La Fiscalía archiva el expediente contra el IES El Andévalo por la actividad prevista el 8-M

Puebla de Guzmán/La Fiscalía de Menores de Huelva ha decidido archivar el expediente de riesgo que abrió el pasado 6 de marzo para comprobar si la actividad propuesta por el instituto El Andévalo de Puebla de Guzmán para el 8-M, consistente en la salida al recreo de las alumnas cinco minutos antes que los alumnos para que estos "comprendan lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia", era discriminatorio con los niños.

Ahora el fiscal delegado de Menores en funciones, Alberto Campomanes, una vez "recabados los informes y datos que ha estimado oportunos", como consta en una nota de prensa remitida por el Ministerio Público, ha decidido dar carpetazo al polémico asunto. Una vez vista la documentación, refiere, ha podido comprobar que el IES El Andévalo "no ha realizado actividades que hayan implicado una vulneración de derechos fundamentales de personas menores de edad", por lo que archiva el expediente y añade que "no se estima necesaria ninguna actuación adicional al respecto".

El expediente de riesgo es el vehículo normal que utiliza la Fiscalía de Menores para comprobar situaciones de posible desamparo, vulneración de derechos u otra clase de riesgos previstos en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor.

En lo que va de año 2019 se han incoado unos 170 de esos expedientes de riesgo y el año 2018 se cerró con 505. Con arreglo a la mencionada Ley Orgánica, la Fiscalía de Menores tiene la obligación de prevenir, detectar y reparar esa clase de situaciones. Pero este tipo de procedimientos no tiene como propósito descubrir o investigar delitos, como tampoco atribuir responsabilidades a persona alguna, aclara en el comunicado.

La Constitución Española encomienda al Ministerio Fiscal la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Le ordena que ejerza sus funciones sometido a los principios de legalidad e imparcialidad. El Fiscal de Menores ha cumplido el mandato de la Ley guiado únicamente por criterios técnico jurídicos y el interés superior del menor; comprobando personalmente la noticia de que los derechos fundamentales de un grupo de menores de edad de la provincia podrían ser lesionados. La Fiscalía actúa ajena e indiferente ante cualquier otra clase de intereses o ritmos informativos.

El fiscal, en paralelo, solicita "respeto por la labor de los profesionales de la educación". Alberto Campomanes advierte de que "los ataques personales o telemáticos al personal docente podrían ser constitutivos de delito y, en ese caso, serán perseguidos".