La Audiencia evita archivar un caso de bebé robado por prescripción

Espaldarazo de la Audiencia Provincial de Huelva a los asuntos de las supuestas sustracciones de recién nacidos en clínicas y hospitales onubenses entre los 50 y los 90 del siglo pasado. El presidente de la Audiencia, a la par titular de la Sección Primera, Jesús Fernández Entralgo, ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra el archivo del caso de la presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo, un cierre que había decretado el juzgado de Instrucción donde recayó el proceso al considerar que el delito por el presunto robo de su hermana en 1968 había prescrito.

Con este golpe de timón, el tribunal "evita el archivo definitivo de los procedimientos penales abiertos en Huelva", según indicó ayer a este rotativo el abogado de la asociación, José Luis Orta, puesto que consecuencia directa del auto dictado por la Sección Primera es la "obligación de los juzgados de Instrucción a que reabran de nuevo la investigación de los asuntos que no han sido finalizados" por prescripción.

En un auto extenso -nueve páginas- y "de gran proyección jurídica", Fernández Entralgo invoca preceptos tan generales como la finalidad del procedimiento penal, consistente en la investigación, enjuiciamiento y resolución del conflicto. En Huelva sólo existía hasta ahora un precedente similar, un recurso resuelto hace dos meses por la Sección Tercera sobre otro caso de bebés robados, también favorable a las víctimas. La diferencia de aquel dictamen judicial que rubricó el magistrado que presidirá la Audiencia a partir del 11 de mayo, Antonio Pontón, y el del actual presidente, Jesús Fernández Entralgo, estriba en la profundidad con que el segundo aborda el asunto de Esperanza Ornedo, una minuciosidad digna de elogio y que, previsiblemente, creará jurisprudencia, abriendo una puerta a la esperanza a las víctimas de toda España.

La presidenta del colectivo onubense denunció ante el Ministerio Fiscal en enero de 2011 -junto con otros afectados- la desaparición de su hermana justo después de nacer, el 23 de marzo de 1968. Su madre, Purificación Mulero, la alumbró en una camilla del Manuel Lois. Era una cría "sana, grande y muy bonita". Incluso la vio moverse, pero a las pocas horas le anunciaron que había fallecido.

Hace unos meses el juzgado donde se tramita el proceso decidió dar carpetazo a la causa, pero fue el propio fiscal jefe, Jesús Jiménez Soria, quien decidió recurrirla. El pronunciamiento de la Audiencia "es un paso adelante en esta lucha", manifestó ayer Ornedo, "porque teníamos mucho miedo de que se cerrara, que es la tónica general en España, por lo que estoy muy agradecida y feliz".

Según ha podido saber este periódico, la Audiencia no desecha la idea de que la primogénita de los Ornedo Mulero fuera sustraída, al tiempo que no ve imposible que se hubiera orquestado una suerte de pieza teatral de sepultura sin cadáver o que se hubiese enterrado a otro bebé que no fuera el de los afectados en el cementerio de La Soledad. La manipulación de los documentos y certificados de nacimiento y defunción es otro de los pilares sobre los que se asienta la decisión final de la Sección Primera.

El auto contempla además la posibilidad de calificar jurídicamente los hechos, según cada caso, en delitos de sustitución y sustracción de menores o detención ilegal y a su vez, considerar estos delitos como permanentes (no prescritos) o de consumación continuada, en los que no comenzaría a computar el plazo de prescripción hasta que el bebé que fue robado -persona adulta en la actualidad- supiese su circunstancia.

Hasta la fecha, muchos juzgados ni siquiera iniciaban la instrucción del proceso y decretaban el archivo provisional de los asuntos. A juicio de José Luis Orta, "a partir de este auto, si la propia Audiencia sigue la línea marcada, todos los procedimientos archivados provisionalmente volverán a reabrirse y a continuar hasta el final sus investigaciones". Por este motivo "Huelva marca un antes y un después con esta resolución", que podrá ser invocada por muchas familias para que su causa llegue hasta el final de la instrucción.

A nivel práctico, explicó el letrado, los jueces de Instrucción "se verán obligados a tomar declaración, bien como testigos o como imputados, a aquellas personas que se vean relacionadas con cada caso en concreto", ya sean profesionales sanitarios que participaron en procesos cuya claridad sea puesta en duda (ginecólogos, pediatras, matronas, enfermeras, etcétera) e incluso aquellos que intervinieron en los procesos administrativos en el Registro Civil o en los propios historiales clínicos o que tuvieran vinculación con los asuntos de una u otra forma, caso de algunos religiosos.

Tanto Orta como Esperanza Ornedo remarcaron que la estimación del recurso de apelación constituye "un éxito impensable hace unos meses que fortalece el sistema judicial y su credibilidad".