Doñana y desarrollo: tándem ¿imposible?

La propuesta de ampliar la reserva de la biosfera de Doñana puso en alerta al ámbito empresarial empresarial y ahora, una vez que se el Consejo Internacional de Coordinación del Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha dado su visto bueno, se endurecen las críticas desde los diferentes sectores productivos, mientras llegan los aplausos de organizaciones ecologistas. Los primeros entienden que se frenará "aún mas" la actividad, y con ello, se prescindirá de puestos de trabajo; los segundos, sin embargo, consideran que hasta ahora no se habían delimitado adecuadamente los límites del parque ni se había definido una zonificación en consonancia con las reservas y lo que realmente supone esa ampliación es "un acicate" para una mejor conservación del Espacio Natural andaluz.

La ampliación pasa por incorporar 30.000 hectáreas del Parque Natural a la zona ahora considerada tampón (donde se permitirán actividades blandas) y la inclusión de una nueva zona de transición (donde viven los habitantes del entorno) de 155.000 hectáreas en la que se desarrollan la mayor parte de las actividades socioeconómicas de la comarca. Esta incorporación es la más polémica en el ámbito empresarial porque "abre el camino a la futura destrucción de cualquier tipo de actividad", según el secretario general de la FOE, Rafael Ávila.

Para ello, se basa en la posibilidad (incluida en la propuesta de ampliación, formulada por al Junta de Andalucía a la Unesco) de expropiar terrenos en la nueva zona de transición: "... es de interés desarrollar políticas de ampliación de regímenes de regulación de los espacios protegidos sobre aquéllas áreas naturales que se consideren de elevado interés natural... La Junta de Andalucía estudia continuamente expedientes de tanteo, retracto, permuta, adquisición directa, etc. de fincas privadas en el interior del espacio... al objeto de su incorporación al patrimonio público". Dicho con otras palabras, se abre la puerta a una futura expropiación. Y de ahí que Ávila no dude al asegurar que "a medio plazo, se hipotecará todo el terreno, porque hay muchas fórmulas para invitar a la venta de terreno", añade. Se refiere a "posibles obstáculos" para frenar la actividad y convertir en inviable cualquier proyecto.

Con los nuevos límites, se incluyen los asentamientos humanos, el término municipal de 11 municipios, su entorno y área de influencia y es ahí donde surgen los "inconvenientes". Porque se entiende que se frena cualquier posibilidad de progreso al impedir los aprovechamientos productivos y las actividades empresariales generadoras de empleo y de riqueza. Ocupar los nuevos terrenos supone, para el sector empresarial que la principal actividad hortofrutícola de la provincia quede "peligrosamente" afectada. En la comarca de Doñana se genera el 60% de la producción, la misma que "está condenada a desaparecer", según el presidente de Asaja-Huelva, José García-Palacios. Y con ello, más de dos mil peonadas al año, a las que se suman, al menos, otras mil de actividades forestales. Es decir, desaparecen un mínimo de tres mil.

Se pone en peligro la actividad agrícola (fundamentalmente de fresas y frutos rojos) porque ya se apunta al "peligro" que supone el desarrollo de este tipo de actividades, ya que sólo se ven como adecuados los "usos tradicionales", que llevan según Ávila y García-Palacios a la explotación de "tiempos pasados". Y es que, con la ampliación pretendida casi un tercio del territorio de la provincia de Huelva queda sometida a aprovechamientos entendidos como tradicionales: la caza, la pesca, la cría de ganado marismeño, la apicultura y "poco más". El principal argumento que las excluye es el agotamiento del acuífero 27, arteria y el nutriente principal de la rica biodiversidad que vive en Doñana, pero que se encuentra en una situación límite a punto de convertirse en irreversible. La solución pasa, según los agricultores por el trasvase de casi cinco hectómetros cúbicos de agua, desde el sistema Chanza-Piedras a la Cuenca del Guadalquivir, demandados desde hace años por los agricultores del Condado para garantizar los recursos hídricos que utilizan los agricultores de la comarca. Es básico porque, según se defiende desde el sector significaría la clausura de alrededor de 700 pozos existentes en la comarca, lo que aliviaría la presión sobre el acuífero 27 que alimenta de agua al Parque Nacional de Doñana.

Junto a la actividad agrícola, el turismo parece ser el "otro gran damnificado". Estamos ante un espacio que posee aproximadamente unos 60 kilómetros de línea de costa de "escaso" aprovechamiento turístico. Las plazas hoteleras ubicadas en la zona no alcanzan las 2.000, y en cuanto a campamentos de turismo con el cierre en los últimos años de dos de las instalaciones que estaban operativas, no se alcanzan las 6.000, habiéndose perdido en estos últimos años aproximadamente la misma cantidad. De ahí que desde el sector no se justifique la ampliación de la protección de la zona, ya que "lo único que se logra es "añadir dificultades al desarrollo socio económico de la zona". De hecho, tras la aplicación del Potad (Plan de Ordenación de Territorio del Ámbito de Doñana), los espacios reservados para el desarrollo de pequeños proyectos turísticos no se han realizado por las dificultades que el propio plan establecía, por lo que aumentar el grado de protección del espacio "condenarían a su desarrollo futuro", según el secretario técnico del Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Rafael Barba. De hecho, ni la reconversión urbana de Matalascañas (dependiente del Ayuntamiento de Almonte), ni la ordenación turística de Mazagón (ayuntamientos de Palos y Moguer), ni los paseos marítimos (Ministerio de Medio Ambiente y ayuntamientos implicados), ni los itinerarios recreativos (Consejería de Medio Ambiente) ni tampoco la adecuación al margen izquierda del Tinto (Consejería de Medio Ambiente) han llegado, a pesar de haberse incluido en el programa del Potad. Para Barba, los impulsores de esta nueva delimitación "olvidan" que el turismo se erige en una de las pocas actividades que parecen albergar algún futuro económico en la provincia onubense, como demuestran los datos del PIB donde esta actividad aporta ya un esperanzador 10%. "Lo único que conseguimos es poner el freno especialmente en una zona donde, en la actualidad, los desarrollos turísticos están bastante encorsetados por la propia ordenación de los usos y el territorio que establece Potad", según Barba, quien apunta a la "más que probable" paralización de los proyectos del camping que se planteó en Hinojos, así como el proyecto hotelero por el que se apostó en su día en Mazagón, dentro del Plan de Ordenación de Mazagón , en el que se llegaron a incluir hasta diez establecimientos hoteleros.

La Junta defendió en su día que la reserva "no cumplía" los requisitos de la Unesco para estos espacios, por lo que "había que adaptarla". Una vez que la Unesco ha dado luz verde a esa ampliación, es competencia del Gobierno central su tramitación.