Mesa de la Ría expedienta y suspende de militancia a Aurelio González

La asociación Mesa de la Ría ha incoado un expediente disciplinario a Aurelio González Peris y le ha suspendido de militancia cautelarmente. Se da así un paso más esta semana en la división del colectivo, patente desde el mes de agosto, cuando la junta directiva presidida por González Peris era relevada por otra que no ha sido reconocida como tal oficialmente. Ahora hay dos miembros que se atribuyen la condición de presidente: Juan Manuel Buendía, elegido este verano en una asamblea de socios celebrada en el Ayuntamiento, y Aurelio González, que ostenta el cargo desde enero de 2015 y que debía ser renovado en enero pasado.

Buendía, que delegó ayer pronunciarse sobre este tema, es un estrecho colaborador del portavoz municipal de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, que forma parte también de esa nueva junta de gobierno. Ha sido ésta la que decidió, en reunión del 3 de octubre, abrir un expediente disciplinario a Aurelio González apoyado en tres motivos.

La primera y más llamativa de las causas de suspensión es la presunta comisión de un delito. En la comunicación remitida a miembros de la asociación este miércoles, y a la que ha tenido acceso este periódico, se detalla el supuesto delito cometido y se asegura que desde la organización no pueden “permanecer impasibles ante comportamientos de este tipo, los cuales tienen que quedar desterrados de toda la sociedad y, por consiguiente, de cualquier organización ciudadana”.

Rafael Gavilán aseguró ayer a este diario que tienen testimonios que apoyan la acusación a Aurelio González Peris, si bien no hay interpuesta ninguna demanda en los juzgados contra él por estos hechos, ni hay constancia de que esto pueda llegar a producirse. Sólo se ha trasladado el expediente a un despacho de abogados ajeno a la asociación, asegura, para que tramite el procedimiento interno, “elabore un informe independiente y proponga la resolución” que estime oportuna a tenor de los hechos. Será, entonces, el equipo de gobierno presidido por Buendía el que decida sobre la posible expulsión de González Peris, sobre la que, reconocen, cabrá recurso y ante el que decidirá finalmente la asamblea general.

El propio Aurelio González considera “incalificable, muy incalificable” el paso dado por Buendía y Gavilán con la acusación difundida. “Es una calumnia que me está señalando”, confirmó ayer tarde a Huelva Información con tono sosegado, reservándose la posibilidad de emprender medidas legales. “Lo que haga será a título personal”, dijo. “Lo tengo que meditar con la ayuda de un letrado”.

También a Aurelio González se le remitió desde la organización un día antes, el martes, un burofax en el que se le comunicaba la suspensión cautelar como miembro y la apertura de un expediente disciplinario que puede acabar en su expulsión de Mesa de la Ría.

La presunta comisión de un delito es una de las causas comunicadas al afectado para comenzar el procedimiento de expulsión. Hay otras dos, según confirma Rafael Gavilán, que pasan por el supuesto “incumplimiento de obligaciones de su cargo”, concretado en la negativa a admitir el relevo de la junta de gobierno con su firma para el registro de la Junta de Andalucía; y por otro lado, por un “comportamiento que atenta contra el buen nombre de la organización”, relacionado directamente con las críticas públicas a los componentes de la directiva elegida el 8 de agosto pasado.

La asamblea del 8 de agosto

Hasta esa fecha hay que remontarse para encontrar el principal punto de fricción ahora. La asamblea fue convocada en apenas unos días con las firmas de un 10% de los socios “con derecho a voz y voto”, aclara Gavilán. Ninguna de las partes facilita cifras de socios de la organización ni de participantes en la citada reunión. Sí parece claro que fue un número reducido, uno de los motivos por los que Aurelio González rechaza el resultado de la misma. También, dice, que no se permitiera la entrada de algunos socios. Ni él, como presidente, alega, estuvo presente en una asamblea, además, celebrada en dependencias del Ayuntamiento, para lo que tampoco encuentra explicación.

Rafael Gavilán, por su parte, defiende la legitimidad de la asamblea y de su acuerdo. El nuevo órgano directivo, afirma, tiene absoluta validez aunque no haya quedado constancia todavía en el registro de asociaciones de la Junta de Andalucía. “Ese es sólo un trámite informativo, como indica la propia ley”, aclara.

Las discrepancias están encima de la mesa. Hay división, ahora más que nunca, y todo parece abocado a los Juzgados.