Cuando se deja morir al CEUS al caducar su Declaración de Impacto Ambiental

Huelva/El pasado 16 de septiembre se asistía en la sede del Instituto de Técnica Aeropespacial de El Arenosillo en la localidad de Moguer a uno de los actos más difícilmente entendibles que se recuerdan en la provincia. Los responsables de la institución dependiente del Ministerio de Defensa y el consejero de Economía de la Junta de Andalucía –los dos máximos responsables de llevar adelante el proyecto del Centro de Vuelos no Tripulados (CEUS)– firmaban un protocolo de actuación para una infraestructura que, de antemano, sabían que no se iba a llevar a cabo. Culminaba así un proceso de ocho meses con el portazo del Ministerio de Defensa, último responsable de que las obras no se iniciaran. Pero no son los únicos.

Lo cierto es que desde que Huelva Información publicara el pasado 27 de enero la alarmante cercanía de la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental, hasta que ya se ha hecho efectiva, han pasado ocho meses en los que la inoperancia de algunos han conseguido paralizar un proyecto que iba a suponer aquello que se ha convertido en un mantra en todos los discursos, la “creación de riqueza y empleo” que, al menos momentáneamente se ha perdido. Ni siquiera sirve el recurso a la paralización económica derivada de la pandemia, como causante de la dilación de los trámites, porque se podrían haber hecho sin el más mínimo inconveniente.

En un principio, Rogelio Velasco fue la figura en la Junta –la única hasta los meses finales en las que varios corrieron a reclamar lo que era ya imposible– que más apostó por el proyecto. Por eso cuesta entender a todos su postura del último día, la firma de un convenio de colaboración con un Ministerio que ya había dado el no definitivo.

Desde finales de enero hasta ese 16 de septiembre, varias fueron las personas que, desde Huelva y fuera de ella, apostaron por la realización del proyecto. Habría que empezar por el propio INTA en El Arenosillo que, con la obediencia debida a sus superiores jerárquicos, sí que veían en el Centro de Vuelos Tripulados, una infraestructura capaz de hacer desarrollar sus capacidades plenas.

En Madrid las cosas se veían de otra manera. En el Ministerio de Defensa, el relevo del secretario de Estado, Ángel Olivares, poco partidario de la puesta en marcha del CEUS, por una persona de la entera confianza de la ministra Margarita Robles, no hicieron si no entorpecer las negociaciones. De hecho, la titular de la cartera se negaba de manera constante incluso a responder a cartas y llamadas de teléfono realizadas desde la Consejería de Economía.

La pandemia le sirvió de excusa y expuso el recorte de fondos para no querer implicarse en su desarrollo, cuando ni tan siquiera sería necesario poner un euro encima de la mesa para haber impedido que la DIA caducara.

Desde la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos, hizo lo que pudo por agilizar los trámites. De hecho, fue uno de los que primero entendió la urgencia de los mismos. Su localidad, Moguer, se jugaba mucho y lo sabía. Por eso se apresuró a regularizar los terrenos que ya ocupaba el INTA en ElArenosillo. Sus responsables temían una legislación medioambiental más estricta por parte del nuevo Gobierno y da la impresión que era lo único que buscaban. Los hechos que siguieron a este trámite, abundaban en esta idea.

Por parte del Ayuntamiento su alcalde, Gustavo Cuéllar, era el último invitado a la mesa. Hacer caer sobre él la responsabilidad del fracaso del proyecto, resulta injusto. Una administración local llega hasta donde la legislación le permite hacerlo y, sin duda, es quien menos competencias tenía. Tal vez se le puede achacar cierta lentitud en los trámites, a los que por otra parte está obligado, pero de ahí a hacerle responsable va un abismo que oculta otras intenciones.

Capítulo aparte merecen los responsables de los empresarios en la provincia de Huelva. Tanto Daniel Toscano, como José Luis García-Palacios, de la Cámara de Comercio y de la Federación Onubense de Empresarios respectivamente, apostaron por un proyecto en el que creían desde el primer minuto; intentaron ayudar con sus contactos a que escucharan las necesidades de una provincia que está huérfana de este tipo de proyectos e intentaron la mediación allí donde existían discrepancias. Asumieron, en fin, el papel que debían hacer los representantes públicos y que no hicieron. Tal vez esa sea la mayor tragedia de todo este capítulo.

Pero el CEUS ha encontrado sus obstáculos en la provincia de Huelva, con defensores del Ejecutivo por encima de los intereses de los ciudadanos.

Sirva como ejemplo el último capítulo vivido hace apenas unos días. En una reunión de responsables orgánicos del PSOE, se llegó a la conclusión de que el INTA no iba a solicitar una nueva DIA para el proyecto, hasta que la Junta de Andalucía no se comprometiera con la totalidad del presupuesto para el proyecto CEUS que se cifró en el entorno de los 30 millones de euros. De nuevo, por si no quedaba lo suficientemente claro, las promesas hechas en la firma del protocolo del Arenosillo, caían en saco roto. Desde luego, el Ministerio de Defensa no va a apostar por rehacer el proyecto o mejorarlo como se dijo en esa presentación.

Tampoco se ha tenido el apoyo que debería de instituciones que deberían haber estado. Los partidos políticos onubenses estuvieron ausentes durante meses.

El PP criticó al Ministerio (del PSOE) cuando vieron que el proyecto estaba perdido; el PSOE que no fue capaz de movilizar a sus representantes en Madrid para intentar desbloquear los impedimentos que ponían en Defensa, atacó a la Junta. Nada fuera del guión previsto. Ni tan siquiera se salva la postura campeadora que ha pretendido llevar Vox. Sus exigencias a la Junta suenan totalmente vacías si se tiene en cuenta que tienen un acuerdo de gobierno con los dos partidos que se reparten el Ejecutivo autonómico.

El CEUS fracasa por la inacción del Ministerio de Defensa, pero no es el único responsable ni mucho menos. La inoperancia de los cargos públicos, la incapacidad que tienen para llegar a un acuerdo con alguien que no es de su propio partido, la absoluta fragilidad intelectual que les impide buscar puntos comunes sobre los que avanzar y les alienta a apuntar al contrario a poco que las cosas se tuercen, está en la raíz de este proyecto y de tantos otros que siguen pendientes en la provincia de Huelva. Hay pocas dudas de por qué las infraestructuras básicas pendientes no llegan a plasmarse después de años de reivindicaciones. Huelva necesita un mirlo blanco, alguien que sea capaz de superar toda esta mediocridad y anteponer el bien común de esta provincia y de sus ciudadanos al propio o al de sus siglas.