La Junta considera "vinculante" el informe sobre el gasoducto

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, afirmó ayer que la prioridad del Ejecutivo andaluz con respecto al proyecto gasista que promueve en Doñana Petroleum Oil & Gas, filial de Gas Natural Fenosa, será velar por los intereses de la Reserva de la Biosfera.

Si bien la Administración autonómica ha mostrado hasta ahora un respaldo inequívoco al proyecto que se asienta en las lindes del Parque Nacional de Doñana, el líder socialista andaluz subrayó ayer en Rociana que sólo se llevará a cabo sin menoscabo de que se preserven todos los blindajes medioambientales.

Sus manifestaciones, tras inaugurar la V Feria Agroganadera y Comercial Comarca de Doñana, se producen después de que los principales grupos ecologistas del país demandasen el pasado jueves una reunión para mostrarles su oposición frontal a los 14 nuevos sondeos previstos para extraer el gas que aún alberga el subsuelo de la zona -y que es explotado desde hace décadas- así como utilizar estos yacimientos una vez vacíos para su posterior uso como almacén de gas.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF decidieron unir sus esfuerzos con IU y aprovechar así las sinergias existentes entre ambos para oponerse al proyecto, tal y como acordaron en Sevilla representantes de estas organizaciones con el coordinador regional de IU y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas.

Consciente del eco mediático suscitado por la iniciativa industrial, Griñán insistió ayer en que "la última palabra" para dar luz verde al proyecto corresponde al Gobierno de la nación, pese a que es la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la que debe aprobar previamente la Autorización Ambiental Unificada (AAU) y el certificado de no afección a la Red Natura 2000.

Horas más tarde, la Oficina del Portavoz introdujo un matiz de relevancia en las palabras del presidente andaluz y reconocía que, además de preceptivo, la AAU "es vinculante". Un portavoz de ese departamento indicó a esta redacción que si bien el Gobierno central podría hacer caso omiso a la AAU, se trataría de un hecho "sin precedentes" que auguraría un conflicto entre ambas administraciones. En concreto, recordó la misma fuente, se ha dado el caso de que el Ejecutivo de la nación se ha opuesto en ocasiones a las AAU de algunas comunidades, si bien siempre en pos de preservar los intereses medioambientales, nunca al contrario.

Entre tanto, la empresa mantiene intacta su confianza en obtener las autorizaciones preceptivas, al entender que "no existen razones objetivas para que estos permisos medioambientales no sean otorgados, dado que los proyectos han obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tras un "exhaustivo proceso de evaluación que ha durado cerca de siete años".

Ese recorrido burocrático, según recalcó ayer Gas Natural por escrito a este periódico, "se ha realizado conforme a la Ley Ambiental y tras analizar todas las posibles afecciones" a la flora y la fauna, y en cuyo proceso "hemos recibido el visto bueno de las distintas administraciones". Para más inri, añadió, el Espacio Natural Doñana y el Consejo de Participación, han aprobado la ejecución de los proyectos", después de ofrecer el aval de llevar 30 años explotando hidrocarburos en los parajes de Marismas A, B-1 y C-2 e incluso almacenando el gas sin ninguna tara ambiental.

Junto a este trámite, que depende de la Administración autonómica, la empresa está a la expensas de "la Autorización Administrativa que compete al del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que ha incluido el almacenamiento en Marismas dentro de la Planificación de Infraestructuras de gas y electricidad, clasificada como urgente".

Entre tanto, el representante de WWF, Juanjo Carmona, destacó que el proyecto tiene "claras evidencias especulativas después de que el documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016 apunte a que "exista una atomización de la oferta de gas en España". Por consiguiente, entiende que el almacenaje responde a un intento de "comprar los hidrocarburos aprovechando un descenso de los precios y generar pingues beneficios a la espera de que la cotización suba, generando con ello importantes dividendos para la compañía.

La empresa descarta tajantemente estas críticas y explicó que el estancamiento de la demanda es consecuencia de la situación económica del país. De este modo detalló que conforme se produzca una reactivación de la economía los niveles de consumo volverán a cifras anteriores. En cualquier caso, y aun en el peor escenario, considera que este tipo de infraestructuras son "urgentes" por su "carácter estratégico", al ser las únicas de este tipo en el Sur de España.

En paralelo, Gas Natural insiste en que el almacenaje de gas es común en Europa y que incluso algunos almacenamientos subterráneos se encuentran enclavados en espacios naturales. Los que se proyectan en Doñana, añade la empresa, están "concebidos para garantizar una operatividad y seguridad equivalente al de países de nuestro entorno".

Gas Natural descarta que en España exista "una sobreoferta de gas, dado que prácticamente el 100% de esta energía viene del exterior", por lo que la empresa prevé la extracción en su primera fase, reduciendo con ello esta dependencia.

Este proyecto está incluido en la Planificación energética del país con la categoría de "urgente". "Por otro lado, al ser un almacenamiento regulado no tiene ningún carácter especulativo, puesto que el promotor recibe del Sistema Gasista una cantidad equivalente a la amortización de la inversión y su correspondiente actualización financiera por el aplazamiento de los pagos", insistió.