La Junta no aceptará regadíos posteriores al Potad de 2004

La Junta de Andalucía anunció ayer que el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana será publicado de forma inminente para que los agricultores y regantes puedan realizar las alegaciones oportunas. El delegado de Medio Ambiente, Juan Manuel López, hizo suyo el discurso de los productores y coincidió con ellos al calificar de "trascendental" tener operativo el documento, ya que dará seguridad a los cultivos a la par que preservará el ecosistema de Doñana.

En declaraciones a Huelva Información, el delegado advirtió que no se autorizará ninguna explotación posterior a la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio del Ambito de Doñana (Potad), en vigor desde el 1 de febrero de 2004. López anunció que el Plan estará en exposición pública a comienzos de diciembre y que la Junta "está abierta a sugerencias y correcciones". El éxito del plan, subrayó, no vendrá marcado por el número de hectáreas reguladas, sino por la sostenibilidad.

El Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana continúa oficialmente durmiendo en el cajón de la Administración autonómica. Al menos, existe un primer punto de acuerdo: urge que este plan comience a estar operativo.

Todos los actores (agricultores, Administración, ecologistas, empresarios, cooperativas) son conscientes de que será difícil ordenar un mapa agrícola en el que hasta ahora ha imperado la "anarquía", tal y como reconoce el presidente de la Comunidad de Regantes del Fresno, Ángel Gorostidi.

Tanto agricultores como Junta de Andalucía han convivido en relativa armonía con este vacío legislativo con un acuerdo tácito, aunque no escrito, de no agresión: se aplazaba la legalización de los pozos y zonas regables y, en contrapartida, no se ejercía un férreo marcaje a las extracciones del acuífero 27. Pero he aquí que esta norma de hechos consumados fue aprovechada por algunos países europeos para iniciar una campaña mediática de desprestigio de los productos onubenses, poniendo en su diana a uno de los principales emblemas de nuestra agricultura: la fresa. Con este dardo se trataba de tirar por tierra punteros y reconocidos productos y, más aún, la marca de ecológicos.

Es precisamente esta situación la que ha llevado al Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) a urgir romper el statu quo que ha imperado y que debería de haber sido finiquitado hace tres años cuando habría de ser realidad el citado Plan de Ordenación.

Como informó Huelva Información el pasado día 11, el presidente del CAAE, Francisco Casero, expresó por carta al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, su protesta por el incumplimiento del acuerdo que el 4 de diciembre de 2007 suscribieron las consejerías de Agricultura y Pesca, Medio Ambiente y Obras Públicas y Transportes para la aprobación del Plan de Regadíos. En la citada misiva, Casero advertía del deterioro de la imagen de la marca ecológica de Doñana.

De momento, las fuentes consultadas por este periódico aseguran desconocer los pormenores de un documento que hasta ahora se ha diseñado en el más absoluto de los secretos, por lo que se desconoce la dimensión global del área regable y qué número de pozos se legalizarán. El Plan tendrá que resolver qué porcentaje de las 126.903 hectáreas totales que comprenden los municipios de Moguer, Lucena, Bonares, Rociana y Almonte se reconocen como regables.

Para esta empresa, desde octubre de 2008 la Junta tiene sobre su mesa un completísimo estudio elaborado por los regantes de El Fresno en el que se ofrece una radiografía artesanal de la distribución de la superficie de regadío, los cultivos, datos estadísticos, parcelarios y planos de todas estas zonas, situando la cifra total de regadíos en 13.852 hectáreas.

Angel Gorostidi se muestra especialmente optimista y vaticina que el documento "está a punto de ver la luz" y en base a él los sectores implicados podrán pronunciarse y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Será el turno de entidades como ASAJA, UPA, COAG, los propios ayuntamientos, comunidades de regantes e incluso los propios agricultores a título individual que puedan presentar alegaciones o aportaciones si ven lesionados sus intereses". Eso sí, todo hace indicar que la Junta no aceptará nuevas superficies de regadíos posteriores a la entrada del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), en 2004.

Con todo lo enunciado y hasta que el Plan no se vea plasmado en papel, las reivindicaciones del sector van encaminadas a reclamar celeridad en el parto del documento, principalmente a efectos de obtener una seguridad jurídica y que Doñana y su entorno sean vistos internacionalmente como adalid del desarrollo sostenible. Los agricultores recuerdan que las extracciones del acuífero son las mínimas y necesarias para obtener un cultivo de calidad.

El Ayuntamiento de Almonte, dirigido por el socialista Francisco Bella, ha mostrado públicamente su apoyo al sector agrícola y critica que tras tres años de retraso el Plan continúe en compás de espera a pesar de "resultar vital para el sector". Los empresarios consultados han aplaudido esta postura y han reclamado a los ediles de Bonares, Moguer, Lucena y Rociana que hagan lo propio en defensa de la economía de la comarca y "denuncien dichos retrasos de la Administración autonómica".

La cooperativa más importante de Lucena del Puerto por volumen de negocio, Costa de Huelva, ponía en boca de su presidente, Antonio Tirado, la necesidad de que la Administración autonómica brinde esa anhelada seguridad jurídica y, lo que es más importante, "garantice los recursos hídricos". El representante cooperativista ve más urgente disponer del agua de riego aunque es consciente "de que lo mismo se retrasa por la crisis". No obstante apunta que la agricultura es hoy el único motor económico que se mantiene en funcionamiento en el Condado y de su salud depende "el contar con agua para no tener que abandonar la producción por falta de recursos".

Aunque el Plan hay que desvincularlo de la demanda de agua superficial de riego, el proyecto de impulsión del Fresno, que llevará el líquido elemento hasta los municipios de Lucena, Bonares y Rociana, será fundamental para evitar las extracciones. Los 4,9 hectómetros cúbicos ya autorizados por el Consejo de Ministros (hoy congelados) evitarán el uso de los pozos en aquellas explotaciones agrícolas que cuenten con los recursos superficiales. Todos aquellos agricultores que dispongan del agua superficial adquirirán el compromiso de sellar sus pozos, proceso que será celosamente controlado por la comunidad de regantes.

El delegado de Medio Ambiente, Juan Manuel López, abrió en su día la puerta a la posibilidad de que esta cifra pudiera subir hasta los 12 hectómetros más, vinculando este nuevo aporte al cumplimiento de poner coto a las extracciones. Serán 1.150 las hectáreas que se beneficiarían en el Condado de este servicio prestado por las comunidades.

El agua superficial que se utilice no irá en detrimento de los recursos del acuífero, por lo que es aquí donde los agricultores vislumbran la solución para casar medioambiente y prosperidad. El problema es que las conducciones hasta los campos de Lucena, Bonares y Rociana estarán supeditadas a la aportación económica y, si en tiempos de bonanza fue imposible ponerla en marcha, el desánimo cunde entre el sector, más aun cuando aseguran que "son ya más de 20 años de incumplimientos".