Mari Luz: el crimen de la metamorfosis

El 13 de enero de 2008 iba a ser un día cualquiera en la vida de la familia Cortés Suárez. Mari Luz, la hija menor de Irene y Juan José, tenía cinco años. Nunca salía a la calle sola. Pero aquella tarde, minutos antes de las 17:00, bajó a por chucherías al quiosco de la Avenida de las Flores, a escasos metros de su casa, y nunca más regresó.

Agazapado tras la ventana la observaba Santiago del Valle. Antes de que a Mari Luz le diera tiempo a enfilar la esquina de la Plaza Rosa para degustar las golosinas con los suyos, un muñeco de peluche se cruzó en su camino. El señuelo le funcionó al pederasta. Ella entró al portal para devolvérselo y se produjo un forcejeo entre ambos que la dejó inconsciente. Él activó la maquinaria para deshacerse de la cría. La introdujo en un carrito de la compra, subió al coche de su hermana Rosa y ambos pusieron rumbo a la marisma del Estero del Rincón. Allí fue abandonada, todavía con vida. Murió ahogada. Su pequeño cadáver fue hallado 54 días más tarde -un auténtico calvario para su familia- flotando en la desembocadura del río Tinto.

Hoy se cumplen cinco años de la tragedia, un lustro de metamorfosis social que ha conllevado significativos cambios a nivel policial, judicial y legislativo con origen en el crimen de Mari Luz Cortés.

Cambios policiales

Antes del 13 de enero de 2008 los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad dejaban pasar 24 horas antes de comenzar a buscar a un menor. El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, denunció públicamente entonces que los efectivos policiales no se hubieran puesto manos a la obra de inmediato tras denunciar su desaparición. Aunque lo cierto es que la reacción de la Policía Nacional de Huelva se produjo en cuestión de minutos. El actual jefe superior de la Policía en Andalucía Occidental, Miguel Rodríguez Durán, era entonces el comisario jefe de Huelva. Su experiencia en estas lides le impulsó a movilizar a sus hombres rápidamente, si bien recuerda ahora con tristeza que "por mucha prisa que nos hubiéramos dado, el crimen ya se había cometido".

Por iniciativa propia, Rodríguez Durán creó en la comisaría onubense -después de lo acontecido con Mari Luz- el Grupo IV de Policía Judicial (Homicidios), que conjuga el Servicio de Atención a la Familia (SAF) con la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) y donde sus agentes se han especializado en desaparecidos. Esta unidad ya ha trabajado en innumerables casos de desapariciones en el último lustro, tanto de adultos como de menores. La mayoría de ellos se han solucionado satisfactoriamente.

La especialización ha llevado a este grupo de agentes a ser una referencia en el mapa policial nacional. Tanto es así que incluso las policías de Madrid y Córdoba les pidieron apoyo en el caso Ruth y José.

El protocolo policial para la búsqueda de menores cambió en 2009. Desde entonces la denuncia de los padres se toma en el acto, se graba en una base de datos y en pocos minutos esa persona aparece como desaparecida en toda España. Las unidades especializadas de la Policía Judicial valoran si la desaparición es de alto riesgo. De ser así, se ponen enseguida en acción. En paralelo, se puso en funcionamiento el teléfono 116 000, común en buena parte de Europa. Está gestionado por una ONG, que traslada la denuncia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de inmediato.

Los errores judiciales que permitieron que el pederasta Santiago del Valle continuara en libertad a pesar de que tenía una condena firme por haber abusado de su hija precipitaron varios cambios a nivel judicial. Hay que recordar que fue detenido el 25 de marzo de 2008 y su caso puso en evidencia, entre otros aspectos, las carencias de los sistemas informáticos judiciales en lo que se refiere a la interconexión entre los órganos de la Justicia: mientras el pederasta estaba siendo buscado por el juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, estaba compareciendo de forma regular en otro juzgado de Instrucción de la misma ciudad donde se seguía otra causa contra él.

En 2010 se implantó el Sistema Integral de Registro de la Administración de Justicia (Siraj), pero, como explicó el pasado año el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, el sistema no es suficiente porque la conexión entre juzgados de lo Penal sólo se produce en el ámbito andaluz. No obstante, a principios de este año la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha culminado la interconexión de los 370 órganos que conforman la jurisdicción penal. El sistema eMaat es una aplicación de centralización de información que recoge a diario los datos de los sistemas de gestión procesal y los ofrece a los profesionales de la Justicia autorizados.

En febrero de 2009 entró en funcionamiento del Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, prometido por el Gobierno a Juan José Cortés, una base de datos a la que tienen acceso Policía, Guardia Civil, jueces y fiscales que ofrece información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura o de detención y puesta a disposición judicial y sobre la peligrosidad del imputado, lo que ayuda a prevenir la especial reincidencia de pederastas y agresores sexuales.

Pese a las reformas introducidas, la cuestión de fondo que permitió que Del Valle estuviera en libertad cuando cometió el crimen no se ha resuelto: la sobrecarga de trabajo que padecen los juzgados y que llevó a los jueces en 2009 a manifestar su descontento en la primera huelga de su historia. Casos como el de Miriam Cuerda, en el que el presunto cómplice de su desaparición también estaba libre por haberse suspendido temporalmente la condena que debía estar cumpliendo, ponen de manifiesto que los plazos con los que se ve obligada a jugar la Justicia desembocan en otras injusticia de mayor envergadura.

A expensas de la aprobación definitiva de la polémica reforma del Código Penal ha quedado la prisión permanente revisable, reclamada por Cortés -bajo la denominación de cadena perpetua- primero con la recogida de 2,5 millones de firmas por todo el país durante el verano de 2008, luego con su conversión en asesor en materia de Justicia del PP. De ejecutarse, la permanente revisable se aplicará a los homicidios terroristas, a los casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, a los asesinatos múltiples, los perpetrados por una organización criminal y a los agravados, como los cometidos contra menores de 16 años.