Pintadas y otros destrozos vandálicos supondrán multas de hasta 3.000 euros

Lo que antes era una anécdota que se saldaba con una sanción de 5.000 pesetas, ahora llegará a los padres de los menores infractores como una multa de al menos 500 euros (en los peores casos, hasta 3.000 euros, el techo que permite la Ley). El Ayuntamiento afina su instrumental contra el vandalismo, la nueva Ordenanza Municipal de Higiene Urbana que verá luz verde este mismo año con el refuerzo de las sanciones y la creación de patrullas específicas.

Un antídoto que se ensaya contra el paisaje diario de las pintadas y destrozos en el mobiliario público y fachadas, con el ejemplo reincidente en el Santuario de la Cinta, el Cine Rábida (antes incluso de la reapertura del edificio); o la Plaza del Cine a las puertas ya del nuevo Festival. No hay excepción en las calles, con una moda que crece mientras algunos bazares abaratan el material de los aerógrafos al alcance de los menores. El bucle va a más y sin distinción de distrito, pero confirman desde la Policía Local que cada vez es mayor la colaboración ciudadana para identificar a los infractores.

El departamento que dirige la concejal Carmen Sacristán pretende darle un golpe de timón a esta situación, inhibir y mentalizar. Según informó a este periódico la teniente de alcalde, las medidas que se han diseñado (estudiando las herramientas normativas que operan en otras ciudades) "no responden a un afán recaudatorio, sino disuasorio. No obstante -explicó la teniente de alcalde- el dinero que se recaude de la aplicación de esta ordenanza se revertirá en la mejora de los espacios públicos; al margen del avance que supondrán estas medidas en materia de concienciación social y respeto por el patrimonio y la imagen de nuestra ciudad".

Aún pendiente el filtro del CES (Consejo Económico y Social de Huelva), la nueva ordenanza se encuentra en fase de información pública abierta a alegaciones, a expensas de la resolución de las mismas, el dictamen del órgano asesor del Consistorio y la aprobación definitiva en el Pleno.

El documento que tramita el equipo de Gobierno municipal viene a actualizar la ordenanza de 2001, que a su vez modernizó la ya existente. "Desde entonces -explicó la concejal- se ha avanzado notablemente en la mentalización ciudadana y de las Administraciones en todo lo relativo a medio ambiente, ornato público y convivencia, lo que ha impuesto la necesidad de modificar algunos conceptos contenidos en la ordenanza de 2001, en base a los avances legislativos y a los nuevos usos sociales de los espacios públicos". Así, con la revisión del texto de 2001 se tratan de optimizar los instrumentos legislativos para establecer "elementos disuasorios suficientes", apuntó Sacristán.

Una de las consecuencias que trae, pues, este cambio normativo es la dotación de nuevos medios policiales. De esta forma, la nueva adscripción funcional (no orgánica) de dos agentes a la Delegación de Infraestructuras tiene como objetivo reforzar la verificación, seguimiento y sanción de forma generalizada en todos los contenidos sancionables en la Ordenanza de Higiene Urbana y, especialmente, aquellos asuntos denunciados por los interlocutores sociales y los ciudadanos.

A nivel organizativo, con esta ordenanza se promueve la ocupación de efectivos de Policía Local en las tareas preventivas y sancionadoras que afectan a este ámbito. El cometido de vigilancia que vienen asumiendo actualmente todos los miembros de la plantilla municipal se verá reforzado por la ejecución de campañas referidas a asuntos concretos.

Al mismo tiempo, el Grupo de Apoyo a Servicios Municipales compuesto por seis agentes de la Policía Local (uno en Medio Ambiente, uno en la Gerencia Municipal de Urbanismo y dos nuevas incorporaciones funcionales a la Delegación de Infraestructuras), actuará de forma coordinada con los agentes de paisano del Grupo Lima. Entre los materiales asignados se encuentra un vehículo todoterreno, uniformes y material de transmisiones y de apoyo policial.

En lo que atañe a las modificaciones legislativas, la nueva ordenanza recoge un capítulo específico sobre las conductas vandálicas, agresivas y negligentes en el uso del mobiliario urbano, espacios públicos, parques y jardines.

En esta línea, se intenta penalizar y agravar las sanciones relacionadas con las pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales, calzadas, aceras, mobiliario urbano, muros y paredes, las cuales pasan a ser calificadas como graves y, como muy graves, cuando éstas se realizan sobre edificios oficiales, de interés cultural y monumentos.

También se amplía el concepto de responsabilidad en la omisión de las infracciones descritas, en el caso de que fuesen cometidas por menores, a sus padres, a quienes se les responsabilizará directa y solidariamente.

En general, las modificaciones del procedimiento sancionador suponen una actualización en las cuantías de las multas que oscilaban, hasta ahora, entre 5.000 y 100.000 pesetas y pasarán a establecerse entre 500 y 3.000 euros. La graduación de las sanciones se adecuará en función de la reincidencia, intencionalidad, transcendidencia social y gravedad y naturaleza de los daños causados.