Unanimidad municipal para poner más vigilancia y control

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Huelva expresaron ayer de forma unánime la necesidad de mejorar y establecer más mecanismos de control para evitar que vuelva a producirse el expolio de yacimientos arqueológicos en Huelva.

El alcalde, Gabriel Cruz, anunció que el Ayuntamiento ha abierto un expediente informativo a Bekinsa, Altamira y Hermanos Téllez, las dos primeras, propietarias de terrenos del yacimiento, y la tercera, la encargada de realizar el movimiento de tierras. El objetivo es "conocer con detalle lo ocurrido y llegar hasta el fondo del asunto" y trtar de impedir que sucesos como éste vuelvan a repetirse, de ahí que se le haya dado traslado a la Fiscalía.

Cruz se mostró "indignado" como representante de la ciudadanía, tras el movimiento de tierras en el yacimiento arqueológico, lo que calificó de "un atentado" realizado, a su juicio, "de manera descarada, desvergonzada, irresponsable e insensible".

Para el regidor es "algo que no se puede repetir", aunque reconoció que "no han podido funcionar" todos los mecanismos públicos o privados para evitarlo.

Preguntado por si se va a impedir futuras construcciones por parte de estas empresas, Cruz precisó que "se permitirá lo que decida la ley" y abogó por "separar el pellizco emocional de entrar en calentura por comportamientos que se alejan de la ley y que son contrarios a la misma".

En cuanto a la vigilancia de la zona, el alcalde señaló que "a todo el mundo le corresponde un poco de vigilancia y sin escurrir el bulto".

El portavoz del PP, Ángel Sánchez, explicó que su grupo ha presentado una moción para que el Ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía para que realice una actividad arqueológica urgente en la zona, especialmente en la parcela no excavada anteriormente que ha sido afectada por el movimiento de tierra; que restaure y restituya, en la medida de lo posible, y que contenga actuaciones de investigación, estudio y protección. El PP solicita también que el Ayuntamiento, de la mano de la Universidad de Huelva, de la comunidad científica y de los profesionales y equipos de investigación debidamente acreditados que ya han estado trabajando y conocen los pormenores del depósito elabore y presente para su concesión un Proyecto General de Investigación, que tenga como objetivos la investigación, el estudio, la conservación, la protección y la puesta en valor de todo el yacimiento. Por su parte, Ciudadanos ha presentado otra en la que solicita que se obligue a los propietarios de parcelas susceptibles de contener restos arqueológicos a vallar y vigilar las mismas para que no se puedan producir nuevos daños. También que el Consistorio inste a la Delegación de Cultura a que desarrolle un plan de estudio arqueológico.

Por su parte, IU llevará al próximo Pleno una moción en la que plantea la creación de una ruta arqueológica y la creación de un grupo municipal para que se lleven a cabo los trabajos de conservación, mantenimiento y control de los yacimientos. El portavoz de IU, Pedro Jiménez, explicó que su grupo estudia la posibilidad de solicitar también la creación de una inspección policial.

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, aseguró que por parte de la Delegación Provincial de Cultura de Huelva "se han llevado a cabo todas las actuaciones necesarias". Según señaló ayer en Moguer, donde inauguró la exposición Zenobia Camprubí, en primera persona, tras recibirse la denuncia se realizó una visita de inspección desde el punto de vista técnico y se pusieron todos los mecanismos en marcha.

"Hemos estado coordinados con el Ayuntamiento y a la par hemos estado actuando en el marco competencial de Cultura. En este sentido, lo que hay que decir es que no solo se han abierto diligencias informativas, sino que se han paralizado cualquier tipo de actuaciones en el lugar. Por tanto, estamos también colaborando desde el punto de vista técnico y estamos realizando un informe pormenorizado con el Seprona", manifestó.

En este sentido, insistió en que tanto la Consejería como la delegación provincial estarán en todo momento en colaboración y cooperación con el Ayuntamiento y con el Seprona, "dándole el informe técnico, bien pormenorizado, que nos han solicitado, según nuestra competencia que se enmarca en la Ley de Patrimonio y en los reglamentos que la desarrollan". De este modo, la Junta actuará "con la ley en la mano y con contundencia".

Respecto a qué quedara del legado perdido, Aguilar apuntó que de cualquier yacimiento y valor patrimonial, cuando se destruye, lo que queda es "la huella de lo estudiado y de lo conocido". No obstante, destacó que la Ley de Patrimonio permite a la Administración actuar.

Por eso, a su juicio, lo que ahora toca es actuar de forma contundente y "preservar, con la paralización de las obras, aquello que queda en esos terrenos que son de carácter privado y que son en los que se ha actuado indebidamente". "Aplicaremos la ley con toda su fortaleza y colaboraremos con el Ayuntamiento y el Ayuntamiento en todo momento en las actuaciones que cada uno lleven a cabo", resumió.