los temporales en la playa de La Antilla-Islantilla, actuaciones que se habían iniciado en el mes de septiembre.

Se aportaron 390.000 metros cúbicos de arena a lo largo de 4.400 metros de costa, que se sumaron a los 80.327 dragados en verano. La inversión rebasó los 3,4 millones de euros. Estos trabajos realizados por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, estuvieron coordinados con los ayuntamiento de Lepe e Isla Cristina.

En total, a finales del año pasado el Estado –según la Subdelegación del Gobierno– invirtió alrededor de 10 millones de euros para la recuperación de las playas afectadas por los vendavales. En Matalascañas la inversión ejecutada rondó los dos millones (1,3 millones para la reparación del paseo marítimo, 650.000 euros para la aportación de arena, y 50.000 euros para la restauración de la pasarela de acceso desde el Parque Dunar).

En Mazagón, la aportación de arena del fondo marino a las playas tuvo una inversión estimada de tres millones euros. En Isla Cristina alcanzó un montante de 160.000 euros (95.000 euros para redistribución de arenas y 65.000 euros para reparación de daños diversos).

Por su parte, en Lepe la cuantía superó los 3.500.000 euros, y en Ayamonte la inversión rebasó los 250.000 euros, fundamentalmente al redistribuir arenas y colocar geocontenedores.

En Nuevo Portil, la redistribución de arena para la playa significó una inversión de unos 50.000 euros, mientras que en El Portil la aportación de arena costó unos 270.000 euros, a los que habría que añadir unos 130.000 euros en reparación de accesos y geocontenedores.

Pedro Sánchez tenía previsto destinar a Huelva siete de los 88 millones de euros destinados a las costas españolas, como constaba en los Presupuestos Generales del Estado que finalmente no obtuvieron respaldo parlamentario.