Alcaldes independientes avalan acciones contra los "nómadas" y "reincidentes"

"Restricciones al empadronamiento, una modificación de la normativa e incluso la expulsión de determinadas personas que están como nómadas, que no tienen sitio donde vivir, un lugar en el que trabajar y que eso les lleva a la delincuencia". La cita es de Jesús Redondo, presidente del Partido Independiente Compromiso por Almonte (PICA), y constituye una de las propuestas centrales, en materia de seguridad ciudadana, de Independientes Colación por Huelva (ICxH), de la que es secretario de Organización.

Esta coalición que gobierna siete alcaldías de la provincia (Cartaya, Bollullos par del Condado, Linares de la Sierra, Higuera de la Sierra, Lucena del Puerto, Alosno y Escacena) tuvo ayer su particular puesta de largo en el hotel Tartessos de la capital onubense, donde arrancó su carrera electoral con un ideario conjunto no exento de polémica.

Porque, aunque en principio cada partido independiente optará por las medidas locales que favorezcan a sus vecinos, también asumen una serie de directrices a aplicar en cada pueblo. Y entre ellas figuran -cuando haya alarma social y especialmente en los municipios que tengan especial dificultad por "la gran afluencia de personas sin regular"- las medidas extraordinarias llevadas a cabo hace once días en Bollullos par del Condado tras la oleada de robos que vivió el municipio.

Estas medidas pasan por no facilitar el empadronamiento a quienes no acrediten su residencia al menos con un contrato de alquiler (en principio, la medida afectaba a los parados, aunque más tarde el alcalde, Francisco Díaz les salvó en un intento de no criminalizarlos) y por retirar las ayudas que prestan los servicios sociales a aquellos que hayan cometido un delito, incluso si la persona aún no ha sido juzgada.

Partidaria de endurecer las medidas contra la inmigración ilegal, a la que ayer se refirió Redondo en varias ocasiones como "nómadas", la coalición propone modificar el Código Penal para que la reincidencia salga más cara y dotar de más medios policiales a los pueblos en los que haya inseguridad, combatiendo así la "sensación generalizada de impunidad" que los independientes achacan al garantismo que otorga la Constitución y a la dejación de funciones por parte de las administraciones competentes.

"Tenemos buenos vecinos y amigos de otros países y aquí tienen su casa si vienen a convivir con honestidad, pero para los que tengan antecedentes delictivos o estén de manera nómada, sin oficio ni vivienda, que en muchas ocasiones les lleva a la ilegalidad, se agilice el trámite de expulsión", determina el manifiesto de la coalición entregado ayer a los medios de comunicación.

La agrupación aboga por que se adopten medidas ante el "sentimiento xenófobo" en la población y ante la coyuntura de que "no paran de llegar a nuestros pueblos inmigrantes sin papeles que copan los servicios públicos, sanitarios y de seguridad, buscando un empleo del que ahora no disponemos ni siquiera para nuestra gente", según el citado documento.

Francisco Díaz, que destacó los "resultados positivos" de las medidas puestas en marcha en su municipio, negó que éstas prendan la mecha de la xenofobia, aduciendo que es la inseguridad ciudadana la que la genera, al tiempo que señaló que lo excepcional de la situación en Bollullos obligó a tomar medidas también excepcionales y que ahora "los demás compañeros han visto que, si se produjeran esas circunstancias, lo correcto sería aplicarlas". No en vano, apuntó que "en Bollullos hay ahora "mucha tranquilidad".

Por si quedaba alguna duda del mensaje, Redondo advirtió de que "no podemos ser un país de maricomplejines" (usando el apelativo con el que Losantos arremete contra Rajoy), por lo que habrá que tomar medidas contundentes, llámese modificación de los procesos de expulsión, "con esas personas que están en una situación absolutamente irregular, que no tienen ningún tipo de documentación que les soporte en España, que no tienen una vivienda, que no tienen un permiso de residencia y que no pueden obtenerlo porque no están en condiciones de hacerlo, y que son personas que ocupan los servicios públicos y los servicios sanitarios".

Medidas que, en su opinión son necesarias para que no paguen justos por pecadores, ya que "tenemos muchísimos vecinos que conviven con nosotros de una manera absolutamente perfecta" y al final "pagan por esos nómadas, por esas personas que hay que están sin regular y que al final se ven abocados en muchos casos, porque no pueden trabajar, al mundo de la delincuencia".

Juan Polo, presidente de la coalición y alcalde de Cartaya, donde el 24% de la población es inmigrante, precisó que en estos momentos no ve necesario aplicar estas medidas en su localidad, si bien una vez más incidió en la necesidad de apostar por la mano de obra local en la campaña agrícola frente a la contratación en origen. "No queremos echar a nadie de nuestros pueblos y además la competencia la tiene la Subdelegación del Gobierno. Nosotros intentamos paliar lo máximo posible los problemas que vienen derivados de esta inmigración que no podemos controlar", aclaró.