Notas al margen
David Fernández
El problema del PSOE-A no es el candidato, es el discurso
El jefe de grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en Huelva declaró ayer en la segunda sesión del juicio oral que se está celebrando en la Audiencia Provincial por una presunta trama de carnés fraudulentos a cambio de cobros irregulares y de exención de multas, destapada en 2009, que las investigaciones y pesquisas policiales que él mismo coordinó como responsable durante la operación revelaron la existencia de irregularidades documentales y procedimentales así como la falsificación de datos que, a su juicio, constatan la existencia de una red delictiva vinculada con conocidos delincuentes y narcotraficantes de la provincia.
En la misma, según detalló el jefe del grupo de delincuencia patrimonial y posteriormente corroboró otro agente, estarían supuestamente implicados el exjefe provincial de la Jefatura de Tráfico en Huelva, Andrés Sánchez Buenaposada; J.C.P., coordinador de exámenes; y la examinadora M.C.P., en torno a los cuales pivotaba una trama por la que también están siendo juzgados M.R.F.S; G.R.R; M.R.S.L; M.A.E; y F.P.Z.
Durante su declaración, el responsable de la investigación, que arranca en agosto de 2007, aseguró que tiene su origen "en muchas informaciones confidenciales, rumores y noticias que nos llegan del ámbito de delincuencia y del narcotráfico de la ciudad de que se están obteniendo carnés de forma fraudulenta, en pocos días". A raíz de los testimonios de varios confidentes, la Policía contactó con un funcionario de la Jefatura de Tráfico, quien les reveló "que había irregularidades y anotaciones que no estaban acreditadas", lo que les llevó a solicitar la intervención del teléfono de M.C.P. "porque las averiguaciones apuntaban que esa examinadora era la mediadora o una de ellas".
"En las llamadas había indicios de que se obtenían carnés de favores y de forma irregular, y conforme avanzamos conseguimos nuevos datos y obtuvimos el procedimiento seguido para la obtención mediante la asignación de unos códigos predeterminados que no se correspondían con los del examen teórico de ese día", explicó el responsable de la investigación, quien precisó que, pese a ser advertido por un funcionario de esta anomalía, A.S.B. le respondió que "no pasaba nada", siendo "el único junto con J.C.P. que disponía de la llave de la caja donde se custodiaban los exámenes", según confirmó a la Policía su sucesor al frente de la Jefatura de Tráfico. Asimismo, precisó que no todos los datos de la investigación fueron obtenidos del trabajador de la propia jefatura, que decidieron no pedir autorización judicial para interrogar a más funcionarios "porque si tocábamos a alguien de dentro corríamos el riesgo de levantar la liebre y de que se fuera todo al traste" y quedó acreditado "que había funcionarios que hacían favores y gente que obtenía carnés de forma fraudulenta pagando cierta cantidad de dinero".
"Sigo pensando que la banda de narcotraficantes estaba detrás de la trama de carnés fraudulentos como beneficiarios", sentenció.
Otro de los agentes, que defendió que "toda la información fue contrastada tras más de un año de investigación" y que "de los recomendados no encontré nunca ningún suspenso", corroboró los testimonios de confidentes "que nos informaron de que se estaban cometiendo irregularidades" como origen de unas indagaciones que los guiaron hasta M.C.P., "que como no podía autoasignárselas era quien llamaba para la asignación de listas de aspirantes a J.C.P., persona necesaria en la operación sin la que no podía llevarse a cabo".
Por otra parte, los testigos de la acusación J.J.D.G. y E.C.P. declararon que el exjefe de Tráfico "cometió irregularidades al modificar las calificaciones de exámenes diciendo que iba a hacer un milagrito" y que M.C.P. pidió a ambos en alguna ocasión que les cambiara el turno para que ella pudiese coincidir con una determinada lista.
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