Turnos de 12 horas para los vigilantes privados de seguridad de la prisión

La asociación sin ánimo de lucro Marea Negra, que defiende los intereses del colectivo de la seguridad privada, aseguró ayer que, según fuentes cercanas al personal de vigilantes privados en la cárcel de Huelva, el detonante de los problemas que se han detectado en este colectivo se encuentra en que "se exceden de sus horas, llegando a hacer entre 240 y 260 horas al mes, con servicios de 12 horas diarias, con lo que la conciliación de la vida familiar es imposible, ya que todos son de fuera y no tienen apenas días libres al mes".

La asociación explica en un comunicado que, según esas fuentes, son nueve los trabajadores que desempeñan esos trabajos de seguridad privada en la prisión, ocho de ellos escoltas, y que todos son de otras ciudades. Así, indica que los problemas se producen desde hace año y medio e insiste en que "son hechos concretos y puntuales de esta prisión".

Marea Negra señala que la misma fuente les ha indicado que son numerosos escritos los que se le ha enviado a la empresa encargada del servicio de seguridad privada, sin que haya habido respuesta. En la misma línea, afirma que al ir agravándose la situación -de lo que tiene constancia el director de la prisión-, la empresa toma la decisión de enviar a un profesional de riesgos laborales, que "constata la existencia de estos problemas e indica que son debidos a que no hay una figura que marque las pautas dentro del servicio, al tiempo que aconseja el traslado de las personas que lo habían solicitado". En la misma línea, la asociación precisa que la empresa determinó nombrar a un jefe de equipo, que se incorporó hace cuatro meses, pero que, aún así, "las dificultades y roces no han desaparecido".

Por todo ello, Marea Negra asegura que la empresa "tenía que haber intervenido antes" por los "problemas y rencillas" que existen en este colectivo. La asociación aseguró ayer, en un comunicado, que "si se hubiese nombrado a una persona responsable en su comienzo todo se podría haber evitado, o al menos minimizado". También señaló que los sindicatos del cuerpo de la Guardia Civil "tendrían que haberlo denunciado a la Unidad Central de Seguridad Privada en Madrid".