Crimen de Cartaya: La familia de Samuel pide que se geolocalice al hijo de uno de los investigados
La acusación recurre ante la Audiencia el fin de la instrucción y reclama que se realicen las diligencias denegadas, como la declaración de J.M.P.V. tras el hallazgo de su ADN en un coche clave
Huelva/La fase de instrucción del doble crimen de Cartaya, en el que fueron asesinados Samuel Vizcaya y Manuel Bellido Granado el Domingo de Ramos de 2019, ha finalizado. Así lo dictaminó el pasado 21 de diciembre el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Ayamonte en una providencia a la que ha accedido Huelva Información y por la que el juez ordena que se transformen las actuaciones como procedimiento ante el tribunal del jurado.
En el mismo documento judicial, el instructor deniega las diligencias de investigación propuestas por la familia de Samuel, que le resultan "del todo impertinentes" por considerar que es en el juicio "donde las partes han de hacer valer sus argumentos".
A esto suma que la acusación particular "ha contado con un más que dilatado intervalo temporal para solicitar las diligencias de investigación que pudo considerar pertinentes, sin que resulte factible dilatar por más tiempo la instrucción", especialmente cuando los cartayeros J.A.M.B. y J.M.P.P llevan un año y diez meses en prisión provisional por el doble asesinato.
Los letrados de Samuel Vizcaya apelan ahora a la Audiencia Provincial para que reabra la instrucción y admita las diligencias propuestas: la declaración del hijo de J.M.P.P, el joven cartayero J.M.P.V., como investigado por el hallazgo de su ADN en la furgoneta donde presuntamente fueron traslados los cadáveres desde la finca en que se produjeron los hechos al pozo donde fueron encontrados por la Policía Nacional; el análisis de la geolocalización del teléfono de este último y el acceso al tráfico completo de sus llamadas y mensajes, y la declaración de otro hombre como testigo.
Tal y como consta en el recurso de apelación analizado por este periódico en primicia, la acusación particular entiende que la providencia del instructor "no contiene una fundamentación suficiente en relación a tan esenciales decisiones", lo que a su juicio vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Por eso insiste en la procedencia de practicar esas diligencias, especialmente "tras la aparición de un hecho nuevo de carácter fundamental: el informe de ADN".
Los abogados de la familia de la víctima onubense discuten al instructor que diga que han tenido mucho tiempo para solicitar esas diligencias, teniendo en cuenta que el informe sobre el material genético elaborado por la Brigada de Policía Científica de Huelva está fechado el 20 de noviembre de 2020, "un hecho absolutamente novedoso en este punto de la instrucción".
Recuerdan los juristas a la Audiencia Provincial que en la furgoneta Renault Kangoo intervenida el 3 de mayo de 2019 se localizaron manchas de sangre del imputado J.M.P.P. "Se analizaron hasta siete vestigios que arrojaron como resultado ADN compatible con el de dicho investigado en el portón de la furgoneta, en el asiento delantero izquierdo (mezclado con otro perfil genético), en el volante y en una botella", se explica en el recurso.
La acusación evidencia en este punto que existe "una clara posibilidad de que los restos hallados obedezcan a las heridas sufridas por J.M.P.P. el 14 de abril de 2019, presumiblemente al golpear repetida y violentamente a Manuel Bellido Granado, toda vez que en el análisis del cañón de la escopeta intervenida" se halló sangre de ambos.
Pero lo fundamental, desde su punto de vista, es que en el asiento de la Kangoo el perfil genético de J.M.P.P. está mezclado con el de su hijo, J.M.P.V., "cuya declaración, por tal motivo, se solicita en este momento".
Este resultado científico, unido a que el hijo del investigado "reconoció haber estado en posesión" del vehículo en la jornada de autos y “los días que lo rodean”, amén de "las incongruencias en su relato con respecto a lo manifestado por su padre, lo relacionan irremediablemente con los hechos investigados", se matiza en las alegaciones complementarias.
Todo lo expuesto "aporta verosimilitud a la declaración de J.A.M.B." del pasado septiembre, según la acusación, en la que este investigado dijo por un lado que "los cuerpos se quedan en el campo. En la cárcel le confiesa J.M.P.P. que fue él con su hijo el que se desplazó posteriormente al campo, cubrió con plásticos los cuerpos y los tiró al pozo. Que fue con la Renault Kangoo, introdujo los cuerpos en ese coche y se desplazó para tirarlos al pozo"; y por otro, que "el día de los hechos no se recogieron los cartuchos. Según le confesó J.M.P.P., al amanecer fue con su hijo a recoger los cartuchos y a deshacerse de los cadáveres".
Teniendo en cuenta todos estos argumentos, los letrados de los Vizcaya Calderón subrayan que su petición no es "producto de un mero capricho o arbitrariedad, sino que son consecuencia directa de la aparición de un dato nuevo, no obrante en la instrucción hasta ese momento, y que resulta absolutamente esencial para la investigación de los hechos y para la más que probable imputación de J.M.P.V.".
La nueva declaración de uno de los testigos del caso obedece a que podría acreditar la participación del hijo del investigado "en intentos anteriores de acabar con la vida de Manuel Bellido", lo que según los letrados remarcaría la "absoluta falta de lógica de la versión mantenida por ambos", que apunta a que "el hijo desconocía absolutamente los planes de su padre y era ajeno a los mismos". Finalmente, agregan en las alegaciones, "demostraría una tendencia homicida en J.M.P.V. y a los límites que el mismo estaba dispuesto a franquear".
El abogado defensor de J.A.M.B. se ha adherido al recurso de apelación de la acusación y subrayó a este periódico que, "si ya se intentó el asesinato antes, con intervención de otras personas, no es una cuestión baladí".
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