Confirmada la cárcel para el dueño de una empresa de Huelva porque "sabía la ilegalidad" del dinero de los ERE

Huelva/La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla dejó este miércoles visto para sentencia el juicio promovido contra un empresario por un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos, derivado de los 300.000 euros recibidos por su empresa de concesionarios de coches, mediante el mecanismo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía y las ayudas arbitrarias y sin publicidad.

Durante esta última sesión del juicio, la fiscal del caso ha confirmado a grandes rasgos sus conclusiones iniciales, reclamando para Juan José G.D., administrador y director general de la empresa Tartessos Car S.L., con sede en Huelva, tres años menos un día de prisión como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso con malversación de caudales públicos, así como siete años y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público y seis años menos un día de inhabilitación absoluta y la obligación de restituir a la Junta los mencionados 300.000 euros.

Según la fiscal, el acusado dirigía Tartessos Car S.L., con sede en Huelva, cuando desde el segundo semestre de 2007, la empresa incurrió en "un endeudamiento de alrededor de siete millones de euros" que agravó su "situación de liquidez" al caer las ventas por "consecuencia de la crisis".

En ese marco, según la fiscal, el inculpado, "sabedor de que la Junta a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo podía proporcionarle liquidez inmediata al margen del procedimiento establecido, tras reunirse con el entonces director general de Trabajo", Juan Márquez, quien ostentó el cargo de 2008 a 2010; "consiguió que este beneficiase injustamente a Tartessos Car con 300.000 euros".

Juan Márquez, recordémoslo, está condenado a cárcel por malversación en la causa del mecanismo específico de financiación de los ERE fraudulentos sufragados por la Junta de Andalucía, si bien su pena de prisión está suspendida provisionalmente al reducir la misma el Supremo de siete a tres años.

Márquez fue excluido de esta pieza separada de los ERE, al haber sido juzgado ya en la citada causa principal del asunto, sobre el denominado como "procedimiento específico" de financiación.

"Sin expediente alguno para la subvención"

La entrega de los fondos a Tartessos Car fue consumada, según la Fiscalía, "sin expediente alguno" para ello, sin solicitud oficial de la mercantil y "sin memoria justificativa de la finalidad pública e interés de la ayuda".

En ese sentido, en esta última sesión del juicio, centrada en las conclusiones y los informes finales, la fiscal del caso ha considerado en su informe que no se sostiene la "versión exculpatoria" del acusado, basada en su alegada "ignorancia" de lo ilegal del asunto.

Recordemos que en su comparecencia, el acusado exponía que dada la "crítica" situación de la empresa, solicitó "una ayuda a IDEA", entidad pública dependiente de la Junta que inicialmente rechazó conceder fondos a Tartessos Car a cuenta de sus deudas con la Seguridad Social.

Tras ello, según su relato, acudió a la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y entonces, el abogado de la entidad patronal le "informó de que la Junta estaba estudiando unas ayudas previas a las de IDEA", tras lo cual este letrado de la patronal le habría solicitado documentos como "una carta con las necesidades" de la empresa, de cara a su entrega a la Junta. Posteriormente, según sus palabras, el abogado de la FOE le transmitió que la Administración andaluza "estaba estudiando" el caso de Tartessos Car y "posiblemente" aportase fondos a la empresa, como así sucedió con el ingreso de 300.000 euros.

En ese sentido, el acusado defendía que él no conocía a Juan Márquez ni se ha reunido nunca con él, remitiéndose a la actuación del abogado de la FOE, quien "se dirigiría a quien fuera". "Yo no he tenido ninguna actuación con la Junta ni con las autoridades políticas. Nunca he visto a Márquez", aseguraba, manifestando que entendió que los citados 300.000 euros transferidos eran una "medida provisional que luego se iba a descontar" de los fondos que habían sido solicitados a IDEA.

Empero, la fiscal del caso ha expuesto que esta fórmula de consecución de la ayuda implicó una "omisión esencial del procedimiento" administrativo legal y una "disposición libérrima e injusta de fondos públicos", ante la cual el empresario "sabía que para obtener una ayuda primero había que realizar una solicitud" formal y después presentar la correspondiente documentación, extremos no acontecidos; siendo además consciente de que tampoco "tuvo que firmar" documento alguno para recibir el dinero.

El acusado, según la fiscal, era consciente de que "todo se gestó con negociaciones verbales" y de que "no tendría que justificar" el destino de los fondos públicos cosechados, con lo que "era consciente de la grosera ilegalidad" implícita en esta obtención de dinero público, siendo igualmente quien firmó el documento de estudio de necesidades de Tartessos Car remitido a la Administración andaluza, lo que a su entender le implica.

Además, la fiscal ha avisado de que el delito de malversación no requiere "un enriquecimiento personal o lucro" propio, precisando que dicho delito ya quedó cometido al ser entregado el dinero en la cuenta bancaria de Tartessos Car. De todos modos, y tras alegar el empresario que los fondos fueron usados para "pagar nóminas" adeudadas a la plantilla, la fiscal ha alertado de que tal extremo "no ha quedado acreditado".