Retiran la asistencia domiciliaria a una mujer con una minusvalía del 65%
La Junta no ha resuelto aún el traslado del expediente solicitado hace casi un año
Casi un año lleva Estefanía Rivero Domínguez sin prestaciones de la Ley de Dependencia, sin una persona que le ayude a realizar las actividades básicas del día a día. Con una minusvalía del 65% y una movilidad reducida, sólo recibe asistencia de su marido y sus hijos cuando terminan su jornada laboral. Estefanía Rivero padece la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo crónico del que ha sido sometida a una operación quirúrgica. Por motivos de trabajo y de salud, ella y toda su familia se trasladaron de Alosno, donde residían, a Huelva capital. Desde entonces ha dejado de recibir la ayuda que tenía de la Junta de Andalucía. Y también continúa todavía sin resolverse el expediente de traslado que presentó para poder seguir contando con las prestaciones sociales que tenía cuando vivía en la localidad andevaleña.
Con bastante dificultad, Estefanía Rivero explica que el próximo 4 de septiembre hará un año de eso y que a pesar de las numerosas solicitudes, reclamaciones y quejas que ha presentado en la delegación territorial correspondiente para que la Administración solvente su caso todavía está pendiente de solución. Cuando residía en Alosno contaba con la asistencia de una persona dos horas al día. Ahora debe valerse por sí misma cuando no están ni su marido ni sus hijos y después de haber permanecido incluso un mes en un silla de ruedas, ya que sufrió un ataque agudo de su enfermedad.
Además, Rivero está perdiendo la vista y tiene el campo visual reducido, lo que dificulta aún más su movilidad, ya de por sí bastante mermada. A pesar de su situación, continúa día a día a la espera de contar con un servicio de ayuda a domicilio, un servicio que se resiste en llegar a pesar de su imperiosa necesidad.
Estefanía Rivero ha recurrido al Ayuntamiento de la capital y al programa de ayuda a domicilio que ofrecen los Servicios Sociales del Consistorio. En cualquier caso, solo dispondrá de prestaciones cinco horas a la semana, un tiempo y una dedicación insuficientes debido a su estado.
Rivero contaba con la ayuda la Ley de Dependencia desde 2009; tres años después dejó de recibirla sin saber la causa. Tan solo sabe que el traslado del expediente que demandó sigue en el aire. Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2007 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia nació un nuevo derecho para todos los ciudadanos. Con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que la ley creó, todas las personas mayores o con discapacidad que no puedan valerse por si mismas, serán atendidas por las administraciones publicas, garantizándoles el acceso a los servicios sociales públicos y a las prestaciones económicas más adecuadas a sus necesidades. En el caso de Estefanía Rivero el nuevo derecho comenzó a aplicarse pero ahora, pasado el tiempo, parece que ha sido bloqueado, paralizado o denegado.
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