El INTA vincula el CEUS a la regularización de los terrenos que ocupa en El Arenosillo

Huelva/El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) Esteban Terradas quiere tener su continuidad garantizada en los terrenos en los que en la actualidad desarrolla su labor en El Arenosillo, antes de implicarse en el proyecto de aviones no tripulados conocido como CEUS.

Es en este contexto en el que se enmarca la gestión llevada a cabo desde la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio que, de la mano de su titular, Álvaro Burgos, terminó todos los trámites a comienzos de año y en la actualidad está a la espera de la aprobación de la legalización de esos terrenos por parte del Consejo de Gobierno de la Junta.

Por otro lado y dentro de la desidia institucional que ha colocado a este proyecto al borde de su prescripción completa ya que las obras deben iniciarse antes del próximo mes de octubre, Huelva Información tuvo acceso al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 29 de octubre de 2013, por el que se concedía la “prevalencia del interés científico tecnológico sobre el forestal del Proyecto CEUS, promovido por el INTA (Ministerio de Defensa) y consecuente descatalogación de los terrenos afectados, sitos en el monte público Grupo Ordenados de Moguer de titularidad del Ayuntamiento”. El documento, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 22 de noviembre de ese mismo año, resolvía todos los trámites que el proyecto CEUS precisa para su puesta en funcionamiento.

Quedaba entonces por solventar la situación del Centro de Experimentación de El Arenosillo, conocido como Cedea, que se encuentra en situación de alegalidad desde que en el mes de octubre de 1966 ocupara los dichos terrenos en la localidad de Moguer. Según ha podido confirmar Huelva Información, los responsables del INTA vincularon la resolución de su situación legal –prorrogada a lo largo de los años desde su implantación– a su implicación en el proyecto CEUS. Textualmente, dichas fuentes reconocieron que la pretensión de los responsables del instituto dependiente del Ministerio de Defensa, esgrimieron que “no iban a implicarse en un proyecto de cerca de 30 millones de euros, si no tenían asegurada su continuidad en Huelva”.

La misma se encuentra en estos momentos en manos del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que debe aprobar toda la tramitación que se ha culminado por parte de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio en Huelva, donde su responsable, Álvaro Burgos, confirmó a Huelva Información que “toda la documentación se encuentra ya en poder de la Consejería”. Burgos apuntó a que dicha aprobación se producirá “pronto”, por lo que se barajan las fechas de hoy o el próximo martes para hacerla efectiva.

Quedarían así resueltos todos los trámites que hasta ahora impedían la puesta en marcha del proyecto. Posteriormente se deberían licitar las obras comenzar las mismas antes del mes de octubre, fecha en la que caduca la Declaración de Impacto Ambiental expedida en el año 2014 y habría de comenzar el proyecto desde cero. En este caso, se daría por enterrado de manera definitiva su continuidad en Huelva y, con toda probabilidad se instalaría en la localidad orensana de Trasmiras.

Lo que el delegado provincial no supo explicar la razón por la que desde el mes de noviembre de 2013 no se haya hecho nada de cara a relanzar este proyecto, que se encontró cuando se hizo cargo de la Delegación y que “desde el mismo mes de febrero he instado a los técnicos a ponerlo en marcha lo más pronto posible”. Además, como exconcejal del Ayuntamiento de Moguer, Burgos quiso recordar que el Consistorio “no tendrá problema alguno en vender esos terrenos; siempre ha mostrado su disposición de ponerlos a disposición del INTA”.

Fue el propio Ayuntamiento quien el 4 de abril de 2013 inició los trámites para el cambio en la calificación del suelo en el que se asentará el proyecto CEUS y que se extiende a lo largo de 75 hectáreas del término municipal y que por entonces estaba en el Catálogo de Montes de Andalucía.

En la resolución consultada por Huelva Información se entendía que estaba suficientemente justificado “el uso de interés general, que cuenta con la suficiente entidad para que se reconozca su prevalencia sobre la utilidad pública forestal” y que su puesta en funcionamiento “permitirá el desarrollo socioeconómico de Moguer y su entorno con la creación de puestos de trabajo directos e indirectos durante la ejecución de las obras y el funcionamiento posterior de estas instalaciones”.

Las alegaciones fueron presentadas y resueltas y los servicios técnicos municipales determinaron que esos terrenos no estaban incluidos en ninguno de los espacios protegidos de Andalucía, por lo que no existían impedimentos legales para su descatalogación, algo que se produjo al publicarse en el BOJA sin que se presentara recurso alguno.

Las actividades que se desarrollarán en el mismo son definidas en el mismo acuerdo como “estratégicas para el sector aeroespacial andaluz, ya que fomentarán la participación de la industria nacional en el desarrollo de actividades como detección temprana, supervisión y extinción de incendios forestales, vigilancia de fronteras, seguimiento de emergencias, control de actividades pesqueras, detección de vertidos en la mar, gestión de desastres ecológicos y ambientales o la coordinación de planes de emergencia y protección civil”, además de crear “una dotación científica y tecnológica que tiene carácter estratégico tanto a nivel autonómico como nacional”.