La Junta ofrece 90 cursos de formación FPE en Huelva

El programa para personas desempleadas tiene el objetivo de conseguir 1.350 alumnos en la provincia onubense

Antonio Augustín durante la presenteación de los cursos FPE. / H. I.
C. M.

15 de septiembre 2020 - 21:00

Huelva/La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ya ha publicado los procesos de licitación para impartir cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE), con un gasto público de 7,45 millones de euros para desarrollar hasta 745 acciones formativas que van destinadas a 11.175 alumnos en toda Andalucía.

Del total de la oferta formativa andaluza, 90 acciones formativas se realizarán en Huelva, con un presupuesto de licitación total de 655.906,37 euros y la previsión de alcanzar los 1.350 alumnos para la provincia onubense.

El primero de los procesos de licitación, en el marco del programa Andaluces Digitales, tiene como objetivo que 1.260 trabajadores y trabajadoras ocupados de la provincia adquieran las cada vez más necesarias competencias digitales, se van a licitar por 390.205 euros los 84 cursos que se prevén impartir en Huelva.

El segundo de los procesos de licitación para Huelva, consta de 6 acciones formativas de FPE destinadas a 90 personas desempleadas en ocupaciones relacionadas con la hostelería y el turismo, que se licitarán por 265.761,37 euros y cuyo plazo de licitación termina el próximo 24 de septiembre.

Según ha detallado el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento, y Universidad en Huelva, Antonio Augustín, “estos procesos de licitación son los dos primeros de esta envergadura que se tramitan bajo una nueva fórmula jurídica para la gestión de la Formación Profesional para el Empleo que garantice la calidad, la transparencia y un mayor control del gasto público”.

Asimismo, Augustín ha subrayado “el esfuerzo que está realizando la Consejería de Empleo para reactivar las políticas activas de empleo ahora más que nunca tan importante y tan necesaria, y haciéndolo con cambios en la forma y el fondo, poniendo en marcha la licitación administrativa en lugar de subvenciones públicas como fórmula de mayor calidad, eficacia y seguridad jurídica, adaptando realmente los contenidos a las necesidades de las personas y las empresas”.

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