Fracaso de Huelva en las agresiones a sanitarios en 2023: Cada tres días agreden a algún profesional

Advierten de que el 90% de los ataques verbales a los profesionales no se denuncian

Hay más de 800 botones antipánico en centros de salud de la provincia, pero los sindicatos exigen la figura del vigilante permanente en todos ellos

Dos profesionales sanitarias, de brazos cruzados. / M. G.

Huelva/La lacra de las agresiones a profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) persiste en Huelva. La provincia volvió a fracasar en 2023 al contabilizar 142 agresiones (25 físicas y 117 no físicas o verbales) en los centros sanitarios onubenses, una menos que en 2022 (29 físicas y 114 no físicas o verbales). Dicho de otro modo, cada tres días un profesional del SAS en la provincia es agredido por un usuario, un dato que todos los sindicatos coinciden en tildar de "intolerable".

El referido dato, referido a las denuncias registradas en el SAS, deja atrás "el 90% de las agresiones verbales que se producen, que no se denuncian", advierte a este diario el vocal de Atención Primaria, Joaquín González, quien subraya que las 142 agresiones "son la punta del iceberg". "No es motivo de alegría que no hayan aumentado porque tenemos que tender a conseguir los 'cero' ataques", resume González, que señala que el perfil más habitual del agredido es "mujer y de Atención Primaria".

Desde CSIF, al igual que el Sindicato Médico, consideran que hay más de 142 ataques al año a los profesionales del SAS. En este sentido, el presidente provincial de Sanidad del sindicato, César Cercadillo, sostiene que en 2024 "no hemos recibido aún denuncias por agresión física", si bien narra un incidente ocurrido en el centro de salud de Los Rosales, en el que "un usuario quiso agredir a un profesional, que tuvo que encerrarse en un cuarto".

Un profesional de Los Rosales tuvo que esconderse en un cuarto para prevenir el ataque de un usuario

"Listas de espera, colas de usuarios a las 7:00 en los centros de salud..., en definitiva, el cómo funciona el sistema está detrás de estos ataques", expresa el secretario del sector salud y servicios sociosanitarios de UGT Huelva, Jesús Tormo. Una opinión que también comparten el resto de sindicatos, como CSIF, desde donde observan, aunque no justifican, que "el nivel de agresividad sigue creciendo ante la falta de medios y profesionales, algo que repercute en los usuarios, "entre los que hay una mayor crispación".

En términos de seguridad, los centros sanitarios onubenses cuentan con un total de 2.472 medidas de seguridad de distinto tipo, entre las que destacan 109 cámaras de seguridad, 295 timbres en consulta, 47 consultas comunicadas con interfonos, 1.059 teléfonos en consultas, 57 salidas alternativas u 831 terminales en puestos de trabajo en consultas con el software antipánico instalado.

Interior del centro de salud de Isla Chica en una imagen de archivo. / Josué Correa

Otra medida son los llaveros alarma creados por Satse Huelva para que los enfermeros alerten cuando sufran una agresión, "unos dispositivos que se están poniendo ahora en marcha en algunos centros para ver si, verdaderamente, son medios que previenen las agresiones", explica el responsable provincial del sindicato, Antonio Botello, quien pide "nuevas medidas para frenar unas agresiones que no cesan".

A este respecto, tal y como sostiene el secretario general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva, Juan José Rodríguez, "reclamamos la dotación de servicio de seguridad a los centros de salud como medida preventiva, disuasoria y de protección. Sin embargo siempre aducen problemas de falta de recursos para costearlo", añade, toda vez que insiste en que el dato de 2023 "es un fracaso".

Una petición de vigilancia de seguridad permanente a la que se unen el resto de responsables sindicales provinciales. Actualmente, lo que existe es un dispositivo rotatorio, de manera que la figura del vigilante pasa a lo largo del día por los diferentes centros de salud de Huelva capital. "Si se produce una incidencia en uno en el que no haya vigilante, no le da tiempo a llegar antes de que se solucione", lamenta Joaquín González.

César Cercadillo suscribe también sus palabras y pone de manifiesto que el conflicto aparece "en muchas ocasiones" por la mascarilla, "siendo los profesionales los que se enfrentan a aquellos que no la quieren llevar, cuando tendría que haber una figura disuasoria".

Un guía acompaña a los que sufren una agresión

Dos profesionales sanitarios en el hospital Juan Ramón Jiménez. / Alberto Domínguez

El Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones de la Consejería de Salud y Consumo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuenta con un programa especial de acompañamiento al personal agredido y un profesional con formación específica que ejerce como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas.

Esta figura del profesional guía tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión.

El plan habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario.

Dicho plan, según explican desde el SAS, "ha venido también a reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo". Igualmente, "mejora la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales que también se reforzarán".

El plan integra las aportaciones de un grupo de trabajo creado por la Consejería de Salud y Consumo y en el que han participado los agentes sociales, asociaciones de pacientes, letrados de la administración sanitaria autonómica y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Del mismo modo, contempla la asesoría jurídica por parte del SAS a los profesionales que deciden denunciar.

Desde la Consejería también se está trabajando en la futura puesta en marcha de un régimen sancionador administrativo interno del SAS, con independencia de la vía judicial. Se trata de disponer de un instrumento de garantía más, de modo que cualquier agresión física o verbal que se produzca dentro del sistema sanitario, pueda ser sancionada económicamente, aparte de la denuncia que cada profesional de forma individual deba realizar.

Sanitarios, con la consideración de autoridad pública

La última medida que se ha adoptado en materia de prevención y atención a agresiones ha sido el reconocimiento del personal sanitario y de gestión y servicios como autoridad pública. Este reconocimiento se recoge en la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía que establece: “Los profesionales sanitarios y el personal de gestión y servicios de la comunidad autónoma de Andalucía, en el desempeño de las funciones que tengan asignadas, en el sistema sanitario público de Andalucía, tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente”. Esto conlleva que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública sea considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, dictándose sentencias que conllevan el castigo a los agresores con penas de prisión.

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