El Gobierno irrumpe en el control de Doñana a través de la Ley de Costas

Cuatro años ha tardado el Gobierno Central en retomar las competencias sobre el Parque Nacional de Doñana (la gestión se transfirió en 2006) y mermar la influencia de la Junta de Andalucía en el Espacio Natural. El Ministerio pretende imponer la Ley de Costas en 9.200 hectáreas de la Reserva de la Biosfera, incluidos 4,8 kilómetros tierra adentro del Espacio Natural de Doñana. La incursión del departamento que dirige Elena Espinosa supondrá de facto una expropiciación forzosa en toda regla desde la frontera de Matalascañas hasta la desembocadura del Guadalquivir (37 kilómetros). El Gobierno andaluz ya ha mostrado sus discrepancias.

El proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), adelantado ayer por el diario El País, no ha llegado a ser propuesto ni debatido por el Consejo de Participación de Doñana que dirige Felipe González, y conllevará que el Gobierno tendrá la última palabra en temas claves de conservación como la conexión rodada entre Almonte y Sanlúcar a través de la playa, el ordenamiento de los recursos marinos y pesqueros y el pronunciamiento sobre infraestructuras energéticas pendientes o futuras que incluyan la franja litoral, política de aguas e incluso el dragado del Guadalquivir.

El deslinde gubernativo garantiza la protección de los parajes dunares, enebrales y todos los ecosistemas que se nutren de un espacio con una biodiversidad única en Europa y en el mundo.

La decisión del Gobierno, que no ha gustado a la Junta y ha provocado el silencio del Consistorio de Almonte, se produce tras la polémica propuesta de autorizar una conexión viaria costera entre Matalascañas y Sanlúcar a través de la zona litoral en cuestión, la sucesión de vertidos de petróleo en la zona en los últimos tres años y precisamente cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha mostrado su preocupación ante el peligro de más vertidos de crudo.

La Unesco ya ha instado al Estado español a que le entregue copias de las evaluciones de impacto ambiental de proyectos como el del oleoducto Balboa, que se encuentra en su fase final, y la ampliación de la refinería.

Lo que hace en realidad el Ministerio es colocar una doble lupa sobre la conservación de la Reserva de la Biosfera, que juega un papel fundamental a la hora de dar, o no, una buena imagen de España en Europa y en el mundo.

Sin formar mucho ruido para no dar la sensación de haber encajado un gol en las competencias autonómicas, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha mostrado sus discrepancias con el deslinde del litoral del Parque Nacional de Doñana que pretende el MARM y ha apostado por un deslinde alternativo que fija el dominio público marítimo-terrestre en la Flecha de Doñana.

Según indicó la Consejería de Medio Ambiente en un comunicado, el Gobierno andaluz "no comparte la decisión del Ministerio de aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa correspondiente a Doñana en los términos en los que ha sido planteado".

La Junta destaca que se trata de una discrepancia "puramente formal", relativa a la extensión del deslinde, pues, tal y como apunta, "en el fondo del asunto ambas administraciones, Junta y Gobierno central, coinciden plenamente en el objetivo de garantizar la máxima preservación de la franja litoral de Doñana".

De hecho, informó la Consejería de Medio Ambiente, durante el período de alegaciones abierto en el trámite de audiencia de este proceso de deslinde, la Junta "expuso una serie de consideraciones técnicas, fundamentalmente de carácter geomorfológico, muy argumentadas en las que, contra la interpretación al pie de la letra de la Ley de Costas en el sentido de que todas las dunas son dominio público marítimo terrestre, se tenían presente los verdaderos factores que han contribuido a la conformación de los sistemas de dunas continentales de Doñana".

Sobre el fundamento de estas consideraciones, la Junta ha propuesto un deslinde alternativo mediante el cual la costa de Doñana seguiría "gozando del máximo grado de protección y conservación", señala la versión oficial. "El proceso de deslinde del dominio público marítimo terrestre hay que enmarcarlo en el desarrollo de la Ley de Costas, dentro del cual la Junta está prestando toda su colaboración con el Gobierno de la nación en el interés común de preservar los valores ambientales de un ecosistema, el litoral, frágil y expuesto a múltiples amenazas", subraya la Consejería de Díaz Trillo.

La propuesta de la Junta fija la zona de dominio público marítimo terrestre en la Flecha de Doñana que, arrancando del punto del anterior deslinde en el extremo sur de Matalascañas, sigue el borde interno del primer cordón dunar hasta la desembocadura del Guadalquivir y remonta por el estuario siguiendo la línea alcanzada por la línea de la máxima pleamar equinoccial hasta el límite sur de la marisma de Doñana.

No obstante, el departamento que dirige José Juan Díaz Trillo resalta que, "en cualquier caso, el Gobierno andaluz entiende que la costa de Doñana goza ya del mayor grado de protección que un territorio puede alcanzar en España y en Andalucía", pues sobre esta zona impera un régimen jurídico que la protege como Parque Nacional y como Espacio Natural.

La versión dada por Medio Ambiente hace hincapié en que la Junta de Andalucía "continúa manteniendo todas las competencias sobre Doñana". Y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, asegura que el deslinde del dominio público marítimo terrestre de Doñana que pretende "no afecta a las competencias de la Junta de Andalucía sobre protección de espacios protegidos".

El MARM, que avanza que la información detallada correspondiente al deslinde se publicará en breve en el Boletín Oficial del Estado (BOE), explica que la declaración de un bien como de dominio público marítimo-terrestre (objetivo del deslinde) "no implica en absoluto la abolición de los títulos competenciales que una Comunidad Autónoma pueda tener sobre el mismo y, por consiguiente, tampoco respecto del título que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre los espacios naturales protegidos". "En consecuencia, en dicho territorio se mantienen las competencias de la Junta de Andalucía sobre protección de espacios protegidos", insiste.

Además, señala que, como ha advertido de forma reiterada el Tribunal Constitucional -sentencia 149/1991-, la titularidad del dominio público "no es en sí mismo un criterio de delimitación competencial y, en consecuencia, la naturaleza demanial no aísla a la porción del territorio así caracterizado de su entorno, ni la sustrae de las competencias que sobre ese aspecto corresponden a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad".

Especialmente significativas son las sentencias 102/1995 y 97/2002 del Tribunal Constitucional que analizan la relación entre dominio público marítimo-terrestre y la competencia sobre medio ambiente y espacios naturales protegidos, en las cuales, se afirma que "es opinión pacífica que la titularidad del dominio público no confiere, por sí misma, competencia alguna y tampoco tiene tal virtud taumatúrgica la importancia de estos bienes para el interés general", tal y como indica.