Seis hitos de los tribunales onubenses en 2019

Huelva/La provincia onubense ha cerrado 2019 con una intensa actividad en sus tribunales. Les ofrecemos ahora una pequeña pincelada de los hitos más destacados del año, tanto a nivel organizativo como de asuntos judicialmente resueltos o en instrucción.

Ministerio Público: nuevo fiscal jefe y delegados especialistas

El que fuera delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía de Huelva, Alfredo Flores, tomó posesión como nuevo fiscal jefe de Huelva el 18 de enero de 2019. Cogió el relevo de Luis Fernández Arévalo, actual fiscal jefe de Sevilla.

Asimismo, al inicio del año conocimos los nombres de los nuevos fiscales delegados tras la obligada reestructuración del Ministerio Público: Alberto Campomanes lleva las riendas de Menores; Pilar Álvarez, las de Medio Ambiente; y Carlos López-Veraza, las de Seguridad Vial.

Relevo en el Colegio de Abogados

En abril Juan José Domínguez dejaba su cargo como decano del Colegio de Abogados de Huelva. Había estado 29 años al frente del órgano. Fernando Vergel, su hombre de confianza, se puso al frente como decano en funciones, mientras que Domínguez fue designado decano emérito. La sociedad onubense lo homenajeó el pasado verano en el Muelle de las Carabelas.

Al inicio del pasado diciembre, las elecciones del Colegio refrendaban a Vergel en el cargo. En su junta de gobierno, que toma posesión este año, hay por primera vez tres mujeres.

Caso Laura Luelmo: Montoya y la nueva investigada

En 2019 la instrucción del caso Laura Luelmo ha contado con notables novedades. A principios de año Montoya sorprendía con una nueva versión sobre los hechos, en la que apuntaba a la implicación de su expareja, Josefa Carmina G.C., en el crimen de El Campillo.

Además, este diario avanzó que no he había grabado la declaración de Bernardo en sede judicial por un error técnico. El 16 de mayo, Josefa prestaba declaración como investigada, condición que mantiene a día de hoy. Lo último es que Montoya pretende demostrar que es impotente y que sufre un trastorno de personalidad.

El crimen de Almonte se reabre sin autor conocido

El año se inició con la reapertura de la causa del crimen de Almonte. Unos días antes de que finalizara 2018, el Tribunal Supremo ratificó la absolución definitiva de Francisco Javier Medina como autor de los asesinatos de Miguel Ángel y María Domínguez. Así que tocaba reiniciar la investigación.

Para ello, como avanzó este diario en marzo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil retomó la investigación con un nuevo equipo. En los últimos meses hemos asistido a los reiterados intentos de personación de Medina en la causa, primero como acusación particular y luego como popular. La jueza del Instrucción 1 de La Palma del Condado y la Audiencia se lo han denegado. Sí se aceptó la de la asociación Clara Campoamor, que ejercerá la acción popular si se le exime o se le rebaja la fianza.

En paralelo, el Constitucional inadmitió el recurso de las víctimas contra la sentencia absolutoria. La jueza ha autorizado el análisis del vestido y la manta que cubría el cuerpo de María y el antropólogo forense Francisco Etxeberria también estudiará ambas prendas.

Apuñalamiento del jefe de la Policía de Punta Umbría

El 7 de agosto irrumpía en la actualidad el apuñalamiento sufrido por Antonio Garrido en la playa de Punta Umbría, un ataque con arma blanca perpetrado por Fernando C.M., un vendedor ambulante ilegal.

El magistrado José Manuel Balerdi juzgó el caso a finales de agosto y lo condenó a dos años de prisión por un delito de atentado con instrumento peligroso en concurso con otro delito de lesiones. Se le aplicaron las circunstancias atenuantes de enajenación mental y reparación del daño y se le suspendió la pena. Su hermano, Mikel C.M., fue condenado a a seis meses de prisión y el bañista que intervino en la trifulca, al pago de 540 euros de multa.

Rebaja de penas en el crimen de Matalascañas

Apenas seis minutos duró el 3 de septiembre el juicio contra los tres acusados del robo con violencia y el asesinato de Pedro Pérez, el anciano que perdió la vida en su chalé de Matalascañas el 13 de mayo de 2015.

Un acuerdo permitió que los dos principales procesados, C.R.M. y M.C., tengan que cumplir finalmente solo diez años de reclusión: ocho años por el asesinato del hombre y dos más por el robo cometido en la vivienda, de la que se llevaron la caja fuerte. El Ministerio Público reclamaba 25 años de prisión para cada uno de ellos por estos delitos. Como contraprestación, los acusados reconocieron los hechos y abonaron parte de los 90.000 euros de indemnización.

O.G.L., la única mujer encausada, fue condenada a cuatro años de prisión. Llevaba entonces tres años y siete meses entre rejas, así que ya ha salido de la cárcel.