La Junta activa una subvención de 450.000 euros para atender a 10.000 personas inmigrantes en Huelva
Las ayudas se destinarán a dos líneas, una para temporeras y sus familias y otra a entidades privadas para programas de acción social
Huelva/La Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Huelva va a destinar este año un total de 450.000 euros en dos líneas de subvenciones a entidades locales de la provincia para la atención de más de 10.000 personas inmigrantes, lo que supone triplicar la cuantía respecto a la convocatoria de 2021.
Para la coordinación de estas ayudas y de todos los recursos existentes en la provincia destinados a la población migrante, la Delegación de Inclusión Social ha organizado en la capital onubense una jornada con las entidades locales y del Tercer Sector que ha contado con la presencia del director general de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, Jesús Toronjo, y del delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Barrero.
Jesús Toronjo ha aprovechado este encuentro para explicar las prioridades de su departamento en materia de política migratoria a los representantes de las siete entidades privadas y de los ocho ayuntamientos que han asistido a la jornada.
Según ha explicado José Manuel Barrero, los 450.000 euros en subvenciones de este año financian programas que tienen como finalidad “la mejora de las condiciones de vida de las personas migrantes y el fomento de la inclusión social de las personas inmigrantes residentes en la provincia”. También tienen como objetivo “el mantenimiento de albergues y servicios de acogida temporales en zonas de la provincia donde se desarrollan campañas agrícolas o de temporada o en núcleos donde la especial afluencia de personas trabajadoras desplazadas no pueda ser atendida por los servicios de acogida normalizados”.
La primera línea de subvenciones va destinada a entidades locales para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras y sus familias. La dotación presupuestaria ha aumentado un 162%, pasando de 93.552 euros a 250.000 euros.
Desde esta línea se van a financiar siete actuaciones -tres más que en la convocatoria anterior- de seis ayuntamientos de la provincia, cinco de ellos con más de 20.000 habitantes. Se trata de Huelva capital, Almonte, Lepe, Isla Cristina, Lucena del Puerto y Moguer. Además, esta actuación conlleva la contratación de 10 trabajadores y trabajadoras.
De los siete programas, cinco van destinados principalmente a información y asesoramiento, como un refuerzo de los Servicios Sociales para atender a la población migrante, tanto residente como temporera. Los otros dos proyectos, ambos de Moguer, tienen por objeto la gestión de una vivienda para alojar temporalmente a trabajadores y trabajadoras agrícolas y la formación a través de cursos de lengua, cultura española, higiene, habilidades sociales y el fomento de la participación en actividades de ocio y tiempo libre promovidas en el municipio.
La segunda línea de subvenciones, destinada a entidades privadas para programas de acción social dirigidos a personas migrantes, cuenta con un presupuesto de 200.000 euros, un 40% más que en la convocatoria anterior. Estas entidades son Accem, Huelva Acoge, Asnuci, Codenaf, Cepaim, Fecons y Diappo, asociación esta última con un proyecto destinado a las personas sin hogar y dirigido en su mayor parte a personas inmigrantes residentes en asentamientos chabolistas.
Los programas se llevarán a cabo en siete localidades de la provincia -Huelva capital, Lepe, Isla Cristina, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Cartaya- y darán cobertura a unas 1.700 personas inmigrantes. Para ello, se cuenta con 13 profesionales, entre licenciados/as en Derecho, trabajadores/as sociales y mediadores/as.
José Manuel Barrero ha valorado la labor que desarrollan todas las entidades que trabajan con personas inmigrantes. “Tenemos una buena relación de confianza con todas las entidades que trabajan con las personas migrantes, trabajamos conjuntamente para mejorar las condiciones de vida y construir procesos de inclusión que normalicen su situación y contribuyan a buscar vías legales para el trabajo temporal y crear sistemas de protección humanitaria”, ha manifestado el delegado.
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