Satse pasará a la acción ante "el desprecio absoluto" del SAS a las enfermeras y fisioterapeutas

Huelva/El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía impulsará distintas acciones e iniciativas reivindicativas en los próximos meses ante el grave desprecio laboral y profesional que sufren las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas por parte de la Junta de Andalucía que también está demostrando un injusto comportamiento sectario y discriminatorio hacía unos profesionales sanitarios que han puesto en riesgo su salud y seguridad durante la pandemia del Covid-19

El Comité Ejecutivo Autonómico del Sindicato se ha reunido con carácter de urgencia para abordar las cada vez más precarias condiciones laborales de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas del SAS, y ha acordado preparar un plan de trabajo que contemplará numerosas acciones e iniciativas con la participación activa de los profesionales en todas las provincias andaluzas y que se mantendrá, al menos, hasta junio de 2022 salvo que constate un cambio real e inmediato de la política y actitud por parte de la Junta.

Tras la reunión del Comité, el presidente estatal de Satse, Manuel Cascos, y el secretario general de Satse Andalucía, José Sanchez, han mostrado, con numerosos datos y cifras, que la actual realidad de la sanidad andaluza y de sus enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas ha ido empeorando en los últimos años al no impulsarse desde la Junta de Andalucia las mejoras necesarias, tanto en recursos humanos como materiales. “Solo ha habido aplausos y palabras huecas por la labor realizada en la lucha contra la pandemia, pero ninguna acción que acabe con la precariedad y discriminación existente”, apuntan.

En este sentido, el Sindicato recuerda que Andalucía se encuentra a la cola de España (puesto 14) en cuanto al gasto sanitario por habitante al año, con 1.383 euros, siendo la media del país de 1.495 euros, mientras que hay autonomías como Castilla-La Mancha y Extremadura, ambas de signo político diferente, que superan los 1.800 euros por habitante al año. Esta precariedad presupuestaria ha provocado una progresiva descapitalización y desmantelamiento de la sanidad pública mientras han ido incrementándose los conciertos con la sanidad privada, añade.

Asimismo, también afirman que Andalucía es la última autonomía en cuanto a número de enfermeras/os por habitante, con 4,13 profesionales por 1.000 habitantes, cuando en España hay 5,3 por 1.000 habitantes y en Europa, cerca de nueve enfermeras/os por 1.000 habitantes. En el caso de los fisioterapeutas, hay un profesional por 11.000 habitantes cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece 1 profesional por 1.000 habitantes, lo que provoca que haya cerca de 60 centros de salud sin estos profesionales.

Se trata, según el sindicato, de "una lamentable realidad que conlleva una gran sobrecarga asistencial para las enfermeras y enfermeros que llegan a atender hasta 20-25 pacientes en un hospital y hasta 1.800-2.000 personas en los centros de salud o que en los centros sociosanitarios no haya enfermeras y enfermeros durante más del 75 por ciento del tiempo en que se necesita su atención". “Mientras se empobrece a la sanidad pública y se abandona a su suerte a los profesionales sanitarios que garantizan la actividad asistencial, solo se invierte en infraestructuras y en ofrecer más oportunidades de negocio a las empresas privadas de salud”, señalan.

De otro lado, el Sindicato de Enfermería denuncia la ausencia de la atención presencial en los centros de salud por parte del personal médico que está realizando su labor a puerta cerrada y por teléfono, mientras que las enfermeras y enfermeros sí la han mantenido en un 100 por 100. Apunta que las esperas siguen aumentando, al haber un “tapón” en los centros de salud que también repercute en los servicios de Urgencias de los hospitales que se colapsan. Por contra, en Castilla y León, por ejemplo, sí se ha recuperado el 100 por 100 de la actividad presencial.

En cuanto a las lamentables condiciones de trabajo de las enfermeras y enfermeros del SAS, Satse critica los bajos salarios existentes, unos 1.200-1.300 euros al mes, que siga sin verse reconocido el “solape de jornada” o los claros obstáculos que se ponen al desarrollo de su carrera profesional convirtiéndose en la peor carrera de toda España. Apunta, al respecto, que no se va a aceptar seguir con una carrera profesional que no se base exclusivamente en servicios prestados, formación e investigación, evaluación de objetivos en la unidad y formación académica.

De igual manera, la organización sindical subraya que desde la Junta no se apuesta por el desarrollo profesional de las enfermeras y enfermeros en ámbitos como la cirugía menor, la hospitalización a domicilio o el triaje en Atención Primaria, al no dotarse de la formación y recursos adicionales necesarios

Unos profesionales cuya labor durante la pandemia ha sido absolutamente decisiva, desde los momentos iniciales en los que lucharon contra la enfermedad con “bolsas de basura” hasta haber logrado sucesivos récords en la campaña de vacunación a la población, sin olvidar su importante labor de detección y seguimiento de casos Covid-19. “Las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas han demostrado que son los motores del sistema sanitario”, incide.

Otro aspecto denunciado desde Satse es la clara discriminación existente en el SAS entre las enfermeras y enfermeros y otros profesionales sanitarios. Caso, por ejemplo, de la cantidad económica que se abona a un médico por su exclusividad en la sanidad pública (800 euros) cuando, además, se está incentivando más que nunca la perversión descarada del sistema sanitario público al querer reducirse en la sanidad privada las listas de espera de distintos servicios de la pública en los que trabajan los mismos profesionales Otro ejemplo es que una enfermera cobra 37 euros al mes por la asignación de pacientes en los centros de salud cuando un médico gana 500 euros al mes.

“Se ha llegado a una situación absolutamente inaceptable e insostenible y ante la que hay que pasar a la acción porque los profesionales no podemos seguir soportando que se nos discrimine, pues todo ello provoca una peor atención y una mayor inseguridad asistencial para los pacientes y el conjunto de la ciudadanía”, concluyen.