Andalucía, tercera comunidad en adopciones internacionales

España es la primera potencia a nivel mundial en adopción internacional en términos relativos, según la directora del ciclo 'Adopción nacional e internacional: estado de la cuestión', Isabel Machado. Este seminario se enmarca dentro de la oferta de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía que tienen lugar en la sede de La Rábida.

Machado comentó que, si se toman en cuenta criterios cuantitativos, España ocuparía la segunda posición por detrás de Estados Unidos, que cuenta con más de trescientos millones de habitantes. La coordinadora añadió que, a nivel autonómico, Andalucía se sitúa en la tercera posición en cuanto a número de adopciones, siendo superada únicamente por Cataluña y Madrid.

La coordinadora del seminario se refirió a las cifras de adopciones tanto internacionales como nacionales en Andalucía durante el año 2008. Según Machado, se tramitaron un total de "980 solicitudes de adopción internacional", dando como resultado que "unos 520 niños vinieran adoptados" a España, la mayoría procedentes de China, Rusia, Kazajstán y Etiopía. En cuanto a las adopciones nacionales, la Administración tramitó "196 propuestas", la mayoría de las cuales, precisó, corresponde "a niños con necesidades especiales".

La directora indicó que las adopciones en España vivieron "un auge muy importante cuya punta se produjo en 2004", pero a partir de ese año, "hay un ligero descenso" Esta bajada se justifica, según Machado, en que en los últimos años "se aplican políticas de apoyo a la familia en los países de origen de los niños". Otro de los motivos de este hecho es que estas naciones hacen valer el "principio fundamental de todos los derechos de los niños", como es "el derecho a permanecer en su propio entorno familiar y en su propio país". Por esto, la coordinadora afirmó que "la adopción internacional siempre sería una medida subsidiaria de otras que se pueden adoptar" en el país de origen del niño.

Laura Martínez-Mora, de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, explicó a este respecto que en los estados de origen de los niños hay más personas que necesitan adopción que familias dispuestas a acogerlos a causa de que "sus sistemas de protección de la infancia están menos desarrollados". Además, estos países suelen contar con menos recursos materiales y económicos.

Martínez-Mora, quien participa en el curso como ponente, apuntó que desde La Conferencia de La Haya se impulsa "un programa de asistencia técnica que ayuda a países a poner en marcha este convenio", al tiempo que añadió que "una de las primeras cosas que hay que hacer es apoyar el sistema de protección de la infancia" de estos países. Otro de los puntos a los que se refirió fue a la importancia de "trabajar con la familia de origen en el país". Si no es posible evitar la adopción, señaló, "vamos a intentar encontrar una familia en el mismo país. Y si no es posible iremos a la adopción internacional".

La ponente resaltó que "la gran mayoría de los niños que necesitan ser adoptados tienen necesidades especiales". Martínez-Mora continuó destacando la importancia de "formar e informar a las personas que están interesadas en adoptar", ya que "mucha gente quiere adoptar, pero los niños que realmente necesitan ser adoptados no son del perfil que las familias están buscando".

María Teresa Camacho, senadora por Huelva, indicó que en España "hay institucionalizados 30.000 niños, de los cuales solo 3.000 son adoptables", y que, cada año, no se adoptan más de 700 u 800". El hecho de que sólo se pueda adoptar al 10% de los niños institucionalizados se explica, según Camacho, en que muchos de estos niños siguen teniendo vínculos con su familia biológica.

Sobre los plazos temporales de la adopción, Machado explicó que los procesos judiciales retrasan en gran medida las solicitudes de adopción. La coordinadora afirmó que "unos casos se resuelven en unos pocos meses y otros en casi once años". A este respecto Camacho indicó que en la futura ley de Adopción se incluirá una cláusula con el objetivo de reducir los plazos "a un límite máximo de dos años".