"Impotencia" en la familia de la menor agredida al quedar libres tres detenidos

No se los han cruzado por ninguna calle de Isla Cristina, pero los temen. La familia de la menor discapacitada que fue violada el pasado fin de semana en Isla Cristina por siete adolescentes acudió ayer a la Fiscalía para confirmar la denuncia y para que la pequeña relatara en primera persona la brutal agresión de la que fue objeto. "Estamos indignados y no sentimos impotentes", lamentaba la hermana mayor de la víctima, Gema, un día después de conocerse que tres de los siete chicos que atacaron a su hermana están en la calle y pueden toparse con ellos a la vuelta de cualquier esquina del pueblo.

"Todos tienen que pagar por lo que han hecho a una niña de 13 años", repite Gema una y otra vez, y quiere que se sepa que los presuntos agresores de su hermana "sabían perfectamente que padece una discapacidad", entre otras cosas, porque uno de los menores que la arrastró a la playa aquella noche "era amigo suyo".

Han pasado tres días desde la peor de las pesadillas y hasta la fecha sólo un familiar de los presuntos violadores se ha dirigido al entorno de la víctima. "No han llamado, ni se disculpan por sus hijos, todo lo contrario", asegura la joven.

La familia de la menor contempla ya comenzar a recabar apoyo ciudadano para solicitar al Gobierno el endurecimiento de las condenas para este tipo de delitos, como hizo ya hace más de un año el padre de Mari Luz Cortés. "Desde luego que vamos a hacer todo lo posible y lo que esté en nuestras manos -afirma- para que lo que le ha ocurrido a mi hermana no vuelva a pasarle a nadie más. Esto no se lo merece nadie".

Ayer, continuaban sucediéndose las reacciones. La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales de Andalucía (Amuvi) apostó por someter tanto a los menores responsables de un delito de agresión sexual como a sus familias y su entorno a una intervención y control para incidir en la reeducación de los mismos, ya que hechos de este calado demuestran que "la vida que estos jóvenes han tenido no ha sido lo suficientemente formativa".

Según la abogada y presidenta de Amuvi, Pilar Sepúlveda, las presuntas agresiones sexuales cometidas en la última semana en Isla Cristina y Baena (Córdoba), demuestran que "algo ha fallado en la educación de los presuntos autores, bien la vida que ha llevado en su casa o su entorno no ha sido lo suficientemente formativa para lograr un desarrollo social normalizado".

Por su parte, distintas asociaciones de fiscales advirtieron de la escasez de centros para menores infractores en España y denunciaron que la Ley del Menor, "cuya reforma debe plantearse en frío", no cuenta con los medios suficientes para su aplicación efectiva.

El portavoz de la Asociación de Fiscales, Guillermo García Panasco, destacó que, más allá del debate sobre la reforma de la legislación, "lo que necesita la Ley del Menor son más medios para que verdaderamente se aplique", informó Europa Press.

García Panasco recalcó que no hay suficientes centros de menores en España y que los existentes, en algunos casos, no cuentan con "instalaciones adecuadas y profesionales cualificados" para atender la problemática de estos chicos. "No es tanto un problema de la Ley como un problema de medios", aseveró.

En términos similares se expresó el defensor del Pueblo en Andalucía, José Chamizo, que consideró que antes de reformar la Ley del Menor "hay que hacer un estudio de los casos que ha habido de menores imputables, y una vez se tengan los datos hacer una reflexión".

Para Chamizo, los últimos casos de violaciones múltiples a niñas "son atroces y nos remueven la conciencia, porque soy de los que entienden que los menores son una responsabilidad compartida entre los padres y la sociedad". "Estamos ante un caso de violencia de género puro y duro, lo que nos hace reflexionar sobre cómo este tipo de violencia baja en edad". Chamizo se muestra partidario de que este tipo de acciones "no queden impunes" y de que intervenga la Fiscalía.