La Fiscalía de Delitos Informáticos incoa 8 casos de pornografía infantil en 2017

Huelva/La pornografía infantil es la tipología delictiva grave con mayor incidencia el pasado año en la actividad de la Fiscalía de Criminalidad Informática de Huelva. Ocho casos se incoaron en 2017 desde la sección que dirige Alberto Campomanes, tal y como consta en la estadística publicada por la Fiscalía General del Estado (FGE) a la que ha accedido Huelva Información.

Los casos impulsados por el Ministerio Público fueron un 25% más que en 2016, "aunque no hay mucha variación en cuanto al número de asuntos", que fueron seis entonces. Campomanes añade que una de las "principales dificultades personales que tengo como fiscal de Criminalidad Informática es que tengo que ver y estudiar la pornografía infantil para comprobar si existen agravantes que puedan subir la prisión hasta nueve años; eso tiene tela". Tanto es así que en algunos casos la violencia sexual es tan extrema "que pasan los días y estás tocado, es un desgaste anímico y personal grande para los miembros de la Sección de Delitos Informáticos".

La complejidad laboral que estos delitos plantean a los fiscales Alberto Campomanes y Macarena Garrido (ambos de Criminalidad Informática, pero también de Menores) es, en esencia, "que los autores que actúan a través de internet muchas veces se encuentran fuera de la Unión Europea; en esos casos o bien la identificación de los autores es difícil o lo que hacemos es poner el asunto en manos de las autoridades del país competente; nosotros le perdemos la pista a los casos una vez que les damos la información".

El fiscal onubense argumenta que los delitos sexuales cometidos en la red que tienen a los niños como víctimas han crecido en los últimos años "también porque los padres, al ser conscientes de que estas cosas ocurren, están más pendientes que antes".

Los pedófilos ya no acceden a sus víctimas solo a través de las redes sociales "tradicionales", remarca, sino que "muchas veces el contacto se produce a través de plataformas de juegos". Cada vez es más habitual que este acercamiento a los menores se produzca a través de los chats que ofrecen juegos on line como Candy Crash o Fortnite. En este espacio para conversar entre jugadores "sí que nos estamos encontrando de manera creciente contactos de los que después ya se salta al Whatsapp, a Instagram o a lo que sea; es un foro ideal para los delincuentes".

En aumento va también la cifra de menores que cometen estas ilegalidades y "buscan fotografías, vídeos e incluso relaciones con otros menores". Alberto Campomanes manifiesta al respecto que "no sabemos si es mucho especular si es por idea espontánea del menor o porque realmente están repitiendo cosas que ellos han visto en las redes sociales".

Dentro de los delitos contra la libertad sexual a través de las tecnologías de la información y comunicación (TICs), el compendio estadístico hace referencia en el apartado "otros" a ocho expedientes. Buena parte de ellos, que son los que después llevan al Ministerio Fiscal a formular acusación, aluden al establecimiento de "contacto sexual con menores a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería".

En los datos de la FGE se observa cómo el año pasado en Huelva se incoaron cuatro estafas a través de la TICs en la sección de Delitos Informáticos. Sin embargo, advierte Campomanes, el de estafa es "el delito que más se comete, sin duda ninguna", a través de la vía virtual "pero esos asuntos no los vemos los especialistas salvo que su investigación tenga una gran complejidad informática". El grueso restante se reparte por turno ordinario en la Fiscalía. Se trata sobre todo "de compraventas en portales de segunda mano tipo Wallapop".

Desde esta delegación del Ministerio Público se incoaron, además, procedimientos por un delito de amenazas o coacciones por medios informáticos que acabó en sentencia condenatoria; un delito de ataque a sistemas informáticos/interceptación de transmisión de datos, cuatro de descubrimiento y revelación de secretos a través de las TICs y dos delitos contra la propiedad intelectual en la sociedad de la información.

El ejercicio se cerró con cuatro sentencias condenatorias en total, una de ellas sin conformidad del acusado. Son tres resoluciones menos que en 2016.

El fiscal delegado de Criminalidad pone de relieve la importancia del trabajo que en este ámbito de acción realizan los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de Guardia Civil "con los que contamos en esta provincia, especializados y con experiencia en la investigación de estos asuntos; ellos son los que materialmente se encargan de las investigaciones tecnológicas y consiguen que los casos salgan adelante".