Huelva pone las miras de 2020 en la “urgencia” de la Ciudad de la Justicia

Huelva/La Justicia onubense hace inventario de 2019. En el plato positivo de la balanza se coloca la orden para la creación del segundo órgano de Familia de Huelva, el Primera Instancia 9, que entrará en funcionamiento el próximo 30 de junio, y la venidera reagrupación de la jurisdicción civil en un único inmueble de la Alameda Sundheim, el que fuera sede de la Delegación de Educación.

Pero este movimiento de ficha trae consigo una consecuencia clara: se agrava la dispersión de emplazamientos judiciales. Porque los tres juzgados de lo Contencioso-Administrativo se ven obligados a migrar a la calle Aragón, donde se habilitarán unas instalaciones para que puedan acomodarse dentro de unos meses.

Es decir, que de nuevo la capital onubense tendrá cinco ubicaciones distintas para sus juzgados: las citadas exsede de Educación y la de la calle Aragón, el Palacio de Justicia, el edificio de Vázquez López (donde se integran la jurisdicción social y Vigilancia Penitenciaria) y las dependencias del Matadero (emplazamiento del Juzgado y la Fiscalía de Menores).

El presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, Antonio Pontón, lo tiene claro. "La única solución es la Ciudad de la Justicia", una afirmación en la que coincide plenamente el decano de los jueces de Huelva, José Manuel Borrero, que la tilda de "imprescindible" y añade que "hay que buscar ya una salida a esta situación".

Pero la Ciudad de la Justicia es algo más que un simple edificio. "Es necesaria y no solamente por la dispersión, sino si queremos una justicia del siglo XXI y no una Justicia decimonónica", señala el presidente de la Audiencia.

Poco tiene que ver la Huelva de ahora con la de 1835. Han pasado casi dos siglos. "Si analizamos el origen de la distribución territorial tendríamos que hablar de la regencia de María Cristina, del general Espartero, todavía del Tribunal de la Inquisición... Esa es nuestra base territorial, parcheada evidentemente, en los partidos judiciales".

Pontón lamenta que los tribunales de instancia hayan desaparecido "del lenguaje y ni se les espera", porque tienen forma colegiada y "rentabilizarían los medios". A su juicio, hablar de la creación de juzgados no atiende a las necesidades actuales de la Administración de Justicia.

"Y esto viene a propósito de la Ciudad de la Justicia, porque para que haya tribunales de instancia tiene que haber Ciudad de la Justicia, ya que la forma colegiada requiere ese espacio" de 45.000 metros cuadrados previsto, añade. Así que desde su punto de vista la puesta en marcha de esta edificación en el Ensanche Sur "es el futuro". Sin ella "no vamos a poder desarrollar una administración del siglo XXI", remarca, y es una cuestión "de urgencia".

El presidente del máximo órgano de la provincia observa que la renovación judicial "no se puede hacer en cinco años, de ahí la necesidad de que haya un Pacto de Estado por la Justicia, porque en un lustro no puedes cambiar las estructuras de la regencia de María Cristina".

No solo es una cuestión de tiempo, sino también de dinero. "Hay que invertir. Las leyes no pueden aparecer diciendo ‘Disposición adicional: esta ley carece de memoria económica’, porque al final no sirven para nada".

Antonio Pontón, por otra parte, valora positivamente la creación del Juzgado de Familia 2, pero "que no se haya creado el Juzgado de lo Social 4 es muy negativo porque la situación de estos juzgados es muy complicada". Lo cierto es que esta coyuntura, que lleva los señalamientos de vistas orales a 2022, es general en la jurisdicción laboral "de toda Andalucía".

Afirma que esta sobrecarga viene dada porque "hay pocos órganos y porque hemos vivido una época de crisis económica muy importante y todo el devenir de la sociedad tiene repercusión en los juzgados."

Y claro, la "ausencia de una planificación judicial trae estas consecuencias. Al final siempre hay que ir apagando fuegos".

Para Pontón, Ayamonte "también es un ejemplo clarísimo de lo que decimos de estructuras ya sobrepasadas". Tiene cinco juzgados de Primera Instancia e Instrucción, pero "si hubiese un órgano colegiado, seguro que la rentabilidad de esos cinco jueces que hay ahí, de los cinco letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y de los funcionarios tendría un rendimiento superior".

Por ello él no aboga en el partido judicial costero por el sexto juzgado para descongestionarlo, sino por "un órgano colegiado" con secciones especializadas, que funcione de un modo similar al de la propia Audiencia Provincial.

En materia de infraestructuras, adelanta a este diario que en este año 2020 se avanzará en el proyecto del edificio judicial de nueva planta ayamontino. "Se van a iniciar los trámites burocráticos, cuándo podamos verlo en marcha es difícil de aventurar".

En Moguer la congestión judicial clama al cielo. El Juzgado de Instrucción 2 soporta con lo mínimo la carga del procedimiento de los supuestos vertidos de Ercros al río Odiel y la macrocausa del incendio de Doñana, que ya lleva más de 15.000 folios. "Tiene funcionario de refuerzo, pero ciertamente es preocupante". Pontón ha estado recientemente realizando una inspección en las instalaciones y ha corroborado que "la plantilla es muy corta".

Desde su prisma, "en este siglo no tiene ningún sentido un partido judicial de Moguer, sino integrado en un órgano colegiado que comprendiera una zona comarcal", si bien esto no significaría la eliminación de las dependencias judiciales "aunque no se llamen juzgados y se llamen de otra manera, esto no significa que se va a arriar la bandera".

2019 se ha acabado, por otra parte, con un atasco monumental en los juzgados de las cláusulas abusivas: más de 6.500 casos por resolver al finalizar el primer semestre. Los juzgados especialistas en la materia, el Primera Instancia 8 y el 6 Bis, señalan ya los juicios para finales de 2021.