Huelva estrena el Servicio de Mediación Penal, destinado a la reducción de litigios
El Servicio de Mediación Penal comienza a funcionar en cinco provincias andaluzas
La Junta pide colaboración a los abogados de Huelva para derivar asuntos al nuevo servicio de mediación penal
Huelva/El Servicio de Mediación Penal para Andalucía (Sempa), dirigido a impulsar la resolución extrajudicial de conflictos como vía alternativa a la litigiosidad, ha comenzado a funcionar en Almería, Granada, Jaén, Huelva y Sevilla, ha informado la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.
Esta nueva prestación, pública y gratuita, se ubicará en las sedes judiciales de las capitales, si bien atenderá al resto de partidos judiciales mediante un servicio itinerante, y contará con un equipo de tres profesionales expertos en mediación penal y justicia restaurativa en cada provincia.
Las entidades adjudicatarias para la gestión del servicio en las cinco provincias donde se pondrá en marcha inicialmente han sido Vicfam en Almería, Avide en Jaén y Granada, Atenin en Huelva y Hacan en Sevilla.
El servicio se extenderá al resto de provincias tras el verano, según la Consejería de Justicia, que ha elaborado un protocolo de derivación judicial en colaboración con jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, y remitido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Fiscalía Superior de Andalucía y la Secretaría de Gobierno del TSJA para su toma de conocimiento y aprobación.
El nuevo servicio actuará además de forma coordinada con otros como los Puntos de Información a la Mediación de Andalucía, el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía o el de Mediación Penal de Menores.
A él se podrán derivar asuntos relacionados con cualquier tipo de delito salvo los relacionados con la violencia de género o sexual, donde está vetado legalmente -en el protocolo se propone comenzar con los delitos leves, siguiendo las experiencias llevadas a cabo en Navarra o País Vasco-.
Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad, con 156,8 asuntos por cada de mil habitantes en 2023, tan solo superada por Canarias, lo que provoca una sobrecarga de trabajo a los órganos judiciales, según advirtió recientemente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria anual del ejercicio.
Para el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, la mediación "ahorra costes, tiempo y ofrece una solución satisfactoria para las partes", dado que se basa en el acuerdo entre ambas en vez de que un tercero, el juez, imponga una decisión que "normalmente no responde a los intereses de uno de los dos litigantes y a veces, a ninguno".
Nieto ha defendido que fomentar alternativas para la resolución de conflictos liberará de carga de trabajo a los juzgados, que tendrán así más tiempo para atender los asuntos de mayor complejidad, lo que permitirá agilizar los plazos de los procedimientos, que actualmente se alargan.
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